Los guardias civiles democráticos: rehabilitados pero aún sin justicia.

No fue fácil. Han pasado décadas de lucha, de persecución y de silencios cómplices. Hoy, por fin, los guardias civiles democráticos —conocidos como los UMDVERDES— han sido rehabilitados a todos los efectos por el Estado español. Un acto de justicia tardía, pero necesaria. Sin embargo, esta rehabilitación no borra el largo camino de sufrimiento, ni las heridas abiertas que aún supuran en la memoria de muchos de los que defendieron con dignidad los principios constitucionales en los albores de nuestra democracia.

En los años difíciles de la Transición, cuando España construía su andamiaje democrático, un grupo de guardias civiles tuvo el coraje de ponerse de pie. Los UMDVERDES no buscaban otra cosa que hacer valer el espíritu de la Constitución de 1978, defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y dignificar su profesión desde la legalidad democrática. Su delito fue ejercer derechos constitucionales: la libertad de asociación, la defensa de los derechos humanos y el sometimiento pleno a la legalidad civil.

Pero aquellos ideales chocaron de frente con un sistema que no estaba dispuesto a tolerar voces discordantes dentro de los cuerpos de seguridad. Con la llegada al poder del PSOE de Felipe González, apodado en los círculos críticos como el “Rey Sol”, comenzó lo que muchos califican como la instauración de un régimen de corrupción estructural, donde los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— miraban para otro lado mientras la nueva casta política comenzaba a blindar sus privilegios.

El régimen no dudó en emplear métodos propios de regímenes totalitarios: los psiquiátricos se convirtieron en herramientas de represión. Centenares, posiblemente miles de guardias civiles fueron internados, acusados de «epidemia constitucional» por el simple hecho de solicitar la creación de asociaciones profesionales. Era el nuevo delito: pensar, asociarse y defender la legalidad.

A pesar de la represión, los UMDVERDES no cesaron en su empeño. El cabo Rosa, en una sentencia histórica del Tribunal Constitucional (Amparo UDGC), logró que se reconociera su derecho a crear una asociación profesional dentro de la Guardia Civil. Pero la victoria jurídica fue rápidamente vulnerada: fue expulsado, encarcelado y privado de libertad durante diez años sin condena judicial, víctima de la arbitrariedad de mandos superiores y de un sistema que lo consideraba peligroso.

Más tarde, en el ámbito internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el caso 69966-01, emitió una sentencia demoledora: la Guardia Civil había incurrido en delitos de lesa humanidad al practicar detenciones ilegales a través de arrestos arbitrarios sistemáticos. El tribunal fue más allá al declarar que la Guardia Civil no debía ser considerada un cuerpo militar en el contexto de estos abusos. Sin embargo, ni el Gobierno español, ni la Dirección General de la Guardia Civil, ni los sucesivos ministros de Interior y Defensa han ejecutado jamás dichas sentencias, incumpliendo resoluciones de obligado cumplimiento.

Este panorama dejó patente que en España la justicia no solo tiene precio, sino que quedó sometida durante décadas a una red de complicidades institucionales, donde el Estado de derecho fue secuestrado por los intereses de quienes debían ser sus garantes.

Hoy, tras más de seis meses de la entrada en vigor de la Ley que reconoce sus derechos, la actual Ministra de Defensa ha firmado finalmente la rehabilitación oficial de estos compañeros. Hombres y mujeres valientes, decentes, que durante años trabajaron sin descanso por la dignidad de España, de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de ideología. Lo hicieron además por sus propios compañeros, aquellos guardias civiles que durante años vivieron en condiciones que bien podrían calificarse como propias de la esclavitud moderna dentro del siglo XXI.

Es cierto que la rehabilitación no lo es todo. Los guardias civiles democráticos siguen careciendo de interlocución real, de medios adecuados y continúan sufriendo discriminaciones respecto al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y en gran medida, esta situación también es consecuencia de las carencias de sus propias asociaciones profesionales, que en demasiadas ocasiones han carecido de la ambición y la visión necesarias para cambiar el estado de las cosas.

No podemos olvidar la llamada Operación Columna, ni a todos aquellos que se marcharon entre lágrimas, ni a quienes, sin formar parte directa de los UMDVERDES, estuvieron siempre al lado de la verdad y la justicia: policías, funcionarios de aduanas, sindicalistas y tantos otros que pagaron un alto precio por enfrentarse a un aparato de persecución que actuaba con métodos que recuerdan, trágicamente, a los regímenes totalitarios del siglo XX.

Es de justicia recordar siempre a quienes lo dieron todo, como al inolvidable José Manuel Sánchez Fornet, referente indiscutible de la lucha por la dignidad de los guardias civiles democráticos.

Hoy los UMDVERDES están oficialmente rehabilitados como guardias civiles. Pero todavía no tienen justicia. La Operación Columna y las persecuciones sufridas por estos hombres y sus familias siguen pesando sobre la memoria democrática de España. Ha llegado el momento de abrir definitivamente esta página, por la paz, por la dignidad y por la cordura. No hacerlo es seguir abonando el terreno a esa vieja maldición gallega que, como un viento implacable, terminará arrastrando a todos aquellos que, desde cualquier gobierno, parlamento o poder judicial, sigan negando la justicia debida.

La verdadera democracia solo se construye cuando el Estado reconoce sus errores y repara de forma íntegra a quienes fueron víctimas de sus abusos. Y en este capítulo aún queda camino por recorrer.