José Manuel García Albarrán: «Traición infame y ‘silencio’ cómplice»

En pleno comienzo ‘oficial’ de la Campaña electoral de Autonómicas y Municipales, aunque los políticos y el gobierno lleven ‘dando la matraca’ desde primeros de año, salta la ‘noticia bomba’…

“La inclusión en las listas de candidatos para las locales, provinciales y autonómicas del País Vasco y de Navarra de 44 etarras -cuarenta y cuatro, 7 de ellos -siete- han cumplido condena por ser protagonistas  y autores directos de asesinatos

-delitos de sangre- cometidos durante la actividad criminal de la banda terrorista ETA.

Esto se ha conocido por el  comunicado que ha hecho público el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el Pais Vasco

-COVITE- y lo ha publicado en primera página el diario ABC para conocimiento de todos los ciudadanos y vergüenza de este gobierno que pacta con EH Bildu continuamente siendo estos los descendientes directos de ‘Batasuna’ que fue el brazo político de ETA.

No es casualidad que Zapatero dijese hace unos días:

“Hemos normalizado que en la vida parlamentaria pueda haber acuerdos… ‘dijimos a los que apoyaban el terror en su día que si dejaban las armas tendrían su juego en las instituciones democráticas’ y esa promesa democrática la mantendremos”.

¡Pues ya está, blanco y en botella! ¿No?

Mientras tanto, los ministros  y algunos diputados, incluidos los de EH Bildu, asediados por la prensa ‘no afín’, decidieron hacer ‘mutis por el foro’ o dicho en ‘román paladino’ no contestar a ninguna pregunta y salir huyendo, sobre la inclusión de nada menos que 44 -cuarenta y cuatro- etarras en las listas de las elecciones del 28M para ocupar cargos Municipales y Autonómicos en País Vasco y Navarra retribuidos con fondos del erario público… ¿Será para ‘premiar’ su lucha por la ‘Independentzia de Euskal Herria’?

¡Vergonzoso, execrable e infame!

Les voy a recordar quienes son estos ‘valientes gudaris’ asesinos etarras, sus fechorías y sus condenas que con el beneplácito, el ‘silencio’ y el ‘consentimiento’ de este gobierno social-comunista, van a poder presentarse, si la Justicia no lo impide, a estas elecciones y ser elegidos para ostentar un cargo político en esos mismos  pueblos o ciudades en donde asesinaron o ayudaron a asesinar a guardias civiles, militares, políticos e incluso a empresarios que eran sus propios paisanos.

Agustín Muiños: ‘Tinín’ -29 años por un asesinato-
José Antonio Torre: ‘Medius’ -20 años por dos asesinatos-
Begoña Uzcudun -18 años por un asesinato-
Juan Ramón Rojo -30 años por un asesinato-
Asier Uribarri -16 años por  asesinar a un guardia civil-
Lander Maruri -16 años por  cómplice de un asesinato-
Juan Carlos Arriaga -29 años por asesinato de un Comandante retirado.
*Los otros 37 condenados por colaboración y pertenencia a banda armada.

A la vista de esto cabría preguntarse…

¿Qué requisitos tiene que cumplir un ciudadano/a en España para formar parte de una lista electoral y optar a ocupar una alcaldía o cualquier otro cargo municipal, autonómico o incluso estatal?

¿Se le exige un nivel mínimo de estudios?

¿Se le exige una experiencia profesional o unos conocimientos  relacionados con  el cargo que va a desempeñar?

¿Se le exige un Certificado de Antecedentes Penales? ¡Evidentemente NO!

O sea… que en este País, para acceder a cualquier trabajo del funcionariado autonómico o estatal (Bombero, Policía, Guardia Civil, Correos, Juzgado, etc.) se precisa como mínimo tener un nivel de  Bachiller Superior, un Certificado de Penales, una forma física para superar las pruebas deportivas, una aptitud psíquica baremable y realizar una oposición con examen de conocimientos específicos del puesto a ocupar, teniendo que competir con miles de opositores y, por supuesto, estar libre de imputación en cualquier causa ya sea penal o administrativa.

Pero para acceder a un cargo político electo o no, corríjanme si me equivoco, solo se precisan estudios primarios, sin importar sus antecedentes laborales ni penales y pudiendo ocupar el cargo que se le asigne sin haber cotizado un solo euro a la S.S. por no haber tenido antes ningún trabajo remunerado.

La duda es: ¿Qué partido político estará dispuesto a modificar estas condiciones?

¿Que partido político estará dispuesto a anular las prebendas fiscales (IRPF) que tienen los diputados, senadores, secretarios, consejeros y ese largo etcétera que forman éste ‘distinguido elenco’?

¿Que partido político anulará los llamados coloquialmente  sueldos NESCAFÉ? por ser para toda la vida.

¿Que partido político reducirá el parque automovilístico oficial y limitará los viajes en Falcom y Super Puma, aunque solo sea para cumplir la agenda 2030 y mejorar el ‘calentamiento global’?

¿Que partido político se comprometerá a reducir el número de ministerios, ministros, asesores, secretarios generales y demás mamandurrias autonómicas de carácter oficial?

¿Que candidato a Presidente ya sea Autonómico o de la Nación se comprometerá a cumplir el programa electoral bajo pena de dimisión forzosa en caso de incumplimiento?

¿Que partido político mirará por el bien de los españoles anteponiendo éste a políticas impuestas por la agenda europea y por intereses espurios?

¿Que partido político volverá a diferenciar y a respetar los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

Y por último ¿Que partido político volverá a legislar en la Cámara en consenso con la oposición mayoritaria y no ‘por la puerta de atrás’ como lo han hecho con innumerables Decretos Ley?

Volviendo al tema de inicio he escuchado a algún político de izquierdas, refiriéndose a los ‘etarras electos’ como una situación que está dentro de la legalidad…

Creo que no vendría mal que se apreciase la diferencia entre ‘Legalidad’ y ‘Legitimidad’.

La ‘Legalidad’ hace referencia a algo que se encuentra bajo una realidad concreta y responde a una norma escrita.

La ‘Legitimidad’ sin embargo  es algo que tiene trascendencia más allá de lo legal y ‘apela al ideal de ética o justicia’ que debe incorporar toda norma.

Es decir, que aunque se admitan dudas sobre si estos asesinos puedan formar parte de las listas electorales atendiendo a la ‘legalidad’, no creo que haya dudas sobre su ‘legitimidad’, de la que carecen por sus antecedentes y por la ausencia de ética y sentido de la justicia que han demostrado a lo largo de su macabra historia.

Espero que impere el sentido común a nivel judicial y eviten que se cometa esta tropelía o fraude de ley para que estos indeseables estén inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado