Para que conste en actas, de entrada, lo que afirmo en el título de este artículo de opinión, es de momento –aparte de irreal por inviable– absoluta y totalmente imposible. Aunque ahora lo llaman “ghosting laboral”, en realidad siempre ha existido (aunque es cierto que se da con más frecuencia en la generación milennial y centennial). Esto básicamente se produce cuando un trabajador “desaparece”, es decir, deja de ir a la empresa sin más. Ahí es donde se abre la puerta de la eterna duda y que ha sido resuelta de manera muy dispar por la jurisprudencia actual : ¿despido tácito o franca y voluntaria dimisión?.
Aunque no parece que exista ningún paralelismo que se corresponda con las «obligadas funciones políticas» de un presidente de Gobierno o de cualquier miembro de su gabinete , no estaría de más que se planteara algún tipo de jurisprudencia al respecto para que cuando los altos cargos de un Gobierno –desde el presidente en persona hasta el último cargo electo– ejerzan el nuevo deporte nacional, llamado «ghosting político», es decir cuando no acudan al control del Gobierno en el Congreso, en el Senado o en las respectivas Comisiones en las que se les cite para temas concretos y de interés general.
Esa actividad –la de hacer mutis por el foro– es cada día mucho más frecuente entre nuestros políticos, con independencia de la ideología y del partido en que militen, ya que pillos, trileros y caraduras los hay en todos, aunque claro está, siempre –como en la viña del señor– los hay más en unos partidos que en otros y …el que quiera «entender» que entienda. Esto es así y, ocurre como la vida misma.
¿Se imaginan que se pudiera cesar a un político del cargo para el que fue designado por no cumplir con las obligaciones para las que ha sido elegido? ¿Y qué me dicen si esto mismo se pudiera aplicar al presidente del Gobierno, a sus ministros o a los presidentes y consejeros de sus respectivas CC AA ?
Aunque, de momento, esto es casi imposible –por no decir imposible del todo–su futurible implantación y su improbable aplicación legal implicaría un profundo cambio de la actual legislación del Derecho Laboral, que es la rama del Derecho que regula el marco legal de las relaciones entre los distintos trabajadores y los empleadores para garantizar el cumplimiento de todos los derechos y deberes recíprocos y fundamentales.
Si esto llegara a implantarse alguna vez, otro gallo nos cantaría a todos. Todo sería muy distinto . Los políticos no se mirarían tanto el ombligo y andarían con pies de plomo sabiendo que en cualquier momento la espada de Damócles en forma de «despido o cese» podría caer sobre ellos al igual que les ocurre al resto de los trabajadores de cualquier empresa pública e incluso privada cuando no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada.
Si esta hipótesis existiera… ¿Dejaría Sánchez –como hizo en la Pandemia y después — de asistir a las sesiones de control del Gobierno en el Congreso y el Senado?. Si no recuerdo mal, Sánchez acumula en su «haber personal» nueve largos meses– nueve– sin comparecer para nada personalmente al control del Senado.
Aunque la cifra de sus no comparecencias a las sesiones de Congreso no llegue a ser tan alta como la del Senado, Pedro Sánchez tuvo que escuchar –aunque no le gustó nada en absoluto– en su momento y de boca de Cuca Gamarra que «el Congreso no se cierra ni en el más puro estado de guerra», en franca alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que declaró: «que no se podían suspender las actividades del Gobierno en el Congreso, pese al Estado de Alarma durante la pandemia del Covid-19 o que este estuviera en funciones».
Posteriormente –y ya en esta actual legislatura– la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP ha vuelto a denunciar la “injustificable inactividad institucional” a la que la «dona» Armengol está sometiendo al Congreso de los Diputados, por orden expresa de Sánchez. El es el único responsable, al manejar a su antojo a la presidenta para mantener el Congreso de los Diputados “cerrado a cal y canto”.
Todos los que hemos tenido el honor de haber sido políticos activos en la Cámara Alta –y seguimos el día a día de la actual política nacional y de la regional– sabemos por propia experiencia que Sánchez ha intentado, intenta e intentará siempre obtener los máximos poderes posibles con los mínimos controles y, ahora está utilizando a Armengol para que el control al Gobierno –mientras ha estado en funciones– haya sido el minimo y casi inexistente.
El no acudir regularmente a las Cortes Generales le ha permitido a Sánchez y a su gobierno de coalición — ni progresista ni mucho democrático– el poder escaquearse de sus ineludibles obligaciones políticas inherentes al Poder Ejecutivo y así, de un modo sencillo y fácil, ha podido sacar adelante sus iniciativas legislativas mediante Decretos-Leyes, a cambio, eso sí, de orillar el debate parlamentario en las Cortes.
