La criminalización de la Justicia

Choca que España sea uno de los países de Europa con menor índice de delincuencia y, al mismo tiempo, con mayor número de presos.

Algo severo está fallando en la Justicia española. Según los datos oficiales no sólo es España uno de los países más seguros y con menos delincuencia de Europa, sino que los mismos delitos cometidos son, en promedio, de mucha menor intensidad que en la media del conjunto europeo; pero, a la par, somos el país de Occidente con mayor población reclusa.

Según no pocos expertos esto se debe a un abuso manifiesto de las causas penales no tanto porque lo que se demanda como delitos sean realmente causas penales, sino porque numerosos abogados acusadores usan el ardid de buscar tramposamente las vueltas a las situaciones de sus clientes (ingeniería legal) para presentar los litigios como tales, cuando en realidad deberían ser simples pleitos civiles, mercantiles, matrimoniales o incluso no haber sido pleitos por no haber sino simples discrepancias entre particulares, utilizándose a la Justicia como un medio de revancha, venganza e incluso de extorsión contra el demandado.

Lo que pase después, el resultado, la sentencia, a veces no tiene nada que ver con la Justicia, pues, como han dicho tantos jueces de tantos países (incluido el nuestro) en las últimas fechas con motivo de sentencias absolutamente legales pero manifiestamente injustas, «la verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad real». Un pan como unas hostias, en fin, que nos deja perplejos (e indefensos) a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues si la verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad real, uno se pregunta qué diantres es entonces la Justicia.

El abogado acusador, el que contrata quien que se siente agraviado por alguien, suele ser un letrado que cobra, y cobra mucho, por sus servicios profesionales, el cual, a menudo, además, va a la parte de la ganancia si la hubiere, de modo que obtiene mayor beneficio si consigue una sentencia favorable que sino (salvo que sea un corrupto que se haya vendido de antemano a la otra parte revelando datos «sensibles» de su cliente, o que haya hecho acuerdos con los defensores de los demandados del tipo «éste juicio lo ganas tú y el próximo lo gano yo», cosa que, como es corrido a nivel de calle, es una práctica mucho más frecuente de lo que pareciera).

Por un pleito corto o simple, el abogado gana menos (ganando mucho) que si el proceso es complejo, de modo que le conviene también no sólo complicarlo por interés personal, sino porque si convierte una simple discrepancia o un proceso civil, mercantil o matrimonial en un proceso penal tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua, toda vez que cualquier ciudadano demandado, incluso injustamente, se sentirá sobrepasado por una querella penal que solicita para él grandes penas carcelarias y onerosas indemnizaciones, viéndose tentado (a causa de la sorpresa o por ser un tanto asustadizo), quizás, a negociar un acuerdo extrajudicial para satisfacer lo que en realidad debería ser tipificado como una simple y llana extorsión, además del libelo y los daños colaterales que conlleva el caso, todos ellos muy malos para el acusado injustamente.

Por otro lado, el demandado sabe que de llegar a juicio el asunto, de un modo u otro tendrá que demostrar inocencia, por bárbaro que esto resulte en apariencia, y que en buena medida su libertad y su propia fama y economía dependerán de lo bien o lo mal que haga su trabajo su defensor, de lo bien o lo mal que se lleven el abogado acusador y los miembros del tribunal (influencias), si es que no de lo bien o lo mal que le caiga al tribunal, al juez o a quien corresponda.

Este tipo de letrados, especializados en perpetrar daños legales, lamentablemente, ha crecido exponencialmente en España, en buena causa debido a la explosión de codicia que se despertó en la práctica totalidad de los ciudadanos desde hace más o menos una década a esta parte. Los escrúpulos o la ética, en buena medida, han desparecido tanto para cierto tipo de ciudadanos como de letrados, si lo que hay por en medio es un interés personal, económico o no. Sin embargo, curiosamente, se ha marginado, desatendido u obviado que incluso los letrados tienen el deber de defender la verdad, supongo que la real.

