Baltasar Garzón tiene un alto concepto de sí mismo y la izquierda un evidente anhelo de convertirlo en el protomartir de sus “justas causas”. Pero el Tribunal no ha juzgado a Garzón por su biografía, para muchos no tan ejemplar como el pretende y alardea, aunque no le falten luces, sino por actos y hechos concretos y recientes en su ejercicio como juez. Y lo ha condenado, por unanimidad de siete jueces del mas alto tribunal, el Supremo, de todas la sensibilidades, y a través de una sentencia contundente y sin fisuras. Sentencia a la que antes de injuriarla y repudiarla, sería conveniente que algunos se leyeran.
El Tribunal Supremo no ha condenado a Garzón a 11 años de inhabilitación por investigar la trama Gurtel. Lo ha hecho por violar un principio esencial en el Estado de Derecho tanto de España como de cualquier país democráticos: el derecho de defensa de cualquier ciudadano y el respeto a la presunción de inocencia. Garzón los conculcó, mas a sabiendas que nadie, dada su condición de juez con muchos años de carrera, ordenando y practicando escuchas a los abogados de los implicados en la trama corrupta. Algo específicamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico con la única salvedad de los delitos de terrorismo. El fin no justifica los medios ni puede alcanzarse violando los más esenciales derechos constitucionales. Así pues estima y demuestra, para todo aquel que quiera entender, que cometió un delito de prevaricación añadido a otro de vulneración flagrante de las garantías constitucionales de cualquier ciudadano español.
La reacción del juez ha sido sido, no por esperada, menos desaforada. Ha cargado contra la sentencia, contra los jueces y se ha colocado el cartel de victima, al tiempo que afirmaba que con ello poco menos que se ampara y se evitaba la persecución de la corrupción. Nada más falso ni más maniqueo. La corrupción está siendo perseguida en España, desde Baleares a los ERE andaluces pasando por Urdangarin sin necesidad de hacer trizas los derechos de las personas ni ciscarse en la ley. Es más y es aún peor. Cuando Garzón en su calidad de instructor comenzó con el asunto Gurtel y empezaron a aflorar sus irregularidades en la instrucción escribí y señale en cada uno de los debates en que participé, que esas fallas y esa violaciones de sus derechos, podían convertirse en el mejor asidero de los delincuentes, en la forma de escapar a la acción de la Justicia. En suma, que si ese estercolero untado de brillantina que es la Gurtel y su entramado chorizo-político escapa por el portillo que el juez justiciero les ha abierto será responsabilidad de él y sobre todo de él. Espero por nosotros y por la necesaria y eficaz lucha contra la corrupción que no sea así y que lo que haya de anularse en el sumario por estar contaminado por estas escuchas no destruya la carga de la prueba contra la trama.
Y a los voceros mediáticos y la izquierda política que con mayor o menor virulencia, a veces máxima, han arremetido o contra el Supremo y hasta contra las instituciones en si, habrá de recordarles que quienes se desgañitan por los derechos y as garantías suelen ser ellos, excepto cuando a ellos les toca o a este intocable señor al que se supone que nadie puede juzgar pues el sí que está por encima de la ley. Pero todavía algo más. Garzón tiene visto para sentencia otro juicio. El del franquismo, para abreviar, aunque tampoco sea así. Uno siente y le duele que haya todavía, tantos años después fosas de asesinados en la guerra y la postguerra civil. De una vez por todas hay que habilitar fondos y medios para que puedan ser dignamente enterrados. Pero una vez más a Garzón no se le imputa por ello sino por pretender, a pesar de los múltiples avisos de la judicatura, abrir una causa general, extralimitarse en sus funciones y hasta pretender borrar una ley de Amnistía que he de decirle fue la lucha y el grito por el que algunos nos enfrentamos al Régimen Dictatorial y, en mayor o menor grado sufrimos las consecuencias. También la alegría de ver salir, entre aquel grito de ¡Amnistia y libertad! a los presos políticos de las cárceles franquistas. El supremo decidira. Personalmente opino que empecinamiento en el error existe y es evidente. Prevaricación puede que aquí sea concepto demasiado grueso que aplicar.
Pero es que hay un tercer caso en el que la izquierda quizás deba meditar, y que ya inhabilitado como juez, no corresponderá al Supremo juzgar, que es el de andar reclamando con su firma y membrete de juez, dineros y fondos, a bancos, empresarios y banqueros de lo más plutócrata y que el trata de “queridoemilio” para cursos de gran postín y beneficio pecuniario en Nueva York Unos dineros que son muchos dineros y que en cierta parte a su bolsillo fueron a parar. La imagen se compadece poco con esa de protomartir de la causa que la izquierda quiere dar. Y que don Baltasar puede tal vez aprovechar para volver donde ya estuvo y en este caso como figura aún más estelar: la política y el poder, que es cada vez más claro que son la verdadera pasión de don Baltasar.
La justicia ha alcanzado al juez. A todos, después de los impuestos, y tras haberle tocado a bancos y banqueros la financiera, nos ha alcanzado la reforma laboral. No es blanda, no es por si sola el remedio contra nuestra más dramática enfermedad pero es otra de las piezas del puzzle que en algún momento el Gobierno debe acabar de encajar. Si sirve, si en verdad ayuda a que los empresarios tengan más fácil contratar, si no solo es el despido lo que se abarata sino que quita el dogal para poder emplear, será bienvenida por muchas huelgas que le quieran hacer. Y serán los frutos de una y de otras y de todo en su conjunto que de aquí a un tiempo, un año, dos quizás, podamos empezar a juzgar.
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