El socialista Sánchez regularizará a los delincuentes extranjeros que aleguen delinquir ‘por necesidad’

El Gobierno abre la puerta a la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares, una iniciativa que ha generado un aluvión de críticas en España.

Anunciada como un proceso extraordinario, permitirá que personas en situación irregular presenten sus solicitudes entre abril y el 30 de junio o más polémico: se instruirá a los inmigrantes para cancelar sus antecedentes penales alegando que delinquieron ‘por necesidad’, lo que opositores consideran un salvoconducto para criminales.

Esta medida, aprobada mediante real decreto en enero de 2026, contrasta con la tendencia de endurecimiento en Europa. Mientras Italia, bajo el mando de Giorgia Meloni, restringe las entradas y externaliza la gestión migratoria, o Francia intensifica las expulsiones de delincuentes, Sánchez opta por un enfoque hacia la integración masiva.

Tanto el PP como VOX la califican de ‘pantalla de humo electoralista’, impulsada sin pasar por el Parlamento con miras a captar votos en futuros comicios. El permiso concedido tendrá una duración de cinco años, abarcará a los hijos menores de los solicitantes y permitirá trabajar desde el primer día con solo la admisión a trámite.

El plazo máximo para resolver las solicitudes será de tres meses.

Imaginemos la situación: un ladrón argumenta que robó porque no tenía qué comer.

¿Regularización instantánea?

Desde el Gobierno justifican esta decisión como respuesta a la necesidad de contar con 2,4 millones de trabajadores en la próxima década, según datos del Banco de España y del Consejo Económico y Social, para sostener pensiones y dinamizar la economía. Sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados se beneficiarían con más mano de obra.

Sin embargo, críticos advierten sobre los peligros: entre los beneficiarios podrían encontrarse individuos indeseables que no se integran, dependen de ayudas y votan a la izquierda, según analistas.

Detalles del proceso y sus impactos

El procedimiento es rápido, casi exprés:

• Solicitudes: Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio.
• Beneficiarios: Inmigrantes irregulares con arraigo (laboral, social o familiar), estimándose más de medio millón.
• Familia: Regularización simultánea para hijos menores en España.
• Trabajo: Derecho inmediato al empleo con solo presentar la solicitud.
• Antecedentes: Instrucciones para su cancelación invocando necesidad, suspendiendo las expulsiones.

Esta flexibilidad choca con las políticas europeas. En Portugal, se cerró su regularización pandémica en 2024 y se limitó la reagrupación familiar. Tanto Alemania como Austria priorizan las deportaciones sin recurrir a amnistías masivas. En contraste, Hungría, modelo ultraderechista, registra escasos asilos. En España, ciudades con altos índices de delincuencia temen un aumento inmediato: delincuentes regularizados podrían sumarse a guetos donde imponen su propia ley.

Efecto llamada y críticas políticas

Los opositores advierten sobre un posible efecto llamada brutal para mafias. ¿Por qué no venir ilegalmente si delinquir ‘por necesidad’ te otorga papeles, trabajo y cinco años de estancia? Estudios indican que una inmigración descontrolada incrementa la segregación y criminalidad, especialmente proveniente de ciertos orígenes magrebíes. El denominado Gobierno socialcomunista ignora pautas necesarias para una correcta integración y control posterior a la regularización.

No obstante, hay matices importantes. La inmigración hispanoamericana ha enriquecido históricamente a España. Sin embargo, sin filtros claros, lo que algunos llaman sanchismo –marcado por escándalos– parece estar más enfocado en sumar votos que en fomentar una convivencia real. Comparado con regularizaciones previas (de los años 80 y 2000), esta es sin duda la más ambiciosa, pero carece del consenso necesario.