Hay documentos que no necesitan interpretación: se explican solos. Tres folios mecanografiados, fechados en Madrid el 29 de agosto de 1989, firmados por el entonces Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán Ibáñez, bastan para entender cómo, en plena democracia, se utilizó el aparato del Estado para reprimir derechos fundamentales.
En esos folios se acuerda imponer tres meses de arresto en establecimiento disciplinario a varios guardias civiles —entre ellos quien firma estas líneas— por haber promovido la creación de una asociación profesional. No una organización clandestina armada. No un movimiento insurreccional. Una asociación cultural y profesional, con estatutos, acta fundacional y solicitud formal de inscripción en el registro correspondiente.
El “delito”: ejercer el derecho de asociación.
La paradoja del poder
Resulta difícil no recordar que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, antes de alcanzar el poder, mantuvo reuniones con guardias civiles en las que hablaba de modernización, democratización y derechos. Se nos prometió integración plena en el Estado social y democrático de Derecho. Se habló de dignidad profesional.
Pero cuando algunos decidimos tomarnos en serio aquella promesa y dar un paso jurídico —crear una asociación profesional dentro del marco constitucional— la respuesta fue el expediente, la sanción y el encierro.
Los tres folios lo dejan claro: no se discuten hechos violentos ni actos de insubordinación operativa. Se sanciona la promoción de una asociación por entender que suponía “peticiones colectivas contrarias a la disciplina”. Se equipara el ejercicio de un derecho constitucional con una amenaza al orden.
Eso no es disciplina. Eso es miedo al derecho.
El Estado contra la Constitución
Lo más grave no fue solo la sanción. Lo verdaderamente demoledor fue la negativa posterior a ejecutar sentencias firmes que reconocían la vulneración de derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido con claridad que los derechos fundamentales no desaparecen bajo el uniforme. Sin embargo, durante años, las resoluciones favorables no se ejecutaron en sus propios términos. La reparación nunca fue plena. La restitución nunca fue completa.
Cuando el poder ejecutivo desoye sentencias firmes, el problema ya no es disciplinario. Es estructural.
La colonización institucional
Aquellos años dejaron una sensación que hoy muchos comparten: la progresiva ocupación de espacios institucionales que debían actuar como contrapeso. Cuando la judicatura pierde independencia efectiva, cuando los órganos de control se alinean con el poder político, el Estado de Derecho se vacía desde dentro.
No hace falta proclamar la suspensión de la democracia. Basta con administrarla selectivamente.
Los tres folios de 1989 son una prueba histórica de cómo se utilizó la Ley de Régimen Disciplinario como herramienta de represión ideológica. Se castigó la intención de asociarse. Se castigó la palabra organizada. Se castigó la aspiración a derechos laborales básicos que ya disfrutaban otros trabajadores públicos.
Y todo ello en nombre de la legalidad.
Memoria y dignidad
No escribo estas líneas desde el rencor, sino desde la memoria. Porque hubo compañeros que pagaron con su libertad, con su carrera profesional y con el sufrimiento de sus familias. Porque hubo guardias civiles que fueron tratados como enemigos internos por reclamar derechos constitucionales. Porque hubo sentencias que tardaron años en abrirse paso frente a una maquinaria institucional resistente a reconocer errores.
La historia no puede reescribirse, pero sí puede contarse.
Esos tres folios no son solo un expediente disciplinario. Son el retrato de una etapa en la que la democracia española mostró sus límites cuando el uniforme pedía derechos. Son la prueba de que el Estado puede vulnerar la ley mientras proclama defenderla.
Y también son un recordatorio: los derechos no se conceden graciosamente. Se ejercen. Y, a veces, se pagan.
Hoy, cuando algunos hablan de memoria democrática, conviene mirar también a estos episodios. La democracia no se mide solo por ganar elecciones. Se mide por cómo trata a quienes, desde dentro del sistema, exigen que se cumpla la Constitución.
Y en 1989, aquellos tres folios demostraron que el poder prefirió castigar antes que cumplirla.
Para ir Finalizando, Felipe González, Alias el Rey Sol, no tiene memoria. Nosotros tenemos valores, decencia y papeles, de la forma de obrar de un personaje que se valió de todo y de todos para eliminar el estado de derecho.
Para terminar Ya. Nosotros tenemos papeles, las instituciones también, Felipe González ni dignidad se le presume, fue siempre un siervo de sus amos a los que sigue sirviendo. Con este artículo queremos hacer un breve homenaje y un recuerdo para esos tres compañeros valientes y héroes, especialmente para José Luis Cervero, –DEP- que junto a los otros que se pueden leer en la foto solicitaron pacíficamente y sin armas el ejercicio de un derecho, la legalización de una asociación cultural y deportiva de la Guardia Civil de España.
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