El olivar andaluz está gravemente amenazado por la instalación forzosa de placas solares

250.000 familias de más de 300 municipios andaluces viven directamente del olivar gracias a los 91.300 empleos directos y 20 millones de peonadas que genera. La instalación de paneles solares en los terrenos de cultivo del olivar amenaza toda esta riqueza.

El olivar es el 35% del empleo agrario andaluz al tener más de 1,6 millones de hectáreas de cultivo. Esta extensión supone el 62% de la superficie nacional dedicada al olivo. Las provincias andaluzas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada agrupan más del 90% de la producción de aceite de la región.

Con semejante importancia del olivar, no es de extrañar que esta parte de España es la que haga líder mundial a nuestro país en la producción del oro amarillo. De los 1,4 millones de toneladas de aceite de oliva españolas, Andalucía concentra aproximadamente el 80% con 1 millón de toneladas.

Toda esta producción de aceituna es procesada en 853 almazaras de extracción de aceite de oliva virgen. Junto a ellas, otras 214 plantas se dedican al procesado y aderezo de la aceituna de mesa. Y aún quedan los centros de envasado que suponen más de 800 plantas. Todo este tejido industrial genera nada menos que 40.000 puestos de trabajo.

En la campiña jienense, donde los olivos centenarios dibujan un paisaje singular, se desata un conflicto intenso. Empresas como Greenalia están impulsando la creación de nueve parques solares en Lopera, Arjona y Marmolejo, dispuestas a arrancar hasta 36.000 árboles para abrir paso a las placas solares. Los agricultores, con lágrimas en los ojos, asisten impotentes a cómo sus fincas familiares, que han sido el motor del empleo rural, se transforman por la fuerza en grandes instalaciones renovables.

La Junta de Andalucía, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, ha dado luz verde a estos proyectos al dividirlos en fracciones menores a 50 MW y haber declarado los terrenos de «utilidad pública», lo que permite a las empresas solicitar su expropiación en caso de que los agricultores no acepten firmar arrendamientos de 30 años para hacer la instalación y a costa de arrancar sus olivos centenarios. Por ello, plataformas como SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas están al frente de la resistencia: han recolectado más de 56.000 firmas que han sido presentadas en el Parlamento andaluz y una macrocausa judicial está investigando el posible fraude. Por su parte, Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha recibido un burofax intimidatorio por parte de la empresa instaladora de estos paneles, Greenalia, que le exige cesar sus críticas públicas bajo amenaza judicial. Ella ha respondido con otro documento, defendiendo su derecho a protestar.

Pérdidas económicas por la instalación de los paneles

Sólo en Lopera, arrancar 50 hectáreas de olivo para instalar paneles solares provocará una destrucción de actividad económica devastadora según la Asociación Campiña Norte:

• 2 millones de kilos de aceituna perdidos por valor de 2,2 millones de euros.
• Casi 1 millón de euros perdidos en jornales.

Pero si esto no es poco, existen 4 proyectos fotovoltaicos que afectan además de a Lopera, a los municipios de Marmolejo y Arjona, que supondría arrancar nada menos que 426 hectáreas de olivo y destruir no menos de 42.600 olivos. De llevarse a cabo, habría unas pérdidas totales para estos tres municipios de más de 3.3 millones de euros en concepto de 4.380 jornales que no se trabajan y producción aceituna que dejará de obtenerse.

Los paneles solares dejan estéril el terreno donde se colocan

Está demostrado que la instalación de paneles solares deja estériles los terrenos para futuros usos agrícolas por múltiples causas:

1. Degradación y compactación del suelo: Durante la construcción, el tránsito de camiones y excavadoras compacta la tierra, eliminando los poros donde circula el aire y el agua, lo que mata la microbiota (organismos vivos) del suelo. Además, se provoca una pérdida de escorrentía. Instalar estructuras fijas provoca que el agua de lluvia no se absorba de manera uniforme, provocando regueros que erosionan el terreno y arrastran la capa fértil.
2. Uso de herbicidas y contaminación química: para evitar que las malas hierbas crezcan y den sombra a los paneles, muchas empresas recurren a herbicidas químicos de forma recurrente. Esto contamina el suelo y puede filtrarse a los acuíferos. Además, el lavado de los espejos suele requerir agua con detergentes o aditivos químicos que acaban depositándose directamente en la tierra.
3. Alteración del microclima y generación de efecto «isla de calor»: Los paneles absorben la radiación solar y cambian la temperatura del suelo debajo de ellos. Esto altera los ciclos de evaporación y puede desertificar el terreno a largo plazo, haciendo que sea muy difícil volver a cultivar en él si se retira la planta solar.
4. Residuos de metales pesados: aunque los paneles estén sellados, con el paso de los años 25 o 30 años de vida útil, las roturas o el deterioro por granizo liberan cadmio, plomo o silicio que son tóxicos para la tierra.
5. Impacto en la biodiversidad: los paneles solares provocan también la fragmentación del hábitat por el vallado perimetral que impide el paso de la fauna local, rompiendo corredores biológicos. Además, su colocación en grandes extensiones de terreno hace que las aves o los insectos los confundan con masas de agua, lo que altera su comportamiento y acaba con cientos de ejemplares.

La pelea para salvar los olivos

Con todos estos problemas medioambientales y este modus operandi casi mafioso para robarles a los olivareros sus tierras e instalar los paneles, la tensión sigue aumentando. El juzgado de Andújar está investigando delitos relacionados con daños ambientales y prevaricación contra delegaciones de la Junta y promotoras involucradas. Si esta macrocausa avanza con éxito, podría poner freno no solo a lo que ocurre en Jaén sino también a decenas de proyectos similares en Andalucía, donde el 69,6% de las instalaciones fotovoltaicas ocupan suelos fértiles clasificados como S1 y S2. La renta solar resulta tentadora –hasta 3.800 euros por hectárea– pero surge una pregunta: ¿a costa del legado olivarero?

Organizaciones de defensa del patrimonio agrario como SOS Rural aboga por una moratoria sobre expropiaciones y una ley que proteja los suelos productivos; proponen además el uso del agrofotovoltaico –paneles instalados sobre cultivos– como una alternativa sensata.

Sólo la provincia de Jaén produce nada menos que el 20% del aceite mundial; sin embargo, sus olivos requieren siglos para alcanzar su madurez. Cada centímetro cúbico del suelo fértil necesita entre 100 y 1.000 años para formarse adecuadamente. Destrozar el suelo conformado durante siglos para albergar una infraestructura que sólo dura 30 años y que no genera el mismo empleo que ha destruido no parece una opción muy sensata.