La UCO acorrala al fiscal general del Estado: «Hubo borrado del móvil y del correo»

Le han pillado con el carrito del helado.

Aunque es verdad que la sospecha de que el fiscal general del Estado había procedido al borrado de su móvil y de la cuenta de cuenta de correo era más que latente.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dejó claro lo que había hecho Álvaro García Ortiz con un testimonio contundente: lo que se eliminó es, a efectos prácticos, «es irrecuperable».

El máximo exponente de la Fiscalía General del Estado podría enfrentarse a una condena de seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa que supera los 400.000 euros, bajo la acusación de haber filtrado a los medios un correo crucial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La instrucción judicial ha transformado su despacho en una especie de fortaleza bajo asedio, mientras los agentes de la UCO exponían ante los magistrados detalles técnicos y cronológicos sobre un borrado que consideran cuidadosamente planeado y ejecutado.

Según relataton los peritos, el 16 de octubre de 2024, pocas horas después del inicio del proceso judicial, García Ortiz eliminó todos sus mensajes de WhatsApp y su cuenta personal de Gmail. Una semana más tarde, el 23 de octubre, cambió su dispositivo móvil, pasando de un Samsung A52 a un A54, aunque esa misma noche regresó temporalmente al anterior modelo; este movimiento es interpretado por los investigadores como una maniobra tras un formateo fallido del nuevo terminal.

La UCO intentó recuperar la información sin éxito: las comisiones rogatorias internacionales y las técnicas forenses no lograron restaurar ni un solo mensaje significativo.

Asimismo, el análisis realizado en los dispositivos reveló una entrada con 1.500 registros tras el borrado, lo que refuerza la teoría del formateo sistemático.

La defensa del fiscal general sostuvo que cambiar de móvil es algo común en su puesto —ha cambiado hasta seis veces desde su nombramiento— y que el borrado respondió a una imposición legal para resguardar datos extremadamente sensibles, tanto personales como relacionados con la estructura de la Fiscalía y las investigaciones activas. Sin embargo, los peritos de la UCO afirman que esta acción fue premeditada y que lo eliminado era fundamental para aclarar la supuesta filtración.

Durante las sesiones del juicio, varios periodistas han exculpado directamente a García Ortiz al afirmar que sus fuentes no provenían de la Fiscalía General del Estado sino más bien de la Fiscalía Superior o del Tribunal Superior de Justicia madrileño. No obstante, desde la UCO insisten en que nada se filtró sin pasar antes por manos del Fiscal General.