Dia Internacional de los «Alertadores de la Corrupción».

Una deuda democrática con los que alzaron la voz

En recuerdo de todos loa alertadores y muy especial en el de nuestro presidente de ACC, Justo. Justo un policía Local que no dudó en ser un alertador

Cada 23 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Alertadores de la Corrupción. No es una jornada simbólica más, sino un compromiso ético con quienes han puesto en riesgo su carrera, su libertad e incluso su vida por defender lo público frente al abuso, la impunidad y el silencio cómplice. En España, esta jornada adquiere una relevancia especial, porque aún hoy seguimos arrastrando una vergonzosa deuda con muchos de nuestros alertadores: hombres y mujeres, muchos servidores públicos, que se atrevieron a denunciar prácticas corruptas en las más altas esferas del poder político, económico y policial, y que a cambio fueron represaliados.

Entre ellos, los guardias civiles democráticos —muchos agrupados en torno al histórico movimiento de los UMDVerdes— ocupan un lugar central. En la década de los 80 y 90, durante los gobiernos de Felipe González, diversos agentes del Instituto Armado alzaron la voz contra prácticas irregulares, corrupción interna y vulneración de derechos fundamentales dentro del cuerpo. Lejos de ser protegidos, como dicta cualquier sociedad democrática, fueron expulsados, encarcelados, perseguidos disciplinariamente e invisibilizados.

Aquellos años vieron cómo se castigaba con dureza a quienes reclamaban simplemente lo que hoy es considerado un mínimo democrático: derecho de asociación, derechos laborales básicos y un código ético contra la corrupción. La historia de aquellos guardias civiles es también la historia del olvido institucional. Hasta hace muy poco, el Estado español no ha empezado a reconocer formalmente —aunque aún de forma parcial— la injusticia cometida contra ellos.

Casos que nos afectan a todos

Los alertadores han sido claves para desvelar escándalos de corrupción que afectan a millones de ciudadanos. Desde la financiación ilegal de partidos hasta contratos públicos amañados, desde grandes bancos hasta empresas energéticas, los casos como Gürtel, Púnica, Lezo, los papeles de Bárcenas, el caso BBVA-Villarejo o el caso Koldo-Cerdán, no habrían salido a la luz sin funcionarios honestos, policías éticos, inspectores valientes o ciudadanos anónimos decididos a no colaborar con el saqueo de lo público. El riesgo de los que se expusieron es el contraste de los que no quieren investigar y ver la realidad tal y como sucede con el caso Villarejo, al que no le dejan ejercer su defensa ni a los alertadores tener los documentos para que la justicia haga justicia, y no sólo criminalice al denunciado como sucede en ese caso y en muchos más. La verdad es la verdad entera y no a medias.

Sin embargo, España sigue sin contar con una ley integral y eficaz de protección del denunciante, pese a que la Directiva Europea 2019/1937 obligaba a ello desde diciembre de 2021. Esta norma debería garantizar protección jurídica, confidencialidad, indemnidad profesional y reparación a quienes denuncian corrupción. La transposición que finalmente se aprobó ha sido ampliamente criticada por su falta de ambición y garantías reales.

¿Y si fuera usted?

Porque todos somos víctimas indirectas de la corrupción. Cada euro desviado es un tratamiento médico que no se da, una beca que no se concede, una pensión que no se sube, un centro de mayores que no se abre. Defender a quienes alertan de la corrupción es defender la justicia social, la transparencia y el futuro de nuestros hijos.

En este día, desde la Asociación Alertadores Contra la Corrupción de  Ámbito Público (AcC) Whistleblower, desde el colectivo de alertadores y desde los movimientos democráticos dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, reivindicamos el honor, el valor y la dignidad de quienes, como los UMDVerdes, se jugaron todo por defender la democracia real en las cloacas del Estado.

No pedimos venganza, pedimos justicia. No pedimos medallas, pedimos reconocimiento. Y exigimos una legislación firme, clara y garantista que diga alto y claro: en España, quien denuncia la corrupción no será castigado, sino protegido.

Porque sin protección para los alertadores, no hay Estado de Derecho. Porque sin justicia para los represaliados, no hay verdadera democracia. Porque sin memoria, no hay futuro.