Antonio Sánchez Cervera: «El dinero público es de los españoles, no del Gobierno ni del Estado»

España vuelve a llorar.

Vuelve el luto oficial, los comunicados solemnes, los minutos de silencio y las palabras gastadas. La reciente tragedia ferroviaria de Adamuz se suma a una larga lista de accidentes e incidentes que, pasado el impacto inicial, se archivan en la memoria colectiva hasta que el siguiente desastre vuelva a sacudir conciencias. Y, sin embargo, nada cambia.

Mañana volverá a ocurrir y volveremos a las andadas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué?

Porque se ha instalado una peligrosa ficción: la idea de que existe algo llamado dinero público como si fuera un recurso abstracto, inagotable y ajeno al ciudadano. Como si perteneciera al Estado o al Gobierno de turno. Y no es así.

El dinero que gestiona el Estado no nace en los ministerios ni en los despachos oficiales. No surge por generación espontánea. Procede, única y exclusivamente, del esfuerzo de millones de españoles que trabajan, emprenden, ahorran y sostienen el sistema con sus impuestos. Es el dinero que deja de quedarse en los bolsillos de las familias para ser administrado en nombre del interés general.

El Estado no tiene una sola fuente de ingresos que no sea el ciudadano.
Si gasta más, solo puede hacerlo de dos maneras:

– Quitando más a quien produce, mediante impuestos.

– O endeudándose hoy a costa del futuro de esos mismos ciudadanos.

No existe un “otro” que pague la factura. Ese otro eres tú.

Por eso es tan grave que las infraestructuras esenciales —trenes, carreteras, sanidad— se deterioren año tras año mientras el gasto se diluye en redes clientelares, estructuras políticas sobredimensionadas, decisiones opacas o prioridades ajenas a la seguridad y al bienestar real de la población.

No es una cuestión ideológica, sino de responsabilidad básica.

Cada euro malgastado es un kilómetro de vía sin mantenimiento.
Cada contrato inflado es una carretera abandonada.
Cada desvío de fondos es una sala de hospital que no se moderniza.

España no se hace más fuerte asfixiando fiscalmente a quienes ya están al límite de su capacidad de pago. No se construye un país sólido cargando sobre los hombros del contribuyente una presión creciente mientras se tolera el despilfarro, la corrupción o la ineficiencia estructural.

El deber del Gobierno —de cualquier Gobierno— es claro y no admite excusas: garantizar que cada euro recaudado se gasta con rigor, transparencia y sentido común. Proteger el bolsillo del contribuyente y proteger los servicios públicos no solo es compatible, es exactamente lo mismo.

Lo contrario no es solidaridad, es irresponsabilidad.

Y mientras no se entienda esta verdad elemental, seguiremos lamentando tragedias, encendiendo velas, guardando silencios… y esperando, resignados, a la siguiente.