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'La Gaceta' publica en exclusiva los documentos escritos que prueban la doble vara de medir con el 15-M

Interior ordenó por escrito a la Policía “evitar incidentes y mantenerse a distancia” de los ‘indignados’

En cambio, en una concentración ante el Consulado de Libia exigió identificar a "los más caracterizados"

31 Ago 2011 - 08:13 CET
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El trato de favor que el Ministerio del Interior dispensa a los indignados del 15-M ha quedado al descubierto. La Gaceta ha tenido acceso en exclusiva a la documentación oficial que así lo demuestra, según la cual las órdenes por escrito que los altos mandos policiales dan a sus agentes para que actúen ante protestas ilegales son completamente distintas dependiendo de quién sea el convocante.

La tarde del martes 23 de agosto de 2011 tuvieron lugar en Madrid dos concentraciones ilegales organizadas por diferentes colectivos.

Una la convocó ante el Consulado de Libia la oposición al régimen de Gadafi para celebrar “el día de la victoria”.

La otra tuvo lugar en la plaza de Oriente y tras ella estaba el mov imiento 15-M, que se concentraba para protestar por las “cargas policiales” que según ellos sufrieron durante las marchas anticatólicas acontecidas días antes, durante la visita a España del Papa Benedicto XVI.

Sin embargo, ante estos eventos ilegales de la misma naturaleza, las órdenes escritas que desde el Ministerio del Interior se dieron a los agentes para que actuaran durante su desarrollo fueron radicalmente distintas, tal y como demuestra la documentación oficial a la que ha tenido acceso La Gaceta.

ORDEN DE SANCIONAR

Así, para la concentración de la oposición a Gadafi, el comisario principal jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, José Villar del Saz Martínez, envió el día 23 de agosto de 2011 la orden de servicio número 2164/11, por la cual emplazaba a los miembros de la Primera Unidad de Intervención Policial (UIP), con base en Madrid, a trasladar al lugar de la misma un subgrupo de las unidades de intervención compuesto por dos furgonetas, “en evitación de posibles incidentes”.

Además, en la misiva se les ordenaba “comunicar” a los manifestantes ilegales “que la concentración no está autorizada por la Delegación del Gobierno”.

Si estos continuaban con la protesta pese a las advertencias, los policías debían “identificar a los más caracterizados”, para que la Delegación del Gobierno pudiera imponerles posteriormente la multa que tal comportamiento merece.

CONSIGNA: NO ACTUAR

Esta manera de proceder contra cualquier concentración ilegal que no esté organizada por los indignados contrasta escandalosamente con las órdenes que se dan cuando es el 15-M el que está detrás de las protestas.

Ante la concentración que los indignados convocaron esa tarde del 23 de agosto de 2011, el mismo comisario trasladó por escrito a los agentes, a través de la orden 2166/11, que el dispositivo de seguridad empleado fuera simplemente un equipo a distancia formado por una sola furgoneta, en lugar de movilizar un subgrupo de las unidades de intervención como se hizo ante la movilizción contra Gadafi.

Además, las órdenes dadas en esta ocasión consistían en mantenerse alejados de la protesta, algo que en la práctica imposibilitaba identificar a los manifestantes ilegales para que la Delegación del Gobierno les multara, tal como establece el protocolo.

La doble vara de Interior queda, pues, patente y al descubierto.

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