Para que exista verdadera democracia debe existir libertad política. No sólo libertades individuales. No sólo que ciertos derechos garanticen la libertades civiles sino que los ciudadanos tengan libertad política, es decir que el pueblo sea el titular de la soberanía y que de hecho ejerza a través de las instituciones los poderes constituidos. Por eso es facil concluir que hoy en España, a pesar de existir un texto constitucional y como consecuencia de las agresiones ilegítimas desde la propia Presidencia del gobierno, nada de esto sucede en absoluto.
Lo que tan desalentadora constatación pone de manifiesto es la necesidad perentoria de que, previas las modificaciones o interpretaciones constitucionales oportunas, arts 99 y 101 etc., el pueblo soberano elija directamente a su presidente y en consecuencia pueda destituirlo inmediatamente, si hay razones, como es el caso, sin necesidad de que pasen 1, 6, 10 o 20 años, a traves del sistema que el pueblo establezca a tal efecto, a traves de un referendum o lo que fuere. Que para algo es soberano.
Las flagrantes agresiones a la democracia que está llevando a cabo el autócrata de forma contumaz, la última su «Plan para amordazar a los medios y estrujarlos financieramente hasta que quiebren» que llama «Plan de Acción para la Democracia», habiendo colocado para convalidarlas a un esbirro como supremo intérprete de la Constitución, hace que la moción de censura, -bloqueada por sus chantajeadores y cómplices,- o el mecanismo de anticipar las elecciones en sus manos no puedan ser los únicos mecanismos para defenderse de un tirano.
Para repeler una agresión ilegítima continuada y más que acreditada por parte de un tirano no sujeto a ley, en España como en Venezuela, no puede descartarse la «legítima defensa de la democracia», un concepto a desarrollar, cuando la Nación se ve obligada a defenderse de una agresión que no está obligada a soportar ni ha sido provocado por ella.
Que concurre el requisito de «agresión ilegítima» es incuestionable, llevada a cabo de forma progresiva, planificada y flagrante por un individuo sin escrúpulos que jamás ha ganado unas elecciones, y que para mantenerse en el poder han llegado a falsear procesos con cortinas o pucherazos y cómplices que no han dudado en emplear el golpe, el asesinato, el chantaje o la colaboración con otros tiranos en perjuicio presente y futuro de la Nación a través del vaciado de las arcas públicas entregadas a sus espaldas eán exclusivo interés político y económico del autócrata.
Ante una agresión semejante la democracia se convierte en una cuestión de ser o no ser. Y España, como Venezuela, a causa de esa agresión, han dejado de ser. No hay tiempo ni espacio para salir al paso de todas las majaderías y señuelos con las que reviste y distrae el tirano local su agresión constitucional y las de sus esbirros, trepas igual que él, menos perversos pero más ruines si cabe, mientras crea su paraíso normativo a su imagen y semejanza y modela sus instituciones donde coloca eunucos y verduleras.
«Nada puede ser más grosero que los cómplices», pone Yourcenar en boca del emperador en Memorias de Adriano, que se están beneficiando callando o mirando para otro lado, ante la ambición y estulticia del autócrata y su ambiciosa mujer que viniendo del fango pretenden vivir en él «a cualquier precio» en busca de un barniz académico para hacer negocios aprovechando la presidencia de gobierno mientras sus majaderías nos distraen de sus villanías.
Ante las agresiones de Sanchez y sus bwanas contra la democracia no bastan los procedimientos ordinarios ni la valentía de unos pocos jueces sino que es precisa la legítima defensa. El ataque a la democracia es incuestionable. Como lo es que la democracia sin controles no es democracia y que un Estado sin división de poderes no es un estado de derecho.
No se trata de llevar a cabo una revolución porque siempre hay que reconstruir lo destruído, sino de encontrar al amparo del artículo 2.1 de la C.E. y la exigencia de «soberanía popular efectiva», -que no es una mera declaración retórica,- en tanto permanezca tomado el Tribunal Constitucional, una forma de destitución del gobierno, que salve el art 102 de la CE, en el supuesto más que acreditado de contravención y peligro para los intereses generales, en «legítima defensa de la Nación».
No es sencillo pero es una vía por desarrollar. Se trata de las diferentes actuaciones, manifestaciones y decisiones conscientes, voluntarias creativas, pacíficas y adecuadas que puedan ser llevadas a cabo en legítima defensa de la democracia, para repeler o impedir las agresiones ilegítimas del dictador que impiden la libertad política y que deberán recaer exclusivamente sobre bienes jurídicos del gobierno agresor y jamás sobre bienes jurídicos de terceros o bienes jurídicos colectivos y suprapersonales.
No cabe alegar que hay otras alternativas para defender el bien jurídico aparte de la autodefensa porque se ha demostrado que frente a la agresión continua, malévola y desafiante de un tirano frente a un pueblo, aunque se estime en la mitad de él, no hay alternativa. La propia jurisprudencia tiene manifestado que, aunque exista la posibilidad de huida, la de acudir a las autoridades o la de pedir auxilio a terceros, la necesidad de defensa sigue estando presente.
Así deberá considerarse la concurrencia de «legítima defensa de la democracia» en las acciones proporcionadas que lleven a cabo los españoles de ahora en adelante frente a las agresiones ilegítimas, la última la venganza por lo de su mujer que es este siniestro plan contra la oposición y la prensa crítica de un régimen que, haciendo justamente lo contrario de lo que dice, ha volado todos los puentes y desactivado o destruído flagrantemente todos los controles políticos que forman parte de Su Soberanía.
