Moncloa oculta dos imputaciones judiciales al Gobierno de Sánchez que hunden a Ábalos

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene sus idílicos viajes por el mundo, las cosas en casa se le complican gravemente. Además de las turbias sociedades interpuestas de sus ministros, al presidente Sánchez la Justicia le complica la vida por la imputación de dos de sus altos y en un caso además de presunta financiación irregular, muy similar a la Gürtel por la que Sánchez presentó la moción de censura a Mariano Rajoy. (Gobierno Sánchez S.A: Calviño, otra a la que pillan con una sociedad instrumental para eludir impuestos).

Un juzgado de Elche ha citado a declarar por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos a los dos principales cargos alicantinos en el Gobierno de España: Alejandro Soler y Federico Buyolo. El magistrado los ha citado en febrero tras investigar una querella por la venta de un terreno municipal a través de una empresa pública del ayuntamiento de Elche que hizo la transacción a una mercantil ligada a la presunta financiación irregular del PSPV.

Alejandro Soler, exalcalde de Elche, dirige la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos y que gestiona el suelo para asentamientos residenciales, industriales, terciarios y de servicios. Soler es sin duda uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en Alicante.

Por su parte, el exdiputado socialista Federico Buyolo número dos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ambos son hombres de Ábalos.

El juez los ha imputado por los presuntos delitos de prevariación en la aportación de un solar por parte del Ayuntamiento y por presunta malversación en la venta posterior a la mercantil Hospimar (relacionada con la financiación irregular del PSPV-PSOE) por un precio menor del que hubiera podido obtener el Ayuntamiento en una venta directa mediante concurso. 

El juez sospecha que el motivo por el que se hizo esta operación fue eludir las normas de derecho administrativo sobre la venta de bienes patrimoniales de la Administración que a la entidad pública no le aplicarían al no estar sometida como sociedad mercantil al reglamento de Bienes de las Entidades Locales ni a la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas.

Un escándalo que ha tratado de ocultar La Moncloa.( ‘Gobierno S.A.’: Ni España ni los españoles se merecen a Sánchez y toda esta mierda).