Cuando la justicia hace huelga y la memoria calla.

«El viaje de mil millas comienza con un solo paso», la UniónGC, ya dio el primer paso en esta gran batalla. Decencia y Justicia.

Vivimos tiempos extraños en los que las instituciones parecen haber perdido el sentido de su propia legalidad. Asistimos a jueces y magistrados que anuncian paros y huelgas, mientras la Fiscalía observa en silencio, sin abrir una sola diligencia ni cuestionar el quebranto que ello supone al principio de legalidad y a la seguridad jurídica que juraron proteger.

El ciudadano común, que sufre retrasos judiciales eternos y sentencias que nunca llegan, ve cómo quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley se sitúan, sin pudor, por encima de ella. Pero lo verdaderamente grave es la comparación inevitable con quienes, hace tres décadas, pagaron un precio altísimo por reclamar algo mucho más justo: el derecho de asociación profesional en la Guardia Civil.

A comienzos de los años noventa, un grupo de guardias civiles —los conocidos como UMDVERDES— decidió, por la vía legal, pedir algo tan básico como el reconocimiento de su condición ciudadana dentro del Cuerpo. La respuesta del Estado fue brutal: procesamientos por sedición militar, detenciones ilegales, internamientos psiquiátricos forzosos y expulsiones masivas. A aquellos hombres se les castigó por pensar, por querer ser demócratas, por pretender que la Constitución también les amparara.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 1993 (RA 871/90), reconoció aquel derecho. Pero la sentencia nunca se ejecutó. Más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Sentencia 69966/01, condenó a España por las detenciones ilegales en masa y la vulneración de los derechos humanos cometidos contra esos guardias civiles. Y sin embargo, ningún gobierno, ningún fiscal general, ningún juez ni defensor del pueblo ha hecho cumplir aquellas resoluciones.

Los UMDVERDES siguen esperando justicia, mientras quienes hoy detentan el poder judicial pueden paralizar el sistema sin consecuencia alguna. ¿Qué Estado de Derecho es este en el que un guardia civil fue encarcelado por pedir democracia y un juez puede incumplir la ley en nombre del corporativismo?

El silencio institucional ante este doble rasero es ensordecedor. Se castiga al débil y se perdona al poderoso. Se archivan denuncias que deberían abrir un debate nacional sobre la responsabilidad y la ética en la función pública. Y mientras tanto, la memoria de aquellos hombres valientes sigue sin ser reparada ni reconocida, pese a que su lucha permitió que hoy muchos puedan hablar de derechos dentro del Cuerpo.

Si la justicia no es igual para todos, deja de ser justicia.
Si el poder judicial se permite incumplir la ley, el Estado se convierte en una ficción.
Y si olvidamos a quienes dieron todo por la dignidad democrática, entonces no merecemos hablar de democracia.

Es hora de recordar que en España hubo guardias civiles demócratas antes de que muchos descubrieran la palabra “transición”. Que fueron castigados por creer en la Constitución. Que fueron olvidados por todos, menos por sus compañeros. Y que hoy, cuando los jueces se permiten ir a la huelga, ellos merecen al menos una palabra: reparación.

Porque aquellos hombres —los UMDVERDES— no hicieron huelga. Hicieron historia.

Hace falta un Consejo de la Guardia Civil, donde de verdad se hable claro, se defienda a los guardias civiles de verdad, y se eliminen a los Judas que sólo están ahí a la voz de su amo, renovando promesas que nunca han cumplido ni cumplirán.