Jubilación de la Policía y Guardia Civil: una deuda histórica pendiente de justicia.

En España, ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) no es simplemente un empleo; es un compromiso diario con la sociedad que conlleva una peligrosidad y penosidad inherentes. Sin embargo, cuando llega el momento de colgar el uniforme, la realidad que afrontan muchos de nuestros agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil es, cuando menos, paradójica: una jubilación que no refleja la dedicación ni la realidad salarial de una vida de servicio, especialmente para aquellos encuadrados en el régimen de Clases Pasivas.

El problema: un sistema desfasado.

El análisis técnico presentado por el Sindicato Equiparación Ya (EYA) pone sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema de Clases Pasivas, diseñado hace décadas, se ha convertido en una rémora para quienes han velado por nuestra seguridad. La brecha es evidente. Mientras las retribuciones reales en activo han evolucionado para adaptarse al coste de la vida, el cálculo de las pensiones en este régimen se basa en «haberes reguladores» que ignoran gran parte de los complementos específicos que conforman el sueldo real de un agente.

Los datos son elocuentes: un agente que hoy se jubila bajo este sistema sufre una pérdida inmediata de poder adquisitivo de casi un 27% respecto a sus últimas retribuciones en activo. Esto no es una mera cuestión contable; es un agravio comparativo que sitúa a los guardianes del Estado en una posición de clara desventaja frente a otros cuerpos policiales que ya cuentan con mecanismos de jubilación más justos.

Propuestas para la transición hacia una profesión de riesgo.

La propuesta de EYA, supervisada por expertos en la materia, no busca privilegios, sino equidad. Entre las medidas planteadas, destaca la creación de una pasarela voluntaria al Régimen General de la Seguridad Social. El precedente de la integración de la antigua MUNPAL demuestra que nuestro ordenamiento jurídico tiene la capacidad de realizar esta transición respetando los derechos consolidados de los funcionarios.

Además, se plantean soluciones directas para el colectivo de agentes más próximos a la edad de retiro (franja de 59 a 64 años), que es un grupo reducido y, por tanto, con un impacto presupuestario «totalmente asumible» para el Estado. Entre ellas: Ayudas a la jubilación: Un complemento financiado con cargo a los presupuestos públicos, similar al que ya disfrutan otros funcionarios del Estado.  Adecuación del haber regulador: Modificar la Ley de Clases Pasivas para que la pensión refleje la realidad salarial percibida durante la carrera profesional, tal como se hace en otros regímenes especiales.

Justicia para quienes nos protegen.

El reconocimiento legal de la Policía Nacional y Guardia Civil como «profesión de riesgo» no puede quedarse en una declaración de intenciones. Debe traducirse en una protección social que sea coherente con esa realidad. La recomendación 4ª del Pacto de Toledo es clara: es necesario avanzar en la convergencia de regímenes sin perjudicar derechos, garantizando que la cotización refleje la remuneración real.

Es hora de que las instituciones tomen nota de estas propuestas técnicas en las Mesas de diálogo abiertas. La dignidad de la jubilación de nuestros policías no es solo un derecho de los agentes; es una cuestión de justicia y coherencia para el Estado que representan. De lo contrario, seguiremos permitiendo que quienes han dedicado su vida a protegernos sean, en el ocaso de su carrera, los grandes olvidados.