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El PSOE se confirma como el partido más putero y corrupto de Occidente y su amo, el cadavérico Pedro Sánchez, como el presidente de Gobierno más amoral que ha tenido España.
El 2025 ha concluido dejando un rastro de podredumbre política en el seno del PSOE que será difícil de borrar en los próximos años.
El marido de Begoña arranca 2026 con una cifra que refleja con claridad el estado de las cosas: ochenta cargos del partido, familiares directos y personas de confianza investigados, imputados o condenados por distintos delitos relacionados con la corrupción.
No se trata de incidentes aislados ni de la típica corrupción menor que suele anidarse en cualquier administración pública.
Estos escándalos tocan el núcleo mismo del poder socialista, desde la Moncloa hasta las comunidades autónomas, abarcando empresas públicas clave y organismos de gran relevancia nacional.
La magnitud de lo sucedido va más allá de lo que se podría considerar un mal año político.
Las investigaciones policiales, judiciales y periodísticas han revelado un entramado complejo de presuntas irregularidades que incluyen pagos en efectivo en sobres, financiación ilegal del partido, sobornos a cambio de contratos públicos, enchufes sistemáticos en empresas estatales y hasta chivatazos entre rivales internos.
Todo esto se encuentra incrustado dentro de la formación que sostiene al Gobierno nacional. Los investigados enfrentan acusaciones graves como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y cohecho; algunos incluso por organización criminal.
De Begoña Gómez a la trama de Ábalos: un catálogo de escándalos sin fin
El caso Begoña Gómez marcó el inicio de una serie incesante de revelaciones a lo largo del año. La esposa del presidente, junto a su asistente en La Moncloa y otros colaboradores cercanos, está siendo investigada por supuestas irregularidades relacionadas con la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero si este caso afectaba al círculo más íntimo presidencial, la trama que involucra a José Luis Ábalos y Koldo García ha resultado ser mucho más amplia y profunda.
Ábalos, ex ministro de Transportes, junto a su colaborador Koldo García han sido objeto de investigación por presuntos cobros indebidos a cambio de contratos públicos. Los pagos se habrían realizado a través de empresas pantalla y movimientos en efectivo que sugieren la existencia de una caja B en Ferraz.
La pesquisa ha alcanzado a numerosos altos funcionarios del ámbito público, desde directivos de Adif hasta responsables en Puertos del Estado, pasando por ex ministros como Raquel Sánchez, actual presidenta de Paradores de Turismo, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, estuvo 142 días en prisión preventiva entre junio y noviembre de 2025 acusado por su participación en esta red corrupta.
El círculo familiar bajo sospecha
Lo verdaderamente inquietante para Sánchez es que la corrupción ha tocado también a su entorno más cercano.
Su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, ex jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación Provincial de Badajoz, tiene prevista una vista judicial para el próximo 28 de mayo junto a otros diez encausados por delitos relacionados con malversación. Aunque el presidente ha intentado distanciarse públicamente estos casos familiares, es evidente que las investigaciones afectan directamente a su núcleo familiar, complicando así su situación política y moral.
Por si fuera poco, recientes indagaciones sugieren que la ex ministra de Defensa, Margarita Robles, conocida como Leire entre sus allegados, estaría siendo investigada por actuar en nombre del PSOE para perjudicar desde las sombras sociales a altos funcionarios del Estado. Entre ellos se encuentran fiscales anticorrupción y jueces encargados del caso. Estas acusaciones sobre represalias contra investigadores implican una dimensión aún más grave a los escándalos: la posible obstrucción a la justicia.
La corrupción moral: la más erosionante para la institución
Más allá del mal uso convencional como malversación o tráfico influencias existe lo que algunos analistas políticos denominan corrupción moral, posiblemente la más dañina para el PSOE ya que se basa en la simulación y la hipocresía. Esta corrupción moral tiene raíces profundas durante el mandato Sánchez. El presidente no había finalizado su tesis doctoral cuando llegó al poder; un hecho conocido desde el inicio mismo su gobierno.
A pesar ello no dimitió. Mintió ante el tribunal correspondiente mientras continuaba ejerciendo su cargo. Este patrón donde los hechos ceden ante conveniencias políticas ha marcado toda su trayectoria gubernamental.
