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La política española nunca deja de sorprender.
En pleno verano, cuando el termómetro sube y los titulares suelen relajarse, Pedro Sánchez decide añadir una nota de dramatismo: ha pedido personarse como perjudicado en el proceso judicial abierto tras la colocación de una enorme lona por parte de la organización HazteOir frente al Congreso de los Diputados.
El cartel, de más de 250 metros cuadrados, mostraba su imagen junto al término “corrupto” en letras mayúsculas y bien visibles, acompañada de referencias a distintos casos que salpican a su entorno y al PSOE. La reacción judicial fue rápida: la lona fue retirada horas después por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que consideró que la acción podía constituir un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión y resultar claramente lesiva para la reputación del jefe del Ejecutivo.
El movimiento de Sánchez no es menor. Su abogado ha solicitado formalmente al juzgado que se le tenga por personado como acusación particular y se le dé traslado de todas las actuaciones. El detonante fue el ofrecimiento judicial para ejercer acciones legales tras la denuncia presentada por la diputada socialista Begoña Nasarre por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad.
La polémica lona incluía referencias explícitas a casos como el ‘caso Begoña’, el ‘caso Ábalos/Koldo’ o el ‘caso fiscal general de Pedro Sánchez’, señalando directamente la presunta implicación del entorno presidencial en asuntos turbios.
HazteOir: activismo, denuncias y estrategia mediática
HazteOir no es ajena a las campañas provocadoras ni a los litigios judiciales. Esta plataforma ultraconservadora lleva años utilizando autobuses rotulados, pancartas y ahora lonas gigantes para denunciar lo que consideran corrupción institucional o políticas contrarias a sus convicciones. En este caso, su ofensiva contra Pedro Sánchez se inscribe en una escalada que incluye también denuncias internacionales.
Recientemente, HazteOir intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciando que el presidente del Gobierno estaría impulsando reformas legales –como la controvertida ‘Ley Bolaños’– que pondrían en riesgo la independencia judicial en España. Según su secretario general, Javier María Pérez-Roldán, se estaría consolidando un modelo autoritario basado en el control político sobre instituciones clave: Fiscalía General, Tribunal Constitucional e incluso medios de comunicación.
En este duelo político-mediático se cruzan dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión –que ampara incluso manifestaciones duras contra figuras públicas– y el derecho al honor y a la propia imagen. El juez instructor ha señalado que asociar visualmente al presidente del Gobierno con la palabra “corrupto” en una lona pública y crear webs paralelas como “elcapo.org” podría superar los límites razonables del debate público y derivar en responsabilidades penales.
La defensa jurídica del presidente busca blindar su reputación ante lo que considera una campaña orquestada para minar su legitimidad. Desde Moncloa aseguran que las alusiones públicas a casos personales (como los relacionados con su esposa Begoña Gómez o su hermano David Sánchez) son un ataque frontal no solo contra él sino contra las instituciones democráticas. Desde HazteOir replican con igual contundencia: consideran que están siendo objeto de censura ideológica bajo pretexto judicial e insisten en denunciar trato desigual ante la Justicia para los afines al Gobierno.
El PSOE cierra filas, la oposición observa
El PSOE ha cerrado filas en torno a Sánchez, defendiendo que existe una campaña sistemática para desacreditarle con acusaciones infundadas o descontextualizadas sobre corrupción y trato de favor institucional. La rápida actuación judicial ordenando retirar la lona fue leída internamente como una muestra del correcto funcionamiento del Estado de derecho… aunque no han faltado voces críticas desde la oposición o incluso desde sectores jurídicos sobre los límites reales entre crítica política dura y delito penal.
Mientras tanto, HazteOir mantiene viva su ofensiva tanto nacional como internacionalmente. Ha llegado a solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que impida la salida del país del hermano del presidente ante lo que consideran riesgo real de fuga ante causas penales abiertas por tráfico de influencias y prevaricación en Badajoz. La organización insiste en su papel como acusación popular en varios procedimientos vinculados al entorno socialista.
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