Así, España se ha convertido en un paraíso de los abogados especializados en estrujar y retorcer la ley para presentar discrepancias insignificantes y demandas civiles como si fueran delitos penales, criminalizando la Justicia y obteniendo de ello enjundiosos resultados. «Lo hace todo el mundo», suelen decir estos letrados, y de este modo se aseguran un cliente que es más que probable que se gaste una pequeña fortuna en su bufete, además de que tienen la posibilidad de pillar un buen pellizco del resultado de hundir la vida de otra persona, aún siendo todo ello, desde su propio origen, algo injusto, resultando ser que, en realidad, el verdadero delincuente es quien demanda y quien presenta como penal la causa que no lo es.

Sobran casos y sobran ejemplos de todos conocidos, pero seguro que vienen a la mente de cualquier ciudadano el abuso en la demanda penal por malos tratos en los casos de divorcio, o los de aquéllos que contratan un servicio profesional del que, una vez alcanzado el objeto contractual satisfactoriamente, quieren deshacerse de la parte contratada, la cual es posible que debiera cobrar algo más por hacer su trabajo y aún percibir alguna comisión sobre los resultados durante algún tiempo: con esto se ahorran los contratantes demandantes (codicia en estado puro) los pagos pactados, las comisiones que devengó el profesional en cuestión y pueden lograr que éstos les devuelvan multiplicado (daños y perjuicios, argumentarán) los abonos realizados como consecuencia del contrato legalmente establecido.

Un contrato mercantil que, en un caso penal desviado hábilmente a otros delitos penales que nada tienen que ver con el asunto, quedará reducido a agua de borrajas como si nunca hubiera existido. Y no sólo eso, sino que durante el largo tiempo que tarde la causa en resolverse a favor o en contra del demandado, los demandantes usarán para destruir su vida con la difusión de toda suerte de libelos, aportando la dudosa «prueba» de que si un juez lo admitió como causa judicial penal, es que el delito existe, cuestión que tiene mucho eco en nuestra actual sociedad, como vemos cada día, prácticamente, en los diarios y noticieros.

Estas trampas, tan habituales hoy, son las que están llenando las cárceles de inocentes y las calles de vivales. Desconozco, porque soy lego en Derecho, si es legal o ilegal presentar como delito penal lo que no lo es (acaso ni sea delito, ya digo), pero, en cualquier caso, no hay condenados por esa aberrante práctica tan corriente, que yo sepa, lo que me induce a pensar que debe ser legal que para obtener una ventaja adicional tan tramposa o hacer un negocio tan perverso por la parte demandante, estos vivos puedan jugar de esta forma con la Justicia y con la vida de los ciudadanos. De no ser legal, creo que hacen falta actuaciones tan expeditas como contundentes y ejemplarizantes contra estos presuntos sinvergüenzas que están colapsando la Institución de la Justicia y arruinando tantas vidas, y si es legal, tal vez sea hora de aplicar una solución correctiva, porque la ley ésa, supuestamente que exista (que lo dudo), está mal y es injusta, y, por ello mismo, debiera ser derogada.

En virtud de esto, y por cuestiones de procedimiento (diligencias mal llevadas o ejecutadas de una forma poco profesional o incorrecta, testimonios falsos, documentos adulterados o la razón que sea), muchos inocentes no sólo son condenados a toda una vida de ignominia (daños colaterales incluidos), sino que se faculta que los golfos más golfos del país, los verdaderos delincuentes que son los abogados y los demandantes que tan torcida y criminalmente obran con plena conciencia de que están haciéndolo injustamente, sean beneficiados por un sistema judicial que debiera velar por cumplir el fin para el que está destinado, el cual es que los tribunales impartan verdadera Justicia de modo que la verdad judicial y la verdad real no sean disímiles, sino exactamente la misma.