Pedro Manuel Hernández López: «Apostillas sobre la Memoria Histórica y Democrática…»(2ª parte)

Estos fueron, entre otros, los delitos frecuentes y los crimenes más comunes cometidos por el Gobierno de la Republica y sus sanguinarios gobernantes que dieron lugar a las famosas «sacas» de presos» –«situaciones de extrema violencia ocurridas en las cárceles de diversas partes de España»– durante la guerra civil española (1936-1939) junto a los «paseos» y las «checas», en los que su destino final siempre eran las «cunetas» o las «fosas comunes».

Y si alguien ya no lo recuerda que se lo pregunten al entonces Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid– D. Santiago Carrillo, alias» Duque de Paracuellos», a partir de esta luctuosa efemérides– quien dió la orden para que alrededor de 6.000 civiles fueran fusilados en Paracuellos del Jarama por las Milicias del Partido Comunista de España.

Durante la brutal represión del bando republicano — llamada  el «Terror Rojo»– el número de muertes de civiles españoles del bando nacional asesinados osciló entre 55.000 y 110.000, cifra que oscilará, según sea estudiada por las diferentes ideologías de los historiadores  del tema o que les apliquen » la ley campoamor» que siempre nos recuerda que: << en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira>>.

Tampoco he visto ni oido que , a día de hoy –ni durante el gobierno del felón presidente ZP ni del mejor y su más aventajado alumno , el megalómano y mentiroso compulsivo, Pedro Sanchez–ninguno de los dos hayan dado las oportunas y concretas órdenes al Ministerio correspondiente para, que del mismo modo que están haciendo con todos los vestigios y las menciones conmemorativas de la exaltación personal o colectiva del levantamiento militar  y de la represión de la dictadura– sean retiradas todos los símbolos «rojos» o  republicanos de todos los edificios y espacios públicos (calles, plazas y ciudades) de  España.

No hace falta ser un sabueso ni tener la sagacidad intuitiva de Sherlock Holmes para poder  constatar –paseando.por Madrid, Barcelona y demas capitales de provincias– y percatarse de que «los vestigios de la legalidad republicana siguen ondeando desafiantes» como banderas al viento.

La política de renombrar las calles para desacralizar los espacios públicos durante la Segunda República fue otro de sus objetivos más mediatos. La idea inicial fue potenciar un nuevo santoral laico donde junto a próceres civiles anticlericales –como «Marcelino Domingo» o «Vicente Blasco Ibáñez»– se exaltaran a diversos militares y mártires de la República.

Los republicanos emprendieron una política de desacralización de edificios  y una nueva reterritorialización del espacio público durante la época del Gobierno social-azañista . El resultado:  la sustitución del nombre de muchas calles en las distintas ciudades de España.

La obsesiva reterritorialización republicana conscientemente provocadora y generadora de conflictos, resultó ser un ejemplo más de la escasa capacidad nacionalizadora e integradora de la mitificada Segunda República.

Al contrario –de los últimos y vengativos gobiernos social comunistas y bananeros de ZP & Sánchez– ni siquiera el opresor y dictador,  Francisco Franco, hizo de la eliminación de estos emblemáticos signos en edificios publicos y de muchos nombres de la República de las calles, una compulsiva, vengativa e intensa obsesión. Muchos se quedaron ahí, a la vista de todos y ahí siguen. ¿Para qué iba invertir un dinero –del que no disponía– en suprimirlos si había ganado la guerra civil y la complicada situación autárquica y económica de la España de la postguerra no estaba para tirar cohetes…?

Prueba de esto, es que no son pocos los actuales  «escudos republicanos» que siguen luciendo en icónicos edificios, como el que preside el «Banco de España», en la calle de Alcalá; el que hay sobre el reloj exterior en la «Estación de Atocha» y el que luce en el «Palacio de Parcent», una de las tres sedes que el «Ministerio de Justicia» tiene en Madrid.

