Pedro Manuel Hernández López: «¿Qué oculta la Ministra de Sanidad bajo la posible desaparición de MUFACE…?»

El 1 de enero de 2025 todo puede cambiar para más del millón y medio de funcionarios asegurados en MUFACE.
A falta de que finalicen las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, el margen previsto hasta el próximo mes de febrero va expirando.
Las aseguradoras que prestan asistencia sanitaria al concierto de Muface (Asisa, Adeslas y DKV) tienen ahora en sus manos el futuro clínico-sanitario de ese alto número de funcionarios adscritos a la mutualidad de Muface. Los empleados públicos adscritos un son parte del 80% de mutualistas que optan por la sanidad privada. Esto ha provocado que se esten ya planteando tres escenarios posibles: seguir en la mutualidad, pagar un seguro sanitario privado o derivar su historial clínico a la sanidad pública. Se avecina pues, una oleada de miles de personas dejando a Muface y optando por el SNS .

¿El problema…?.»Posiblemente tal y como está la Sanidad Publica (Seguridad Social) no va a ser posible dar cobertura a todo este amplio y futurible contingente de mutualistas porque no se dispone de capacidad física para poder atenderles adecuadamente”, han sentenciado desde el CSIT. Mientras tanto, ese millón y medio largo de funcionarios (de los que el 65% son docentes, según el Ministerio para la Función Pública) esperan una respuesta a su ya inminente futuro sanitario.

Las negociaciones comenzaron a principios de este verano, cuando el Gobierno deslizó que la prima para el siguiente bienio (2025-2026) de la mutualidad rondaría el 24%. En cambio, a principios de octubre el Gobierno cambió el sentido del diálogo: propuso que la subida a pagar a Asisa, Adeslas y DKV –las compañías sanitarias que atienden a los funcionarios–fuera del 17% , cifra que está muy por debajo de las expectativas de las propias aseguradoras, que solicitaron un 40% . Ante está oferta «a la baja», la sanidad privada y los sindicatos sanitarios han tachado al Ejecutivo sanchista de negociar el «fin deliberado» de Muface . Si no firma su nuevo concierto, más de 35.000 funcionarios tendrán que pasarse forzosamente a la Sanidad Pública y temen que se produzca «un gran y grave colapso sanitario».

Las aseguradoras privadas afirman que la subida propuesta por el Ejecutivo sanchista no les permite cubrir costes y que su desaparición supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al SNS al tener que absorberlos. El 65% de los funcionarios cubiertos sanitariamente por Muface son docentes de primaria, secundaria y universitarios, mientras que el 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

El gasto medio por usuario del presupuesto destinado a Muface ha ido disminuyendo en la última década. En concreto, mientras que en 2014 la cifra era de 1051,6 euros por usuario, diez años después, es de 784 euros, es decir, el gasto por cada usuario ha bajado 260 euros desde hace una década y supone un 74,5 % en total.

A pesar de ello, un informe de la «Universidad Complutense de Madrid» (UCM) y la «Alianza de la Sanidad Privada Española» detalla que el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y que su desaparición provocaría un incremento en las listas de espera del 266% para consultas externas y del 115 % para las intervenciones quirúrgicas.
El acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE-SUMAR llegaba con mucha incertidumbre respecto a la renovación de este modelo de mutualidades. Sin embargo, el texto del pacto no recogía en ningun momento un acuerdo entre ambos partidos sobre «la extinción del modelo Muface», algo que «sí» y «ya» lo incluía SUMAR en su programa electoral. Aunque podría esquivar su propio final, las propuestas lanzadas, a última hora, por las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa y que aportan esperanza respecto a su posible salvación, hay mucho temor por parte de los mutualistas que trabajan en el extranjero, pues el fin de Muface va a suponerles la asunción de la idiosincrasia de los «sistemas sanitarios» de los países en los que residen y, destaca que lejos del entorno europeo, una buena parte de los estados «no ofrecen un régimen de salud público», por lo que las facturas van a depender directamente del paciente y la asistencia deberá ser prestada por empresas privadas.

Eso sí, de momento, el Gobierno del «Puto Amo» afirma –a través de Óscar López, su servil e inseguro Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España– que amparará a esos funcionarios (¿..?). Pero, la facilidad y frecuencia con la que Sánchez en persona y su socialcomunista dictadura, por ordeno y mando, «cambian de opinión» –aunque en roman paladino a esto se le llama «MENTIR– yo no me fiaría para nada de lo que puedan afirmar y mucho menos prometer.

La hipotética, pero más que posible «desaparición» de MUFACE haría una gran mella económica en las arcas públicas: en concreto, más de 1.214 millones de euros sería la cifra que — según informa el «Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad» (IDIS)–provocaría su fin y la asunción de sus pacientes por el SNS. Este mismo documento señala que, aparte de la sobrecarga clínica. se generaría una importante sobrecarga de trabajo en todos los servicios sanitarios autonómicos al requerir un mayor «aumento de personal sanitario y administrativo» para la digitalización de las historias clínicas de ese 1,5 millón de funcionarios que en la actualidad usan el servicio sanitario de atención privada.

