Pedro Manuel Hernández López: «Hablando claro sobre la «okupación»»

No hay día que no veamos, oigamos y leamos en los distintos medios informativos nuevos caso de personas que se han encontrado sus casas «okupadas» por auténticas mafias de delincuentes que –protegidos por las inconstitucionales leyes actuales y por la indolencia del propio sistema judicial– campan a sus anchas por los múltiples pueblos y ciudades de esta España distópica y Sanchista. El movimiento okupa es un movimiento social-radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros. La lacra de la okupación en España continúa sin freno. El año 2021 cerró con la friolera cantidad de 17.274 delitos y faltas relacionados con estos ataques a los legítimos dueños de todo tipo de viviendas. Esta cifra supera en 5.000 delitos las 12.214 okupaciones con las que terminó 2018, el mismo año en el que Pedro Sánchez aterrizaba en Moncloa. ¿Coincidencia o desgobierno?

Para estos profesionales, que viven a costa de y en las propiedades privadas de los demás, no hay distancia ni clases sociales, pues lo mismo te okupan un piso de las viviendas sociales de un barrio obrero que un chalet de lujo en el mejor barrio residencial de la ciudad. No se cortan un pelo ni se amilanan por nada ni ante nadie –incluidas las fuerzas de orden público–, pues son maestría en el escaqueo jurídico y expertos conocedores de que los subterfugios legales les protegen frente a los ciudadanos honrados que acatan las leyes , no infringen –por norma– el orden legalmente establecido y sin embargo son los que siempre cargan sobre sus ya débiles y sufridas espaldas con todo el peso de la ley, ya que por encima de ella , de algunos jueces y de la misma policía emergen y se erigen triunfantes los «squatlords» o «señores de la okupación».

Aunque la ocupación no es un término jurídico y no está incluida, como tal, en el Código Penal español, es la manera coloquial y habitual de mencionar el acto por el que una personal, varias, o incluso, familias enteras se instalan a vivir en inmuebles privados que no les pertenecen, ni legal ni jurídicamente.

¿Pero qué dice la Ley sobre la propiedad privada? Nuestra Constitución en el Artículo 33 dice textual y explícitamente que: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Si esto es así y al parecer no deja lugar a dudas ¿A qué están jugando los jueces que no ejecutan por la vía rápida este articulo y no mandan a la policía a desalojar ipsofactamente a esos delincuentes atrevidos, cínicos y facinerosos —«señores de la okupación»– que arruinan diariamente la vida y la economía de muchísimas honradas y trabajadoras familias españolas? ¿Qué hace este gobierno socialcomunista y progresista para impedirlo a parte de obligar al sufrido ciudadano –que ha sido impunemente desalojado de su vivienda– a iniciar un calvario judicial, de al menos 3 o 4 años, para litigar jurídicamente contra ellos con las consiguientes gastos económicos –en concepto de costas y minutas– que esto conlleva?

Aunque la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento de desahucio, en 2918 se reformó para agilizarlo (Ley 5 /2018) y en teoría — porque luego la cruda realidad es bien distinta– gracias a la nueva configuración de la norma el propietario podría recuperar su vivienda en pocos meses. A esto se le llama «desahucio exprés » y es la nueva medida contra los inquiokupas. Pero para que esta herramienta sea eficaz y eficiente se necesita de una aplicación efectiva por parte de los juzgados, y ello solo se puede hacer si se les dota de las herramienta necesarias.

Antes de esta reforma, echar a los okupas de una vivienda podía tardar más de dos años. Esto llevaba a muchos propietarios a optar por la “vía de hecho», lo que terminaba generándoles problemas jurídicos. La vía de hecho es lo que popularmente se conoce como «tomarse la justicia por su mano» para tratar de restablecer la situación sin pasar por los tribunales, bien amenazando, bien intimidando o incluso atacando a los ocupantes de la vivienda con cambiar las cerraduras, sabotearlas y bloquear los accesos a la misma.

Paradójicamente, el problema de la vía de hecho, es que esta no suele respetar los derechos de los infractores–los inquiokupas– aunque se trate de personas, entre comillas, que no muestran el mínimo respeto por el derecho de los demás. Si, ya sé que esto, hablando de estos grupos sociales violentos les puede sonar a mofa, befa o pitorreo o a las tres cosas juntas a la vez. Lo cierto es, que nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, sin distinguir si son okupas «por necesidad “o lo son «por vocación». Aunque esto al propietario se la» traiga al pairo» y a él solo le preocupe que no pueda hacer uso de su vivienda, que debe seguir pagando los recibos de la hipoteca, de la luz., del agua del gas, etc., etc., , por lo que si queremos sacarlos de nuestra casa deberemos acudir –sí o sí –a las vías legales para que las autoridades comprueben en qué situación se hallan y así poder desalojar nuestra vivienda. No hay que olvidar que, en todas estos affaires, España sigue siendo muy diferente, pues es uno de los pocos países de la Unión Europea que no castiga este tipo de delitos con penas de cárcel, algo que sí lo hacen en Francia, Reino Unido, Italia o Alemania. Además, aunque el okupa está obligado a demostrar en un plazo de 5 días hábiles el justo título de la vivienda, un contrato de alquiler u otro título que demuestre que la casa es de su propiedad –en el caso de España– la democrática progresista y social ley «sanchista» y «delgadista»(de Dolores Delgado) les otorga –no ciertos , sino bastantes– derechos a los okupas si estos demuestran que la casa es su domicilio, cosa muy fácil para estos desalmados y expertos maestros del escaqueo legal; saben de sobra que para esto solo tienen que pedir –varios días antes de la okupacion y por teléfono– unas pizzas a domicilio y , acto seguido, enseñar los tickets de compra a la policía cuando acuda al domicilio. ¡Come higos, Maruja que se «abusanan»!, solía decir el tío Pencho el de la Arboleja — antigua pedanía de la «güerta de Murcia– cuando en situaciones extraordinarias algo irracional, ilógico y demencial se imponía legalmente sobre lo racional, lo lógico y lo sensato.