La mentira sistemática acerca los escándalos que rodean al Gobierno es otra manifestación clara esta corrupción moral. Cuando Sánchez presentó su balance anual para 2025 mediante un vídeo promocional no hizo mención alguna sobre las detenciones recientes sus dos ex secretarios organizativos implicados directamente en estas tramas corruptas: Ábalos y Cerdán. Tampoco mencionó los ochenta cargos bajo investigación relacionados con su administración. En lugar eso presumió sobre logros gubernamentales ignorando deliberadamente el hedor putrefacto que invade toda estructura socialista.
El horizonte electoral: ¿adelanto en primavera de 2026?
En medio este panorama crítico institucional surge una pregunta clave: ¿conseguirá Sánchez completar legislatura hasta 2027 o se anticiparán elecciones generales para 2026? Emiliano García-Page, presidente Castilla-La Mancha ha pronosticado públicamente que las próximas elecciones generales tendrán lugar durante 2026; esto significaría que Sánchez no cumpliría con sus promesas sobre agotar legislatura como había repetido anteriormente. Page responsabiliza dirección nacional PSOE ante malos resultados electorales obtenidos ayuntamientos comunidades autónomas; advirtiendo así «el PSOE se hundió ayuntamientos comunidades autónomas debido política nacional».
La ruptura con Junts per Catalunya añade una presión extra sobre el Gobierno. Los independentistas catalanes han amenazado con no aprobar Presupuestos Generales ni ninguna otra ley dentro Congreso lo cual paralizaría actividad legislativa. Si Sánchez no consigue sacar adelante sus cuentas públicas convocar elecciones anticipadas sería casi inevitable. Algunos barones del PP son conscientes esta posibilidad ya estudian adelantar propias elecciones autonómicas coincidiendo así unas hipotéticas generales anticipadas.
Las elecciones autonómicas ya convocadas o previstas para 2026 —Aragón el 8 de febrero, Castilla y León el 15 de marzo y Andalucía en junio— podrían actuar como preludio de unos comicios generales que redefinirían el mapa político español.
Emiliano García-Page ha insistido en que las generales deberían celebrarse antes que las municipales y autonómicas de 2027, para evitar repetir el «desastre» de 2023, cuando Pedro Sánchez «mandó a la infantería de alcaldes y presidentes autonómicos al frente de batalla, esperando los resultados».
La financiación autonómica como detonante
Otro elemento que complica la estabilidad del Gobierno es la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
García-Page lamenta que se aborde con «once años de retraso» y por «exigencias independentistas».
El presidente castellanomanchego advierte que «a poco que se intente establecer un privilegio, habrá oposición frontal» y cuestiona la promesa de que «todo el mundo saldrá ganando», calificándola de «faltar a la verdad».
Si el documento base de la negociación resulta ser el pactado con ERC, sentencia que «no solo no prosperará, sino que tampoco contará con el apoyo de muchas personas dentro del PSOE».
El impacto de la corrupción en las encuestas
A pesar de la gravedad de los escándalos —con la prisión de figuras como Ábalos y Koldo García—, el barómetro del CIS de diciembre de 2025 otorgaba al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP. Este dato sorprendió a muchos analistas, pero la resistencia electoral socialista podría ser engañosa. Lo relevante es la tendencia: la acumulación de escándalos, juicios y revelaciones continuará erosionando la posición del Gobierno a lo largo de 2026.
Un año de juicios mediáticos
2026 será un año marcado por procesos judiciales de alto perfil.
El juicio por el caso del hermano de Sánchez, David Sánchez, está señalado entre finales de mayo y principios de junio. A ello se sumarán decenas de otros procedimientos que mantendrán los escándalos en los titulares. El caso Koldo, relacionado con adjudicaciones irregulares de mascarillas y contratos públicos, salpica a exministros y ministros como Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres. Las investigaciones revelan pagos en metálico a dirigentes socialistas y posibles implicaciones en datos sensibles.
Una auditoría externa sobre pagos al PSOE descartó financiación irregular del partido, aunque cuestionó gastos reembolsados a Ábalos y su equipo, manteniendo viva la sospecha de irregularidades.
Con este telón de fondo, como expresó García-Page, la política española estará «encapotada»: pleito tras pleito e informe tras informe generarán incertidumbre sobre el futuro del Gobierno.
La gran interrogante es si Sánchez logrará sobrevivir políticamente a este tsunami de escándalos, o si la presión de Junts, la inestabilidad presupuestaria y la acumulación de juicios forzarán un adelanto electoral en primavera. Lo cierto es que el PSOE entra en 2026 cargando una herencia tóxica de decenas de investigados, cuya sombra marcará cada paso del Ejecutivo hasta el retorno a las urnas.
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