Y es que los empleados del SNS tendrían que hacer una revisión del historial clínico de cada paciente y seguir la línea de consultas por las que ha pasado, al no contar con un conjunto de datos unificado. Motivo por el que demandan nuevas herramientas para hacer frente a este hipotético escenario. Una tarea que califican como un «reto sin precedentes».
Pero a parte de todas estas graves dificultades económicas, sanitarias, de personal y administrativas ¿ qué hay realmente debajo de todo este totum revolutum rebozado por una subida de primas y de todas las consecuencias que traería consigo que más de un millón y medio de funcionarios pasaran a ser atendidos por el SNS…? Parece ser que, aunque el PSOE niega la mayor por boca de la Farruquita de Triana y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, su principal y valedero socio de SUMAR ya abogaba en su programa político «cargarse» MUFACE, tal cual.

No obstante, la ministra de Sanidad, Mónica García, popularmente apodada «la MeMa» –no se sabe si con cariño o con mucha ironía, pues ella va siempre presumiendo, por ahí y a troche y moche, de ser «Médico y Madre»– está a caballo entre el PSOE y SUMAR, parece que es mucho más afín a la tesis de SUMAR (dada su afín ideologia filo-comunista) al haber confirmado en una reciente entrevista en el plató de «Redacción Médica» que: […] << el modelo de mutualidades –como es el de MUFACE– es un modelo obsoleto y anacrónico que hay que cambiar, pero que en estos momentos no es una prioridad para nuestro Ministerio. Son ya los propios funcionarios los que están decidiendo adscribirse en su mayoría a la Sanidad Pública al considerarla realmente ese seguro a todo riesgo que te cubre todo. Sin ser una prioridad — ha dicho– somos conscientes de que este modelo de mutualidad es un «sub-modelo» sanitario dentro del Sistema Nacional de Salud y, que vamos a seguir trabajando para reforzar y devolverle el orgullo, ya que cuenta con la capacidad suficiente para asimilar a los 1,5 millones de funcionarios civiles de Muface>>.

En concreto, ha señalado que en la mayoría de CC AA el impacto se sitúa entre el 2% y el 3 %, excepto en Ceuta y Melilla, que serían las más afectadas al acercarse al 4%.

El sistema de mutualidad en España está amenazado. La llegada al Ministerio de Sanidad de Mónica García pone el cronómetro a un modelo que siempre ha estado en el ojo del huracán para los partidos situados a la izquierda del PSOE. La líder de Más Madrid que asume el programa de Sumar, tiene entre sus compromisos con los votantes «acabar con Muface. Así lo transmitía el programa con el que se presentó a las elecciones del partido capitaneado por Yolanda Díaz, pero es que además la guerra contra el modelo viene desde años pre-pandémicos. Ya en 2019, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sellaron su acuerdo en un abrazo, el documento firmado por ambos líderes contemplaba «acabar con el sistema de mutualidad» en España. En declaraciones afirmadas a el Economista.es, la expresión que se utilizaba entonces era que había que «dejarlo morir’. Esto, por inverosímil e inaudito que parezca, es algo que, si se escuchan las demandas de las empresas que prestan el actual servicio ya se está cumpliendo, pues la queja más aireada y escuchada es la «falta de financiación» que tiene el modelo.

Conociendo cómo se las gastaba esta señora como portavoz-a en la Asamblea de Madrid y cómo le disparaba a Díaz Ayuso en los Plenos, me atrevo a decir que posiblemente su actitud frente al futuro de MUFACE solo es la punta del iceberg, ya que lo que oculta «realmente» es que –siguiendo las libérrimas directrices de sus socios de «SUMAR»– lo que en el fondo y en la forma pretende es «cargárselo», sí o sí, así de sencillo. ¿Por qué …,? Con ello se produciría posiblemente una cadena de intencionadas y directas consecuencias. Su cadencia sería la siguiente: 1) cargarse a Muface;2) esto colapsaría aún más el SNS;3) este colapso lo sufrirían y se lo comerían casi solitas –aunque en grado distinto– las CC AA y, 4) que al estar la mayoría de ellas gobernadas por el PP serían las únicas responsables, de cara a la sociedad y a los votantes, de haberse cargado la Sanidad Pública;5) esto, a su vez, les daría fuerza y justificaría la multiples manifestaciones y huelgas contra la gestión del PP de Núñez Feijóo y que Sánchez y sus socios de Gobierno– un día sí y el otro también– se encargarían de orquestar para así, poder llegar más fácilmente al poder con una mayoría holgadamente absoluta y, 6) una vez, subidos al carro del poder,  facilitar de nuevo que «España pueda seguir avanzando por la izquierda», aunque este «siniestro» (del latín «sinister»: izquierdo) adelantamiento siga siendo para estar a la cola en «todo» y en «todos» los países de la UE.

Espero y deseo –pese al alto nivel de vicisitudes en las que se hallan las económicas y actuales negociaciones entre el Gobierno y las compañías aseguradoras– que esta «hipotética» hipótesis (valga la redundancia) aunque sea lógica,resulte del todo falsa.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico por Murcia.