Son muy pocos los que saben, que el escudo que preside el «Salón de Plenos del Tribunal Supremo» su origen es también el mismo.
Exteriormente, existen otros vestigios republicanos muy claros, como es la trasera del «Ministerio de Agricultura» o el «Parque del Retiro» de Madrid.

La segunda vengativa y revanchista ley íntimamente relacionada con la de ZP –y que también se incluye y asocia con la «memoria de largo plazo»– es la llamada «Ley de la Memoria Democrática». Esta  fue promulgada por Sánchez, «El puto amo»( Óscar dixit), y que tras ser aprobada entró en vigor en octubre de 2022,

Esta Ley busca «fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista a través de iniciativas como la creación de un Censo de Víctimas y la retirada de cualquier simbolo evocador».

Ha supuesto un paso más en la rencorosa  y retorcida senda que abrió ZP en 2007. Frente al «guerracivilismo» pareidólico y obsesivo y la exclusión de ciertas víctimas– las del terror rojo– los de Nuñez Feijóo y los de Abascal propusieron abarcar a todas ellas y reivindicando la histórica concordia alcanzada en 1978, con la promulgación y aprobación de nuestra actual «Carta Magna».

¿Quiénes serían las víctimas en uno y otro caso…? ¡He ahí la cuestión! , como diría Williams Shakespeare por boca del príncipe de Dinamarca, el joven Hamlet.
Mientras que para los comunistas de Sumar y los sociatas de Sánchez, serian todas las personas «que hayan sufrido, bien colectiva o bien individualmente –daño físico, moral o psicológico, así como daños en su patrimonios y menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales (…); para los del PP y VOX, hay que incluir –además de las víctimas de la guerra hasta la aprobación de la Constitución– a todas las víctimas de «violencia política y social», desde la Segunda República hasta la actualidad; además se introducen las víctimas del terrorismo de ETA, el GRAPO, el FRAP y las del terrorismo del Islám.

En cuanto a los conceptos de «guerracivilismo» y «concordia», la exclusiva y separatista Ley de Sánchez ahonda –en que la memoria de las víctimas del golpe de Estado, Guerra Civil dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación– y representa, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es un signo inequívoco de la calidad de la democracia. La historia de un pueblo no puede construirse ni desde el silenciamiento ni del olvido de los vencidos.(…).

En cambio, en el texto del PP y Vox, registrado en las Cortes Valencianas, se subraya que —«la Guerra Civil nos debe enseñar a todos que no importa el bando ni su color ni el origen ni sus creencias religiosas o políticas– el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Las víctimas fueron, son y serán siempre «las víctimas» con total y absoluta independencia del lugar donde cayesen».

En cuanto al «ámbito educativo», en la norma estatal sanchista se recoge que se actualizarán los contenidos curriculares para la ESO, FP y Bachillerato de forma que se incluyan «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades de la democracia, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura»

Mientras que en el resto de Comunidades –que carecen de la Ley de Concordia de Castilla y León– simplemente se indica que se incluirá en el currículum educativo «la formación en la defensa de los derechos humanos y las obligaciones contenidas en la Constitución, en el Estatuto de las respectivas Autonomías  y en los valores superiores del ordenamiento jurídico»

Respecto a las «exhumaciones» en general, todas las respectivas Administraciones Públicas, facilitarán a los  ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión política» y, siempre  con independencia del bando en el que militaron, su ideología y/o demás circunstancias personales.

No obstante, la historia de cualquier nación — como es el caso de España– debería ser siempre historiografiada por los que realmente saben cómo interpretar hasta los más mínimos detalles ocurridos, el por qué de los mismos  y sus futuribles consecuencias y, estos deben ser siempre los «historiadores» y que nunca deberian ser los políticos de turno y mucho menos con leyes coercitivas que solo favorecen a una de las facciones que han intervenido, a las suyas. Estos son auténticos y expertos maestros en el escaqueo histórico y en la tergiversación de la historia pasada para adecuarla a sus más ladinas intenciones y ambiciones.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.