Sánchez y el robo electoral: la regularización masiva de inmigrantes es un masivo pucherazo

Se apresta el marido de Begoña a robar las elecciones.

Veremos si puede, pero está ya en la tarea.

El Consejo de Ministros ha aprobado un proceso extraordinario de regularización que podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 inmigrantes en situación irregular, según estimaciones tanto oficiales como de analistas independientes.

Esta iniciativa, acordada con Podemos y respaldada por una propuesta legislativa popular que reunió más de 700.000 firmas, permitirá a quienes demuestren cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 obtener un permiso de residencia y trabajo por un año. Las solicitudes comenzarán en abril y se espera que se resuelvan en un plazo de tres meses, sin necesidad de contar con un contrato laboral ni demostrar arraigo previo, solo se exigirá la ausencia de antecedentes penales.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha arremetido contra el Ejecutivo, acusándolo de manipular el censo electoral a través de una estrategia encubierta.

La oposición vincula esta regularización con la Ley de Nietos, surgida a raíz de la Ley de Memoria Democrática, que ya ha recibido hasta 2,4 millones de solicitudes para nacionalidad por parte de descendientes de emigrantes y exiliados españoles. Feijóo advierte sobre un posible aumento en el número de votantes que podría alcanzar hasta 3 millones, muchos provenientes de países iberoamericanos que tendrían la posibilidad de nacionalizarse en dos años y participar en las elecciones generales y autonómicas.

Requisitos laxos y críticas por delitos

Los requisitos para acogerse a esta regularización son bastante accesibles: basta con demostrar permanencia mediante empadronamientos, billetes o remesas, además de no representar una amenaza al orden público. Desde el Gobierno destacan que se incluyen también a los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean anteriores a finales del año 2025, e incluso se permite la reagrupación familiar, lo que amplía significativamente el alcance del decreto. Sin embargo, la oposición señala lagunas: inmigrantes con delitos menores podrían acceder a la regularización si actuaron bajo «estado de necesidad», según ciertas interpretaciones del real decreto.

El PP y Vox han calificado este movimiento como un «pucherazo» electoral. Feijóo ha solicitado un debate en el Congreso y critica que Sánchez esté ignorando pactos europeos establecidos en 2008 y 2024, los cuales abogan por regularizaciones selectivas y coordinadas.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá al afirmar que el Gobierno busca crear una base sólida de votantes leales a medio plazo; ya que los regularizados podrán optar a la nacionalidad en dos años si son latinoamericanos –el 91% de los irregulares provienen principalmente de Colombia (290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000)–.

Para ilustrar el impacto demográfico, aquí están los plazos clave para votar tras la regularización:

Antecedentes y consecuencias en debate

No es la primera vez que se lleva a cabo una medida similar: en 2006, José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a 700.000 personas bajo requisitos más estrictos, como contar con un contrato laboral. En esta ocasión, el Gobierno de Sánchez opta por un real decreto para acelerar el proceso, evitando así el paso por el Parlamento donde Vox fue el único partido en votar en contra (310 a favor y 33 en contra). La ministra Elma Saiz justifica esta decisión argumentando que responde a una «realidad social» y busca frenar el «efecto llamada» mediante controles fronterizos.

Las repercusiones políticas se perciben rápidamente. El PP planea presentar recursos ante el Supremo por considerar que se trata de un abuso del decreto ley, mientras Bruselas observa con preocupación esta unilateralidad española. En términos sociales, se anticipa cierto alivio en sectores como la agricultura y los cuidados; sin embargo, también podrían surgir tensiones debido al colapso en los servicios públicos. Feijóo añade que la inmigración irregular ha crecido un alarmante 685% bajo la gestión Sánchez, tildándolo como irresponsable.

Por su parte, Sánchez defiende su postura asegurando derechos e integración laboral inmediata para los beneficiarios del decreto. No obstante, el momento elegido –tras acuerdos con Podemos e Irene Montero– despierta sospechas sobre posibles cálculos electorales previos a las municipales previstas para 2027 donde ciudadanos extranjeros procedentes de países con acuerdos recíprocos ya pueden votar.

Un dato curioso: la Ley de Nietos ya ha otorgado nacionalidad a 490.000 personas; sin embargo, hay alrededor de 1,3 millones esperando debido a cuestiones burocráticas. Funcas eleva las estimaciones sobre irregulares hasta los 840.000, superando así las previsiones oficiales. Y se espera que en 2026 sea el Supremo quien tenga la última palabra sobre si este «decretazo» es legal o representa un golpe al equilibrio institucional.