Ceuta: La mayoría no son MENAS, son chavales que tienen familias que quieren recuperarlos y a los que no sueltan Sánchez y las ONG

Importante subrayar que Rabat exige ahora el retorno inmediato de todos los menores marroquíes en España, pese a su histórica negativa a colaborar en el caso de los más de 4.000 que ya están en nuestro país.

Ceuta se ha convertido nuevamente en el reflejo complicado de la política migratoria en España.

La presión sobre los centros, las tensiones con Marruecos y la cuestión de qué hacer con unos menores que, en su mayoría, tienen familia, confrontan la realidad.

En El Mundo se ha resaltado esta idea en las últimas horas: no todos esos chicos caben dentro del término MENAs, ya que muchos poseen padres, madres o familiares que desean recuperarlos.

Esta distinción no es trivial, ya que tiene implicaciones tanto semánticas como jurídicas. De acuerdo con la información disponible recientemente, el Gobierno está moviendo piezas en cuanto a la reagrupación familiar, el traslado a otras comunidades y la tutela provisional en la ciudad autónoma. Mientras tanto, Marruecos continúa insistiendo en la repatriación de estos menores a través de vías jurídicas y políticas. El desafío es claro: la buena voluntad no basta para resolver un laberinto administrativo que deja a niños durmiendo en la calle, recursos saturados y un debate público que frecuentemente confunde la protección con meros eslóganes.

Qué está ocurriendo realmente en Ceuta

La imagen de Ceuta, una semana después de la entrada masiva, muestra a una administración luchando por controlar una situación que parece desbordarla. RTVE estima en 862 los menores atendidos en la ciudad, pero otros cálculos elevan este número por encima del millar. El Gobierno central, por su parte, ya habla de más de 1.300 menores registrados. Estas diferencias en las cifras no son irrelevantes: evidencian la dificultad para identificar a los menores que se mueven, ocultan o son acogidos temporalmente por conocidos.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha defendido que la opción prioritaria debe ser la reagrupación familiar, siempre y cuando se logre localizar a los familiares y se garantice que el regreso responde al interés superior del menor. A su vez, la ley permite la tutela por parte de las comunidades autónomas y el traslado a otras regiones cuando Ceuta ya no pueda acoger más, algo que se ha planteado como obligatorio en la práctica. Esta discusión no es teórica: Ceuta tiene una capacidad habitual de 27 plazas para menores, y la propia ciudad ha admitido una saturación extrema.

El debate político: protección, fronteras y propaganda

A este punto es donde la política muestra su cara más teatral, con una coordinación que a veces parece improvisada por un grupo de urgencia. El Gobierno ha destinado 25 millones de euros para atender a los menores en Ceuta, mientras que la oposición critica si los acuerdos alcanzados con Marruecos se están implementando con la firmeza necesaria, y si la situación actual no es más que un intento de improvisar continuadamente. En medio de todo esto, algunas organizaciones humanitarias han solicitado atención urgente, protección especial para niñas y adolescentes, y respuestas coordinadas que prevengan un mayor deterioro.

El término MENA ha terminado siendo un cajón de sastre político. Este simplifica un fenómeno complejo, pero no aclara si el menor tiene familia, si desea regresar, si su contexto es seguro o si realmente necesita tutela temporal en España. Así, el giro que sugieren varios reportes recientes —enfocar la atención en la reunificación familiar cuando sea posible— se percibe menos como un cambio ideológico y más como el reconocimiento de una realidad tardía: no todos los casos son iguales y tratarlos como tales solo genera una gestión deficiente.

Marruecos, el retorno y la letra pequeña

Marruecos ha dejado claro su deseo de recuperar a sus menores, y lo piensa hacer mediante vías legales y políticas. Sin embargo, no ha aclarado cómo contempla superar los obstáculos legales que impiden las repatriaciones automáticas. Este aspecto es fundamental, ya que el retorno no depende solo de la buena voluntad diplomática: requiere una evaluación individual, escuchar al menor, verificar el entorno familiar y asegurar que el regreso sea seguro y beneficioso. En otras palabras, no basta con un encuentro bilateral y un titular optimista.

La presión sobre Ceuta también ha reavivado el debate sobre la efectividad real de los acuerdos migratorios y el papel del Estado cuando la frontera se transforma en una trampa para todos. Hay menores cuyo retorno parece factible si sus familias se presentan y las condiciones son adecuadas; otros, en cambio, necesitan protección aquí porque no hay mejores alternativas disponibles. En este contexto, la administración avanza a través de un cúmulo de expedientes, informes y llamadas telefónicas, lo que representa una manera muy española de enfrentar una emergencia internacional.

• Identificación: es crucial conocer quién es cada menor y dónde se encuentra su familia.
• Reagrupación: solo se puede llevar a cabo si existen garantías y una evaluación individual.
• Tutela: cuando no hay familiares localizables, la protección recae en las administraciones españolas.
• Traslado: si Ceuta mantiene su saturación, el reparto territorial deberá considerarse nuevamente.

Mientras tanto, la vida cotidiana sigue fluyendo entre el drama. En la ciudad, vecinos llevan comida, oenegés buscan a menores que se encuentran fuera del radar institucional y equipos de asistencia se esfuerzan por evitar que la emergencia se convierta en una crisis de salud, protección o explotación. Al final del día, la frontera no solo separa naciones: también crea una distancia entre el ruido político y la realidad de un joven que solo anhela que alguien lo encuentre a tiempo, aunque en Madrid o Rabat se empeñen en convertir su historia en herramientas de debate parlamentario.