La decapitación del «pijo» Ricardo Costa

El caso Gürtel se cobró ayer su primera pieza de peso en el PP de la Comunidad Valenciana: Ricardo Costa.

La decapitación «temporal» del secretario general del partido fue anunciada anoche por el equipo de Francisco Camps en la Presidencia de la Generalitat, después de una jornada de enorme tensión.

Inasequible al clamor que ha levantado en el PP leer la transcripición de cintas donde se escucha a Costa pedir a «El Bigotes» de la trama Gürtel que interceda para que Camps lo haga consejero y donde se comprueba que recibió suntuosos regalos de la poanda de golfos, Costa quiso imponer condiciones.

Argumentado que él no tiene mader de «chivo expiatorio» y que no estaba dispuesto a inmolarse «gratis», exigió que su destitución se planteara en el Comité Ejecutivo y que Camps le ofreciera su respaldo «en una declaración pública:

«Como yo hice en su día apoyando a Rajoy cuando se dijo que mi hermano Juan Costa podía presentarse como candidato alternativo en el congreso de Valencia».

Francisco Camps no podía transigir, pero aceptó introducir el adjetivo «temporal», lo que es un recurso retórico, porque Riocardo Costa está acabado políticamente.

En la jugada ha sido decisiva la presión del Comité de Derechos y Garantías del partido, presidido por María Dolores de Cospedal.

Por lo que atañe a los otros dos diputados autonómicos señalados en el informe de la Policía, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del grupo, Yolanda García, han pactado su dimisión.

UNA PANDA DE GOLFANTES

Los tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid imputados en «caso Gürtel -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor- abandonaron este viernes, oficialmente, la disciplina del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara regional madrileña.

Lo hicieron a través de un escrito dirigido a la Mesa de esta institución, que fue presentado ante el registro por Alfonso Bosch, que actuó en nombre de los tres.

Abandonan el PP, pero no renuncian a su condición de parlamentarios, a pesar de que se lo ha pedido expresamente Esperanza Aguirre.

Eso le permite mantener, entre otras cuestiones, su condición de aforados y, así, no poder ser juzgados por la justicia ordinaria.

En el escrito que han dirigido a la Mesa de la Asamblea, y que ésta podría debatir el próximo martes, los tres golfantes hacen constar expresamente su renuncia a cuantas ayudas o subvenciones económicas podrían percibir al conformarse, sólo hipotéticamente, un nuevo grupo.

Jesús Sepúlveda ha dejado su acta de concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo, después de que Esperanza Aguirre mantuviera una «conversación» con él.

LOS DILEMAS DE LA CÚPULA DEL PP

Primero Esperanza Aguirre y ahora Francisco Camps han recogido un clamor social basado en imperativos de higiene democrática.

Una cosa son las garantías procesales propias del Estado del Derecho, cuyo respeto escrupuloso hay que exigir con especial intensidad en este asunto complejo y confuso.

Otra cosa muy distinta, sin embargo, es la necesidad política de emitir, como ha hecho Génova, el mensaje de que el PP no ampara comportamientos éticamente intolerables en una sociedad que se respete a sí misma.

Los tres diputados madrileños que insisten en mantener su escaño en calidad de «no adscritos» y el propio Ricardo Costa tendrán la oportunidad de defenderse ante los jueces- algo que no tienen fácil a pesar de las pifias de Baltasar Garzón-, pero su decapitación era ineludible y ha tardado más de la cuenta.

LAS TROPELÍAS JURÍDICAS DEL JUEZ GARZÓN

La carrera de Baltasar Garzón está plagada de irregularidades, arbitrariedades y abusos en la interpretación de la Justicia, pero el superjuez esta vez ha sobrepasado un límite que nadie se había atrevido a cruzar: el de la violación del secreto profesional entre abogado y cliente, uno de los pilares del sistema procesal.

El Consejo General de la Abogacía hizo ayer público un comunicado en el que denuncia que Garzón autorizó ilegamente la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados Francisco Correa y Pablo Crespo y sus abogados, a los que el juez había acusado de formar parte de la trama.

El Consejo subraya que «se trata de un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho», recordando que «la ley reserva de forma claramente restrictiva las escuchas a casos de terrorismo».

En efecto, el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las comunicaciones entre presos y abogados sólo podrán ser intervenidas «por orden judicial y en supuestos de terrorismo».

Garzón vulneró la legalidad en un auto fechado el 19 de febrero de 2009 en el que ordena la escucha y grabación de las conversaciones de Correa y Crespo con sus abogados en prisión.

En el mismo auto, el juez de la Audiencia Nacional señala que están acusados de delitos de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Pero ninguno de los cuatro, como es evidente, está imputado por un delito de terrorismo, lo que convierte esas escuchas en absolutamente ilegales.

No es algo baladí y si los abogados de esta panda de golfos son capaces de demostrar que esas escuchas ilegales han sido decisivas en el caso, varios se irán de rositas.