Cuando la burocracia desarma al servicio: ocho meses para una simple tarjeta

En la Guardia Civil, las cosas más sencillas siempre acaban convertidas en un laberinto administrativo. Lo que antes se resolvía en quince días, hoy necesita más de ocho meses. Me refiero a la renovación de la Tarjeta de Identificación Militar (TIM), un documento básico que acredita a cada guardia civil como lo que es: un servidor del Estado con nombre, número y responsabilidad.

Durante años, los Servicios Generales de la Guardia Civil fueron ejemplo de eficacia silenciosa. Uno pedía su TIM y, en pocas semanas, la tenía en la mano. Sin esperas, sin papeleo absurdo, sin “está en trámite”. Hoy, en cambio, la modernización y las nuevas tecnologías —esas de las que tanto se presume en notas de prensa— han conseguido justo lo contrario: un colapso digital y administrativo que roza lo ridículo.

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con sistemas automatizados, bases de datos centralizadas y personal cualificado, una simple tarjeta tarde más de medio año en emitirse? ¿Qué ocurre dentro de la Dirección General para que los procesos más elementales se eternicen sin explicación?

No estamos hablando de un trámite accesorio. Sin la TIM actualizada, muchos guardias civiles se encuentran con problemas burocráticos en desplazamientos, comisiones de servicio, identificación en actuaciones o gestiones personales. En definitiva, una ineficiencia que afecta al propio servicio público y que genera frustración en quienes cada día ponen el cuerpo y el alma en el cumplimiento de su deber.

La paradoja es evidente: a mayor tecnología, menor eficacia. Lo que antes se resolvía con un sello y una máquina de escribir, hoy se pierde entre plataformas, validaciones y sistemas que nadie parece controlar. Y mientras tanto, el guardia civil espera, como siempre, paciente y resignado.

Es hora de recordar a quienes dirigen esta Institución que la Guardia Civil no necesita discursos sobre modernización, sino gestión real, ágil y respetuosa con sus profesionales. Cada retraso innecesario es un síntoma de desorganización, y cada silencio administrativo, una falta de respeto.

El uniforme, el sacrificio y el compromiso siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado —para peor— es la capacidad de una Administración que parece olvidar que detrás de cada número de expediente hay una persona que sirve a España.

Ocho meses por una tarjeta. Y todavía habrá quien lo llame “progreso”.