Pedro Manuel Hernández López: «¿Iguales todos ante la Ley…? ¡Ni todos…ni iguales!»

El artículo 14 de nuestra Constitución afirma y nos recuerda que: “Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Esto es lo que debería ser “siempre y en todo lugar” –como suele proclamar en la santa misa el celebrante antes de entonar el “sanctus”—con independencia de la ideología del Gobierno de turno y de la Comunidad autónoma en la que se aplique. Desgraciadamente y, para escarnio, befa y pitorreo de muchos, este artículo no siempre se cumple. La realidad es que ni somos “todos” y mucho menos “iguales”. Este incumplimiento viene siendo muy frecuente – como norma casi habitual– en los últimos gobiernos socialistas dadas sus irrefrenables tendencias a ese partidismo radical y pseudoprogresista –propias de un gobierno totalitario—como fue el del nefasto Zapatero y lo es el de Sánchez el “Felón”.

Con ellos, la justicia, “con mayúsculas”, ha dejado de ser ciega y de llevar los dos ojos vendados (solo lleva uno, el izquierdo), además la balanza que porta en la mano izquierda está trucada y el platillo derecho pesa más que el izquierdo…y ya se imaginan por qué. De esta guisa, la Justicia, inspirada en la diosa romana “Iustitia”, puede aplicar la ley impune, parcialmente y a su conveniencia, dependiendo de la persona o partido de quien se trate.

Todo esto viene a colación de las noticias con las que nos llevan bombardeando constantemente para denostar, aún más si cabe, la maltrecha figura del Rey “honorífico”, Don Juan Carlos I. El Gobierno de Sánchez, sus extremistas socios y los paniaguados medios informativos afines no contentos con atacarle continuamente – en todo y por todo—con los falaces mantras de la corrupción, de los fraudes a hacienda, de su reciente venida a Sanjenjo y, hasta si debía o no dormir en Zarzuela, etc., etc…Ahora, cuando todavía está flotando en la galerna el reciente recuerdo de su último viaje a España, la Agencia Tributaria se saca de la chistera –cual prestidigitador de pacotilla—exhaustivas inspecciones de los ingresos y gastos del Rey “honorífico” en los ejercicios fiscales posteriores a su abdicación.

La atípica investigación incluye la petición de acreditación del origen de los fondos con los que se han pagado bienes, servicios y actividades cinegéticas a las que fue invitado entre los años 2014 y 2018. Tal es la inquina y el desafecto que siente sobre su persona que han llegado incluso – de modo rastrero y cicateramente– a pedirle cuentas hasta de los jamones regalados en su día… ¡Ver para creer! o como decía—en mis tiempos de diputado en la Asamblea Regional de Murcia, allá por el 2003— un compañero de bancada como muletilla para apostillar sus mociones: ¡Come higos, Maruja que se agusanan!.

Es extremadamente chocante y resulta, a todas luces, muy paradójico e increíble ver, cómo el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria del ministerio de Hacienda observa, acosa y le reclama todas esas informaciones. Y mientras ocurre todo esto y, al parecer, sin el conocimiento oficial (cosa que dudo) de María Jesús Montero –la “Farruquita de Triana” y, a la sazón, ministra de Hacienda—ésta, desgañitándose, jura y perjura por el Palacio de San Telmo que ella no sabe nada de nada y, mucho menos de la investigación oficial a la que está sometido el Rey, pues considera que la Hacienda Pública es un organismo estatal, totalmente independiente, y que, además, confía plena y absolutamente en la profesionalidad de sus funcionarios. Señora ministra, permítame que le diga en esta ocasión –como en tantas otras anteriores– ¡A otro perro con ese hueso o no me mande más jamones que tengo la despensa llena!

Al final, va a resultar Ud. tan trolera o más que su compañero de camada el ex ministro Ábalos –hijo del torero “Carbonerito”—la aciaga noche del “Delcy-gate” en el aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid. No solo es paradójico y absurdo, sino que además resulta vergonzoso y humillante, que mientras al Rey “honorífico” de España le contabilizan hasta el precio de los billetes de avión y de los jamones recibidos, al prófugo, golpista y traidor al reino de España, el expresident Carles Puigdemont que ha recibido –como Artur Mas– pagos de la Caja de Solidaridad, abierta por ANC y Ómnium, que le han permitido cubrir los requerimientos de la justicia española para que su sueldo, como eurodiputado, no fuera embargado y pudiera, también, beneficiarse de 14 millones de euros en donaciones con las que poder vivir tranquilamente fuera de España y, libre de cualquier investigación fiscal, ante la pasividad e indolencia de esos funcionarios tan profesionales de la Agencia Tributaria y, cómo no, de la ignorante y mismísima ministra Montero.

Actualmente y si no recuerdo mal el Código Penal español regula la prevaricación en sus artículos 404 y 446. Según se recoge en ellos, un funcionario no puede aplicar la ley o actuar conforme la misma en una determinada situación y realizar la actuación opuesta en otra. Ello supondría una actuar arbitrario, en atención a que todas las personas son iguales ante la ley, siendo la misma aplicable por igual a todos. Si tanto la Constitución como el Código Penal nos advierten severamente e incluso con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.

¿Qué es lo que podría pasarles a esos responsables, diligentes y profesionales funcionarios de Hacienda e incluso a la propia ministra, que mientras buscan ávidamente con lupas gigantes y de alta resolución la aguja en el pajar del Rey, se ponen de perfil, se olvidan y no ven los arpones balleneros en los pajares de los Mas, de los Puigdemonts, de los golpistas del “Prucès y de los CDR…? ¿Podrían incurrir en el delito de prevaricación? En cualquier país democrático gobernado por un presidente responsable, serio, justo y demócrata ya sabemos cuál sería la respuesta a esta pregunta.

Pero una vez más volvemos a toparnos de frente con la estulticia, necedad, mezquindad e ineptitud de un Gobierno –el de España– regido por un presidente-marioneta, irresponsable, felón, megalómano, egoísta e histriónico, cuyo único objetivo es el poder por el poder, que ha entregado a España a sus principales enemigos separatistas y chavistas, que está condenando al país a una ruina económica y social sin precedentes desde la Guerra Civil y dejando que la invada cualquiera –por traidor e inútil—para salvar de la quema sus acabada carrera política.

¡Claro, que para remediarlo, existen la puertas giratorias!

Ya lo saben y, aunque nunca me cansaré de repetirlo, una y otra vez hasta el infinito, “estos son sus principios… y si no les gustan, tiene otros”, pues como el famoso y repetido –en casi todos mis artículos—escorpión de la fábula atribuida a Esopo, los lleva impresos genéticamente en su naturaleza… y por eso morirá matando aunque se quede como el gallo de Morón: cacareando y sin plumas.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia