Pedro Manuel Hernández López: «España troceada: el «precio» de la Moncloa, lo pagamos todos»

Mientras miles de autónomos, funcionarios y jubilados en el resto de España sufren las ominosas consecuencias de un sistema fiscal cada vez más asfixiante, el Gobierno de Pedro Sánchez se arrodilla una vez más ante sus socios nacionalistas. ERC , el PNV y, sobretodo, JxC — como buenos acreedores de una investidura que jamás fue gratuita– comienzan a pasar al cobro las facturas del chantaje parlamentario. Y el presidente –fiel a su costumbre de inmolar la igualdad y la cohesión territorial en aras de su supervivencia política– está dispuesto a pagarlas, muy generosamente, con dinero, competencias exclusivas y soberanía territorial.

Esta semana hemos sabido que el Gobierno cederá, en breve, toda la recaudación del IRPF a Cataluña –uno de los impuestos clave para el sostenimiento del Estado– y que comenzará el traspaso de las competencias de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. No se trata de una simbólica cesión ni técnica: estamos hablando de entregar pilares esenciales del Sistema Fiscal y del Estado del Bienestar a comunidades gobernadas por partidos que abiertamente desprecian la unidad de España y no ocultan su intención de romperla a jirones y dividirla, en cuanto puedan…y de seguir así, seguro que si podrán.

Como ha dicho, con gran claridad, Emiliano García-Page –el presidente socialista de Castilla-La Mancha– esto es un grave «despropósito» y un hecho, sumamente «doloroso», ya que impone un trato muy discriminatorio y preferente» con el resto de comunidades autónomas –por la vía del «ordeno y mando»–  pero a cambio de su intencionado apoyo parlamentario. Pero lo que Page ha criticado con meridiana sensatez, otros, en su partido, lo aplauden con gran sumisión y servilismo. Lo que el Gobierno intenta presentar como una «modernización del modelo territorial», no es más que una «liquidación» del Estado de las autonomías y por entregas.

1.- Un Estado desigual y desvertebrado.

El anuncio de que Cataluña recaudará el IRPF, supone una ruptura sin precedentes, de la ya consolidada solidaridad interterritorial. ¿Qué ocurrirá con el resto de comunidades con menor renta per cápita? ¿Quién garantizará que el dinero que se recaude en regiones más ricas, como Cataluña, se redistribuya para sostener los servicios públicos en Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura o Andalucía…?

La recaudación del IRPF es uno de los instrumentos más útiles, eficaces y potentes de la redistribución económica en un país. Transferirlo a una comunidad con aspiraciones independentistas, en detrimento de otras, es renunciar al «principio de igualdad» entre todos  los españoles. Es aceptar que hay regiones de primera y otras de segunda, e incluso, de tercera . Es, en definitiva, el principio del fin de la «unidad fiscal» de España.

Por su parte, el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco no es menos grave. Recordemos que el sistema de pensiones se basa en la «caja única» y por eso, todos los trabajadores –con total independencia de la comunidad en la que residan– cotizan a un «fondo común» del que se pagan las pensiones de todos. Si cada autonomía empieza a gestionar su propio sistema, se romperá esa unidad y, con ella, el «modelo solidario» que garantizará la pensiónes de nuestros mayores. ¿De verdad alguien cree que el País Vasco mantendrá ese principio, cuando tenga la llave de la caja?. ¡Se aceptan apuestas!

2.- La factura del chantaje

Este proceso no responde a ningún criterio de eficiencia, justicia o a una mejora de la gestión. Responde solo y exclusivamente al «chantaje político» de quienes exigen, más y más privilegios, a cambio de sostener «en pie» a Sánchez en el poder. Y lo peor es que lo hacen desde una posición de abierta y vengativa hostilidad al Estado que les protege y les alimenta. Mientras ERC quiere un referéndum de autodeterminación, El PNV ya ha dejado claro que aspira a una soberanía plena. ¿Y ante estas «generosas» peticiones de sus «mutualistas» socios, cómo responde el Gobierno…? Pues repartiendoles las  «competencias clave», como si fueran baratijas en un mercadillo.

Esta claudicación genera un riesgo enorme para la cohesión territorial y nacional. No solo por lo que entrega, sino por el desigual precedente que sienta. ¿Qué impediría mañana a otras comunidades exigir lo mismo ? ¿Cómo va a negar el Gobierno a Andalucía, Galicia o a Murcia, lo que ha concedido a Cataluña y al País Vasco? ¿Con qué cara les hablará de «igualdad» cuando los hechos prueban lo contrario?

3.- Consecuencias nefastas para todos.

El resultado de este proceso atípico, será una España desigual, desvertebrada y fracturada. Una nación en la que el número del código postal determinará, no solo el acceso a los servicios públicos, sino también, la carga fiscal, la cuantía de las pensiones, la asistencia sanitaria o el trato con la administración. Una España en la que la ley ya no será igual para todos –sino adaptada a las exigencias de quienes chantajean al Estado desde dentro– y en la que se habrá sustituido el concepto de «igualdad» por el de «equidad».

Frente a este atropello jurídico y politico, solo cabe una respuesta clara y firme: defender la «igualdad real» de todos los españoles. Lo que está en juego, no es una mera competencia, sino la estructura misma del Estado y el futuro de la convivencia social de toda la ciudadanía de España.

Es muy probable que Pedro Sánchez — pese a todo– pueda mantenerse en el poder algún tiempo más. Pero si lo hace será a costa de «desmantelar» el país que dice gobernar. ¡Y eso no es política, sino alta traición institucional! Destruir un país desde dentro —desmantelar su Estado de derecho, colonizar sus instituciones, quebrar la separación de poderes— es un atentado gravísimo contra la democracia y la libertad, y … Sánchez y sus «progresistas» socios de coalición, lo saben.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.