De todos los presidentes del Gobierno que le han precedido en el cargo, Sánchez ha sido, con diferencia, el presidente –que durante los escasos cinco años de gobernanza– más Decretos-Leyes ha aprobado desde junio de 2018, es decir, un total de 138.
Su Gobierno ha convertido el Decreto-Ley en la forma más ordinaria de legislar y su utilización abusiva –sin respetar los límites establecidos por la Constitución– ya no es una norma prácticamente alternativa, y excepcional, sino que se ha convertido en sustitutiva de la Ley, lo que supone un deterioro del proceso «parlamentario deliberativo», según se afirma en el I Informe sobre la situación del Estado de Derecho en España 2018-2021, de la Fundación «Hay Derecho».
Por todo lo dicho, aunque esto no deja de ser un tópico inviable por el momento, no estaría mal que los juristas se plantearan penalizar el » Ghosting Político» de la misma manera que el actual Derecho Laboral –previo estudio de las circunstancias causales– sanciona a cualquier trabajador que incumpla sus obligaciones laborales para las que ha sido contratado a cambio de un contraprestación económica .
Pero claro ¿qué ratón es el valiente que le pone el cascabel al gato…? No nos olvidemos de quién depende no solo la Fiscalía sino el resto de los «tres poderes» en España. Una cosa es afirmar –con la boca llena y hasta queda muy bien–que la plena soberanía nacional reside y le corresponde al pueblo español, es decir, que todos los ciudadanos son los titulares del Poder Público y de él emanan los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; y, otra muy distinta es, que esto que debería ser así –en cualquier estado democrático– se cumpla en el Gobierno Sanchista, pese a que vayan proclamando a los cuatro vientos su desacreditada democracia y su artificial y falso progresismo .
En esta ocasión, no solo nos hemos topado con la Iglesia sino también con toda la Curia de Roma y, además la época en que Virgilio citaba en la Eneida (siglo I a.C.) aquello de «audentes Fortuna iuvat»(La fortuna ayuda a los audaces) ha pasado de moda para este gobierno de coalición y en su lugar lo que prevalece –porque les sirve a sus cicateros intereses– es lo de que » el Poder » ( potestas) y solo el Poder favorece a los tramposos, a los trileros, a los traidores, a los que quieren dividir y destruir España y a los mentirosos que no quieren reconocer que nos mienten hasta cuándo nos mienten y que a eso lo llaman cinicamente «cambiar de opinión». ¡Sin comentarios!
Por si todo esto fuera poco » los idus de marzo han llegado, ya han pasado… y al final, como nos cantaba Julio Iglesias –en la década de los sesenta– «LA VIDA sigue igual», ya que, en la España distópica y orwelliana de Sánchez se manipula –por real decreto– la información oficial, se practica la vigilancia masiva, se coarta la libertad de prensa a los medios no afines y, la represión política y social está a la orden del dia, excepto para todos los que atentan contra la unidad constitucional y territorial de España. Éste es el caso de Carles –el golpista y prófugo de Waterloo– y de su banda de conmilitones, de separatistas e independentistas a quienes Sánchez quiere amnistiar y allanarles ,si o si, judicialmente su camino hacia el referéndum unidireccional que les conduzca a la independencia de Cataluña en forma de «República».
Resulta paradójico y hasta casi hilarante que casi siete años después –de que Puigdemont proclamase la independencia de Cataluña como una República soberana, independiente y de pleno derecho, democrático y social– a día de hoy sigamos en el mismo punto de partida pero con un Carles mucho más convencido, contumaz y personalista con su aspiración política– a la que nunca ha renunciado– y sobretodo, mucho más reforzado legal y judicialmente por un genuflexo y chantajeado Pedro Sánchez, quién –por siete miserables:y codiciosos votos– le ha entregado España en bandeja, tal y como en su día hiciera la bíblica princesa Idumea e hija de Herodías, Salomé –con la cabeza de Juan el Bautista– a Herodes, no pos siete votos sino como contrapartida a su exótica y sensual danza.
No obstante, Julio Iglesias nos intenta animar y levantarnos la moral para recuperar esa casi perdida esperanza con aquellas bellas y melancólicas estrofas cuando nos recuerda que :
(…) » Pocos amigos que son de verdad/ Cuanto te halagan si triunfando estas/ Y si fracasas bien comprenderás/ Los buenos quedan los demás se van/.»
«Siempre hay por quién vivir/ y a quien amar/ Siempre hay por qué vivir por qué luchar/ Y al final las obras quedan/ Las gentes se van / Y otros que vienen las continuarán/ La vida sigue igual…»
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodísmo y ex senador por Murcia.
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