La Fiscalía empapela a los golpistas pero… ¿y ahora, qué?

Cuando un país sufre en su seno los tirones centrífugos del nacionalismo tiene dos alternativas: presentarle batalla frontalmente, o hacer concesiones en la esperanza de que al otorgarles más competencias, los separatistas renunciarán a su meta final independentista (Carmen Calvo nos toma por imbéciles y la vídeoteca la deja retratada: «Pedro Sánchez nunca vio rebelión en Cataluña»).

Una y otra vez, la historia prueba que lo único que funciona es confrontar al nacionalismo (La Fiscalia acusa como debe para sonrojo de Sánchez y cabreo de los golpistas catalanes).

Intentar parecerse un poquito a él, como hace el socialista Pedro Sánchez con la ilusión de que así se moderará, solo sirve para cebar al dragón (Pedro Sánchez vende España a los golpistas a cambio de cenar una noche más en La Moncloa).

Tras la recuperación de la democracia, en España elegimos el rumbo errado: pensar que con cesiones aplacaríamos al nacionalismo. Se transfirieron a las regiones las riendas de los temas centrales en la vida de las personas, la educación, la sanidad, la justicia.

En las dos comunidades donde el separatismo tenía arraigo, Cataluña y País Vasco, se fue incluso más allá y se retiró a la policía común para dejar la seguridad en manos de cuerpos locales. ¿Resultado?

Un creciente extrañamiento respecto a la idea de España en todas las regiones; y en Cataluña y el País Vasco, la construcción de «estructuras de Estado» para intentar dar el paso final en cuanto la nación española atraviese alguna crisis, o muestre debilidad.

Afortunadamente para los españoles de todo lugar y condición, en España sigue funcionando la Justicia.

Una vez presentados los escritos de calificaciones provisionales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista catalán encarrila la recta final de cara al juicio oral.

Este es el previsible calendario judicial de la causa, aunque estará condicionado a los escritos y peticiones de las defensas, que buscarán dilatar todo lo posible este procedimiento.

• – 2 de noviembre: la Fiscalía y la Abogacía han entregado entregan sus escritos de conclusiones provisionales ante la sala que enjuiciará los hechos en el Supremo: incluyen las calificaciones de los delitos, las peticiones de pena y las peticiones de prueba para el juicio.
• – 5 de noviembre: Vox, que ejerce la acusación popular, hará entrega de su escrito de acusación en el tribunal.
• – Mediados de noviembre: antes de presentar sus escritos de calificaciones, las defensas plantearán los denominados artículos de previo pronunciamiento (equivalentes a las cuestiones previas) en los que previsiblemente volverán a proponer que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el encargado de enjuiciar los hechos y no el Supremo.
• – Mediados de diciembre: vista para debatir los artículos de previo pronunciamiento. Un día después el Supremo dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas al día siguiente a la celebración de la vista.
• – Mediados de enero: inicio del juicio oral, que se prolongará entre dos y tres meses dependiendo de cómo se organicen las sesiones que está previsto que sean de lunes a jueves, mañana y tarde.
• – Finales de marzo: lectura y presentación de las conclusiones finales en la vista oral. Turno de última palabra de los acusados. Fin del juicio.
• – Junio: sentencia. El tribunal no quiere que sus decisiones puedan interferir en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, por lo que la sentencia se haría pública tras la celebración de los comicios, previsiblemente en el mes de junio.
• – Una vez conocida la sentencia del Supremo, la Audiencia Nacional procederá a celebrar el juicio contra la cúpula policial del «procés» si bien se desconoce si será antes o después del verano, pues al no ser causa con preso no reviste de urgencia