La Dirección General de la Guardia Civil y el silencio que les delata.

La Dirección General de la Guardia Civil acaba de protagonizar un episodio que, más que administrativo, es político, jurídico y ético. Se ha negado —negado expresamente— a certificar hechos que están publicados, son firmes, obligan a todos y desmontan décadas de persecuciones internas: que promover o pertenecer a una asociación profesional en los años 90 no era causa legal de sanción ni de expulsión. Y que, además, desde 1993 existe una sentencia firme del Tribunal Constitucional que reconoció ese derecho.

La pregunta es simple: ¿Por qué se niegan a certificar lo que ya es público y obligatorio?

EL TC LEGALIZÓ LO QUE LA GUARDIA CIVIL EXPULSABA

En 1993, el Tribunal Constitucional resolvió el Recurso de Amparo 871/1990, reconociendo el derecho de asociación profesional de los guardias civiles. Esa sentencia derribaba cualquier base jurídica que pretendiera sancionar a quien promoviera o integrase una asociación como la UDGC.

Sin embargo, mientras la Constitución hablaba claro, la Dirección General actuaba en sentido contrario.
Siguieron los expedientes. Siguieron las expulsiones.Siguió la persecución. Siguieron los ingresos en los psiquiátricos de los afectados por la epidemia constitucional. – Gulaps del régimen felipista.

Muchos guardias civiles —destinados en los años más duros, especialmente en el norte— fueron expulsados bajo la acusación abstracta y falsa de “pertenencia al sindicato UDGC”, una figura inexistente jurídicamente. No era un sindicato: era una asociación profesional, exactamente aquello que el TC dijo que SÍ es constitucional.

Hoy pedimos algo elemental: una certificación oficial que reconozca que ese derecho existía, que fue declarado por sentencia firme y que la Guardia Civil recibió y conoció dicha sentencia.

La respuesta ha sido un portazo: “no procede emitir testimonio”.

EL SEGUNDO SILENCIO: LA CONDENA DEL TEDH POR DETENCIONES ILEGALES

Aún peor es la respuesta dada a la petición de certificar la recepción de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto 69966/01, que condenó a España —y específicamente a la Guardia Civil— por aplicar detenciones ilegales bajo el régimen disciplinario de las FAS.

La Dirección General afirma que “desconoce la información en los términos referidos”.
¿Desconoce una sentencia firme del TEDH?
¿Desconoce una condena internacional por violación de derechos fundamentales?
¿Desconoce que esas detenciones se practicaron sobre guardias civiles que denunciaban abusos y corrupción?

No es desconocimiento. Es conveniencia.

CERTIFICAR ES ASUMIR RESPONSABILIDAD

La Dirección General sabe que certificar estos hechos equivale a reconocer:

• que promover asociaciones nunca fue ilegal;
• que expulsar por ello fue contrario a la Constitución;
• que la sentencia del TC llegó, se conoció y se ocultó;
• que las detenciones ilegales están reconocidas por un tribunal europeo;
• que las expulsiones y persecuciones fueron ilegales.

Por eso se niegan. Porque la certificación no es un papel: es una admisión histórica.

LA DIRECCIÓN GENERAL NO PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA

Las sentencias están ahí. Son firmes. Son públicas. Son obligatorias.

Negarse a certificar lo evidente no borra los hechos. Los subraya.

Y los hechos —como recordaba C. P. Scott y como repito siempre en esta columna— son sagrados. Por eso incomodan a quienes llevaban décadas presentando como disciplina lo que fueron actos contrarios a derecho.

Hoy, muchos años después, seguimos reclamando algo tan elemental como la verdad documental. Y mientras la Dirección General juega a la amnesia selectiva, lo que sigue de pie es la evidencia: las persecuciones fueron ilegales, las expulsiones fueron injustas y las sentencias que lo prueban se conocieron y nunca se aplicaron.

Ese es el silencio que les delata. Y esa es la verdad que, por mucho que intenten esquivar, volverá una y otra vez.