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Corrupción, enchufes y vacaciones de lujo bajo la lupa judicial

Sánchez, el marido de Begoña, no ha aplicado una sola de las 46 medidas contra la corrupción que prometió

Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil y el Tribunal Supremo han destapado redes que operan mediante sobornos, tráfico de influencias y adjudicaciones fraudulentas que afectan a empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y OPR

Mario Lima 15 Nov 2025 - 09:04 CET
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Miente hasta el médico y es sin duda el presidente de Gobierno más corrupto de nuestra historia reciente, pero ahí lo tienen, sacando pecho, acusando a los demás y meneándose como un quinto mal hecho.

Lo de Pedro Sánchez no tiene un pase.

Cada nuevo amanecer en La Moncloa trae consigo titulares que ponen el foco en la tentacular corrupción del régimen sanchista, los gastos poco claros y los escándalos que salpican al Gobierno Sánchez, apodado en los círculos del poder como “el presidente de los eslóganes”.

El líder del Ejecutivo, casado con la catedrática fake Begoña Gómez y hermano del músico Azagra, hizo la promesa de implementar hasta 46 medidas contra la corrupción tras una serie de escándalos que han sacudido a su partido y su círculo más próximo.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna se ha concretado.

El plan, que se ha presentado en múltiples ocasiones como el más ambicioso de los últimos tiempos, realmente incluye quince medidas —y no cuarenta y seis—, y hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna de forma efectiva en la administración central.

Las promesas de establecer una Agencia Independiente de Integridad Pública, reforzar la transparencia y endurecer las sanciones a los corruptos han resultado ser, por ahora, meras ilusiones.

Si el papel pudiera hablar, España ya sería un referente europeo en integridad pública.

La tentacular corrupción del PSOE y el mapa de las mordidas

Mientras Sánchez evita rendir cuentas, los hilos de la corrupción se extienden hacia figuras prominentes dentro del PSOE.

Casos como el de Koldo, el escándalo relacionado con las mascarillas y una trama de comisiones ilegales involucran a exministros, asesores e incluso familiares del presidente.

La UCO está investigando a Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso por supuestas mordidas relacionadas con la reforma del Puente del Centenario en Sevilla; grabaciones revelan cómo se gestionaban comisiones a través de adjudicaciones públicas.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil y el Tribunal Supremo han destapado redes que operan mediante sobornos, tráfico de influencias y adjudicaciones fraudulentas que afectan a empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y OPR.

Según los informes, los pagos se realizaban mediante sociedades pantalla y se repartían en efectivo, además de implicar lujosos apartamentos y favores personales.

Las putas, las sobrinas y los enchufados: el lado más sórdido de la trama

No todo es cuestión de dinero. El escándalo conocido como trama Mediador, popularmente llamado caso “Tito Berni”, ha puesto en evidencia fiestas con prostitución y drogas organizadas por miembros del PSOE a cambio de favores políticos.

El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo lideraba una red que cobraba sobornos a empresarios ofreciendo influencias sobre contratos públicos.

La prensa ha recogido testimonios sobre enchufes familiares e inserciones laborales a dedo para allegados cercanos, incluyendo sobrinas y hermanos de altos cargos socialistas.

El nepotismo también toca a la puerta familiar de Sánchez: su esposa Begoña Gómez aparece mencionada en varios casos relacionados con tráfico de influencias en contratos públicos, mientras que su hermano David Sánchez enfrenta un juicio por haber conseguido un puesto público en la Diputación de Badajoz presuntamente creado para él.

Vacaciones de lujo y gastos ocultos: Sánchez ante la Justicia

Los dos últimos años bajo gobierno socialista han estado marcados por una notable falta de transparencia en cuanto al uso de fondos públicos.

Pedro Sánchez ha mantenido bajo secreto sus gastos correspondientes a 88 días de vacaciones disfrutadas en palacios y mansiones estatales, ignorando así la ley que le obliga a informar sobre estos asuntos.

Dos años después del requerimiento legal para hacer públicos esos gastos, aún no lo ha hecho; ahora debe comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por desacato.

La denuncia sostiene que el presidente ha incumplido repetidamente su deber informativo sobre los costes relacionados con sus estancias en residencias oficiales y el uso personal que hace de recursos públicos.

Mientras tanto, la Justicia demanda explicaciones mientras el Gobierno opta por un silencio ensordecedor; un pulso que podría llevar a Sánchez a declarar ante los jueces por ocultación.

El plan anticorrupción: promesas en el aire y realidad paralizada

El plan anticorrupción anunciado por Sánchez incluye quince medidas distribuidas en cinco ejes fundamentales.

Entre sus propuestas se encuentran el uso de inteligencia artificial para prevenir fraudes, listas negras para empresas corruptoras y controles patrimoniales aleatorios para altos cargos. La creación de una Agencia Independiente para la Integridad Pública junto con un endurecimiento penal para delitos administrativos fueron presentados con gran pompa ante el Congreso; sin embargo, hasta ahora ninguna iniciativa ha visto luz.

Los prometidos controles sobre financiación política, transparencia en contrataciones públicas y protección para denunciantes son solo palabras vacías contenidas en comunicados oficiales.

Las auditorías previstas, pactos por la integridad e incremento sancionador siguen sin materializarse dentro del ámbito administrativo central; todo esto mientras el PSOE continúa envuelto en investigaciones judiciales que llevan a dimisiones forzadas.

Comisiones, mordidas y los secretos del Puente del Centenario

La reforma del Puente del Centenario en Sevilla se ha convertido recientemente en un nuevo epicentro del escándalo corrupto. La UCO apunta directamente hacia Santos Cerdán junto con su socio por estar involucrados en cobros irregulares canalizados mediante empresas pantalla.

Las grabaciones incautadas revelan cómo se negociaban adjudicaciones con pagos que superan incluso los 600.000 euros en algunos casos.

La red tejida entre favores y mordidas alcanza a exministros, asesores y empresarios; además, esta trama parece extenderse hacia otras localidades como Murcia o Logroño. Este caso amenaza con llegar hasta el Tribunal Supremo poniendo así seriamente en jaque tanto la credibilidad del Gobierno como la gobernabilidad nacional.

Curiosidades, datos y extravagancias del caso

El desenlace final promete ser tan intrigante como cualquier serie televisiva; entre corrupción desmedida, lujo ostentoso, nepotismo evidente… siempre queda esa eterna promesa —una vez más— sobre acabar definitivamente con quienes se aprovechan indebidamente.

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