El Senado pone en marcha la maquinaria para sanear el Tribunal Constitucional: relevo de Conde-Pumpido a finales de 2025

La política española no concede respiro ni siquiera en verano.

Cuando muchos ya soñaban con la rutina parlamentaria tras el parón estival, la Mesa del Senado ha sacudido el tablero institucional al iniciar el proceso para sustituir a Cándido Conde-Pumpido y otros tres magistrados del Tribunal Constitucional.

Esta renovación, lejos de ser un mero trámite, abre una ventana de incertidumbre y maniobra política en un órgano que ha sido la piedra angular —o, según algunos, la “clave de bóveda”— de la arquitectura del poder de Pedro Sánchez.

La Cámara Alta debe renovar a los cuatro magistrados que eligió en 2017 y cuyo mandato de nueve años expira a finales de 2025.

Entre ellos, el propio presidente del tribunal, Conde-Pumpido; la izquierdista María Luisa Balaguer; y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.

La salida de estos miembros podría desestabilizar la actual mayoría sanchista (7 frente a 5), recordando a todos que la composición del Constitucional es mucho más que una cuestión técnica: es, en el fondo, un reflejo y un actor más en la batalla política nacional.

En definitiva, el relevo en el Constitucional promete emociones fuertes y, quién sabe, quizá alguna sorpresa digna de manual de ciencia política.

Si algo queda claro es que, en España, hasta los magistrados se despiden con suspense.

La era Pumpido: un magistrado entre el polvo del camino y el poder

Cándido Conde-Pumpido ha sido, desde hace años, mucho más que un mero jurista.

Su figura, siempre polémica, ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un actor clave de la política contemporánea.

Desde que fue nombrado magistrado del Constitucional en marzo de 2017 —a propuesta del Senado y con el aval de socialistas y populares—, y especialmente desde su elección como presidente en enero de 2023, su toga ha estado inevitablemente manchada por el “polvo del camino” de la vida política.

No es un secreto que, tanto con Rodríguez Zapatero (cuando ejerció como fiscal general del Estado entre 2004 y 2011), como con Sánchez, su papel ha sido decisivo a favor del PSOE en momentos de alta tensión institucional.

Ha tapado hasta enormes corrupciones.

Duro, técnicamente solvente y, según detractores y admiradores, tan vanidoso como eficaz, ha sido el sostén de las grandes maniobras del Gobierno socialista, especialmente cuando la aritmética parlamentaria no acompañaba o la sombra de la corrupción amenazaba con enturbiar el relato oficial.

Resulta irónico —o, según se mire, casi poético— que el propio Conde-Pumpido haya sido el encargado de enviar la carta al Senado para activar un proceso que concluirá con su relevo. Anticipándose a los plazos habituales, el magistrado se adelantó este año, consciente de la trascendencia del momento y del riesgo de que los equilibrios internos del Constitucional se vean alterados de manera irreversible.

El proceso de renovación: acuerdos imposibles y relojes en marcha

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la maquinaria política se ha puesto en marcha.

El Senado debe elegir a los nuevos magistrados por una mayoría de tres quintos, lo que obliga a un acuerdo entre PP y PSOE. Un pacto que, en el actual clima de polarización, se antoja tan complicado como necesario. Los parlamentos autonómicos ya preparan sus propuestas de candidatos, pero nadie espera una renovación exprés: la experiencia dicta que las negociaciones serán arduas y, con toda probabilidad, se retrasarán hasta que populares y socialistas encuentren un punto de encuentro que no altere en exceso el statu quo.

En cuanto a la presidencia, la ley establece que el nuevo presidente debe ser elegido entre los cuatro miembros más antiguos del tribunal. Esta fórmula, en apariencia inocua, esconde una lucha de poder soterrada: el sector que logre situar a uno de los suyos en la presidencia podrá marcar la agenda del Constitucional durante los próximos años. No hay que olvidar que la última vez que se renovaron cuatro magistrados, el tribunal pasó de una mayoría conservadora a una progresista, con todas las implicaciones que ello tuvo en la validación de leyes clave impulsadas por el Gobierno.

Un Tribunal Constitucional en el centro de la tormenta

El Constitucional, con sus 12 miembros nombrados por el Rey a propuesta del Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, se renueva por tercios cada tres años. Esta cadencia, pensada para garantizar la estabilidad, ha sido utilizada en los últimos tiempos como un campo de batalla más en la guerra política nacional. No es casualidad que la última reforma de la carrera judicial, aprobada recientemente, haya puesto el acento en la transparencia y la integridad institucional, con la esperanza —quizás ingenua— de blindar al poder judicial frente a las injerencias políticas.

Con la salida de Conde-Pumpido y otros tres magistrados, la composición del tribunal podría volver a cambiar de signo. El equilibrio entre progresistas y conservadores, lejos de ser una cuestión meramente aritmética, determinará el futuro de leyes tan polémicas como la amnistía, la reforma del Código Penal o la protección de derechos fundamentales. Para muchos analistas, el Constitucional ha sido el último dique de contención —o la última tabla de salvación— de un sistema político cada vez más tensionado.

Consecuencias, incógnitas y alguna que otra anécdota

Si algo ha enseñado la historia reciente es que el verdadero poder en España no siempre se juega en el Congreso o en la Moncloa, sino en los despachos del Constitucional. La salida de Conde-Pumpido, cuya toga ha visto más polvo del camino que muchas botas de campaña, marca el fin de una era y el principio de otra, con nuevas caras y, probablemente, nuevas estrategias de poder.

Algunas curiosidades del proceso: la tradición no escrita de que la presidencia y vicepresidencia se repartan entre los bloques mayoritario y minoritario saltó por los aires en la última renovación, cuando ambos cargos recayeron en el sector progresista. Y no deja de ser sintomático que el propio Pumpido, siempre un paso por delante, haya sido quien activara su propio relevo, consciente de que, en política, quien mueve ficha primero suele llevar ventaja.