La trampa electoral del trilero Sánchez: papeles en cinco meses para medio millón los inmigrantes ilegales

Un trilero.

Que se pasa la Constitución por la entrepierna y se apresta a robar las próximas elecciones.

Pedro Sánchez ha decidido sacar un as de la manga en medio de la tormenta política: un real decreto que permitirá la regularización de cientos de miles de inmigrantes irregulares, fruto de un pacto con Podemos para agradar a sus socios de izquierda.

La iniciativa, que se ratificará este martes 27 de enero de 2026 en el Consejo de Ministros, promete otorgar papeles en cinco meses a aquellos que logren demostrar haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, con una estancia mínima durante ese período.

El momento no es casual.

Justo cuando Funcas ha revelado cifras alarmantes sobre el aumento de la irregularidad –de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025, lo que representa un incremento del 685%–, Irene Montero, eurodiputada por Podemos, presenta este acuerdo como una victoria contra el «racismo».

El Gobierno del marido de Begoña lo presenta como respuesta a una iniciativa legislativa popular respaldada por 700.000 firmas, que fue aprobada por el Congreso con mayoría absoluta (solo VOX se opuso).

Sin embargo, la jugada maestra está en el real decreto: evita la tramitación parlamentaria, que se encuentra estancada, y esquiva avales claros.

El pacto que une piezas sueltas

Sánchez busca votos. Tras alcanzar acuerdos con ERC sobre financiación y con el PNV respecto a transferencias, ahora le toca negociar con Podemos. Sin poder recuperar a Junts, el Gobierno intenta asegurar estabilidad en cuestiones clave, como la cesión de competencias migratorias a Cataluña, una exigencia insistente de la Generalitat. Esta regularización ofrece un permiso provisional renovable por un año, derecho a trabajar y acceso inmediato a sanidad y Seguridad Social. Además, suspende expulsiones y retornos.

Según las estimaciones de Funcas, alrededor del 60% de los irregulares –que se traducen en unos 500.000 a 600.000– cumplen con los requisitos establecidos: colombianos (290.000), peruanos (110.000), hondureños (90.000), siendo mayoritariamente americanos (90,4%).

Podemos habla abiertamente de «medio millón»; mientras tanto, el Gobierno afirma que busca reducir la «población sumergida» y combatir la explotación laboral, citando el éxito de la amnistía del 2005 (580.000 personas regularizadas y un PIB al alza).

Sin embargo, hay algo más detrás. El proceso culmina el 30 de junio, con un portal online habilitado y 400 trabajadores adicionales para prevenir colapsos en oficinas ya saturadas. Los críticos advierten sobre un posible efecto llamada: Feijóo y Abascal lo califican como una «lluvia de votos» para el PSOE, en un país donde los irregulares aumentan en 127.000 cada año desde 2022.

Reacciones y el tablero político

La oposición no tarda en reaccionar. El PP se muestra incómodo ante un asunto donde VOX tiene más dominio; mientras tanto, el Gobierno introduce la inmigración en su agenda política, eclipsando otras crisis como la tragedia ocurrida en Adamuz, los problemas que enfrenta Óscar Puente con las carreteras o el caos ferroviario. La derecha acusa al Ejecutivo de llevar a cabo una «trampa electoral»: los beneficiarios agradecidos seguramente votarán por la izquierda, mientras Sánchez legisla sin pasar por el Congreso gracias a estos pactos.

Las organizaciones sociales celebran esta medida: «Papeles son derechos», sostiene Montero. Sin embargo, Funcas alerta: incluso si se alcanzan las 900.000 regularizaciones previstas para 2025-2027 mediante un arraigo flexibilizado (mayo 2025), la irregularidad podría estabilizarse sin disminuir realmente. Los flujos elevados generan picos; falta planificación migratoria adecuada.

Para acreditar su estancia, solo necesitarán documentos como empadronamientos, citas médicas o contratos de alquiler; sin antecedentes «relevantes». Sencillo, ¿verdad? Como un trilero hábil cambiando bolas bajo un vaso: ayer eran irregulares y mañana serán votantes agradecidos.

Un dato curioso: el 91% de los irregulares son no comunitarios; entre ellos destacan los colombianos con 290.000 casos. En 2005, una regularización similar impulsó el empleo formal. Ahora mismo, las oficinas dedicadas a inmigración ya están colapsadas. ¿Llegarán realmente esos papeles en cinco meses o será otra vuelta más dentro del embudo burocrático?

Finalmente, Funcas estima que si no hay cambios significativos surgirán unos 90.000 nuevos irregulares al año. Resulta interesante señalar que la reforma del arraigo prevista para 2025 ya apuntaba a estabilizar esta situación; sin embargo, este decreto acelera todo el proceso. ¿Es esto una solución definitiva o solo un parche preelectoral? Solo el tiempo y las urnas podrán responder.