¿A quién hay que sancionar?

Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia. (Harry S. Truman)

Mientras España avanza en materia de derechos fundamentales, aún hay heridas abiertas que reclaman justicia. No se trata de cuestiones del pasado remoto, sino de agravios recientes, vivos, documentados… y aún sin reparación.

El caso del cabo Rosa, guardia civil que pasó diez años en prisión sin haber cometido delito alguno, debería escandalizar a cualquier ciudadano mínimamente informado. Así lo reconoció el propio Tribunal Constitucional en su sentencia nº RA 871, que dejó claro que se vulneraron garantías esenciales. Y ahora, una Ley Orgánica —la del Derecho de Defensa— viene a confirmar lo que muchos ya sabíamos: que se condenó sin sentencia y se mantuvo en prisión a un inocente.

Esa misma ley, en su Disposición Final Cuarta, ordena la rehabilitación de los guardias civiles represaliados por motivos ideológicos, concretamente aquellos vinculados al movimiento democrático UMDVERDES. Entre ellos están el citado cabo Rosa y Piñeiro, Morata, Linde (q.e.p.d.), quienes deberían haber sido rehabilitados hace ya seis meses.

Y aquí está la cuestión clave: ¿por qué no se ha ejecutado aún esa rehabilitación y la ley? ¿Qué impide al Ministerios de Defensa, Ministerio del Interior cumplir lo que mandata la legalidad vigente? ¿Dónde está el reconocimiento institucional a quienes fueron condenados injustamente por defender principios democráticos dentro del Instituto Armado?

No sólo hablamos de una rehabilitación moral y administrativa, sino también de la justa indemnización por los años de vida perdidos en la cárcel, por los daños personales, familiares y profesionales sufridos. La justicia llega tarde, pero no debería llegar nunca vacía.

En un Estado de Derecho, cuando una ley se aprueba y una sentencia es firme, no puede ser la voluntad política la que marque su cumplimiento. Si así ocurre, estaríamos ante un gravísimo incumplimiento de funciones públicas, cuyas consecuencias no deberían recaer en las víctimas, sino en los responsables: el Ministro del Interior, la ministra de Defensa que mantienen bloqueado un acto de estricta justicia.

A los hombres que integraron los UMDVERDES se les persiguió por soñar con una Guardia Civil comprometida con los valores constitucionales. Hoy, con la democracia consolidada, ya no hay excusas. Es hora de saldar la deuda histórica. Es hora de rehabilitarlos. Es hora de indemnizarlos. Y si alguien merece sanción por esta inacción, no son las víctimas… sino quienes persisten en ignorarlas.

Para terminar Ya. No debemos de olvidar la labor de la Directora General de la Guardia Civil, y de los miembros de la Benemérita que con celeridad y profesionalidad, activaron todos los protocolos haciendo bien su trabajo, para que sus miembros de la UMDVERDES tuvieran ya el beneficio de la ley ya que nunca tuvieron el beneficio de la justicia y el cumplimiento de las sentencias españolas y europeas, las cuales solo sirvieron para que estos y los otros politícos indecentes siguieran en la senda de la destrución de los principios básicos que rigen los estados de derecho, limpiándose el culo con ellas.