Si estuviéramos en la República Bolivariana de Venezuela tendríamos que ir por las» cuadras” de viviendas y con un notario al lado que diera fe de las expropiaciones y desahucios a la voz de: ¡Exprópiese, exprópiese! Aquí ni siquiera eso. Con exhibir varios tickets de «Telepizza»o «Domino’s Pizza»a la policía es suficiente para que dejen tranquilos a los inquiokupas mientras los auténticos propietarios tengan que contentarse con acampar a las puertas de sus inmuebles y exigir con pancartas el desahucio y la devolución de sus inmuebles. ¿Cómo es posible que en España tengan más validez unos tickets de Telepizza que una escritura de propiedad refrendada por un notario ante la policía e incluso a los que, supuestamente, elaboran las leyes y están obligados a hacerlas cumplir? ¿Estamos en mundo distópico, irracional en el que todo va al revés? ¿Cuándo se ha visto que los pájaros le disparen a las escopetas, que los burros vuelen o que los ciruelos den melones?

Para corroborar toda esta sinrazón, encima, si los legítimos propietarios actúan por su cuenta podrían acabar denunciados e incluso condenados, por delitos de coacciones y allanamiento de morada, tras intentar vaciar la vivienda o cambiar las cerraduras aprovechando la ausencia temporal de sus «inquiokupas». Mientras Europa endurece las leyes contra los okupas, la España diferente –la demagoga, la sanchista, la pseudoprogresista y democrática– las relaja favoreciéndolos. Francia da más poder a los propietarios y la mera constatación de una okupación por la policía judicial es suficiente para instar el desalojo en 48 horas. Italia incrementa las penas de cárcel. Holanda ha recalificado su suelo industrial, para aprovechar como viviendas, inmuebles con un uso no residencial. Alemania contempla su desalojo exprés. En Gran Bretaña, basta la sospecha policial de una okupación para que se produzca su actuación sin necesidad de una orden judicial y, si hay denuncia de usurpación, en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas. En Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda.

Toda esta parafernalia, montada alrededor de los “inquiokupas”, como si de un espectáculo circense se tratase, me recuerda a una simpática canción infantil titulada » El mundo al revés” y que en algunas de sus estrofas se podía leer y escuchar:

«Me dijeron que en el mundo al revés/ Nada el pájaro y vuela el pez…

Que los gatos no hacen miau pero sí que dicen yes / Porque estudian mucho inglés…

Al revés, al revés/ Todo el mundo al revés (bis)…

Me dijeron que en el mundo al revés/ Nadie baila con los pies…

Que un ladrón es vigilante y que el otro es el juez/ Que dos más dos no son cuatro/ Sino solamente tres…

Me dijeron que en el mundo al revés/ Cabe un oso en una nuez…

Que los bebés usan barba / Y que un año dura un mes».

Este es el Gobierno que tenemos y esta es la Ley que aplican unos jueces diferentes en una España diferente– que ya no sabe qué hacer– para mantenerse a la cabeza de La Unión Europea en todo lo malo que un país tiene cabida y bajo los anuentes auspicios de un Gobierno autárquico, narcisista, prepotente y megalómano,. Todo esto es así –sencilla y llanamente– porque «esos son los principios» –como bien saben– de Sánchez y de los comunistas y separatistas que lo sustentan. Ya saben que si estos no nos gustan tienen otros que aún nos gustarán mucho menos. Pero mientras tanto: ¡Caña al pueblo –en este caso, no al mono– que es de goma y se deja! ¿Qué se puede esperar de un Gobierno, que si descubre a un autónomo en su pequeña empresa con el aire acondicionado por debajo de los 27º C, le sanciona con una multa casi millonaria, mientras que si, esto mismo, lo hace un inquiokupa en tu vivienda, no solo no le sanciona, sino que obliga al propietario a pagar la factura o incluso la sanción? Por eso, cantemos todos: ¡Al revés, al revés, todo el mundo al revés, al revés, al revés, demos palmas con los pies! Según nos dice el viejo adagio castellano– referido en la primera parte del capítulo 22 de Don Quijote de la Mancha–: ¡Quién canta, sus males espanta!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia