El PP ha tenido una revelación y se ha dado cuenta de repente de que el Tribunal Constitucional necesita una reforma. Es tan apremiante que, después de haber gobernado doce años este país, decide afrontarla en los estertores de la legislatura. Se puede discutir si el tribunal encargado de interpretar la Constitución necesita cambios. Probablemente sí, como otras instituciones del Estado. Pero es indiscutible que, si la respuesta es afirmativa, una reforma de este calado en un órgano constitucional debería haberse producido buscando consensos previos y tramitado por la vía ordinaria, como proyecto de ley, con los asesoramientos de instituciones como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial y con un debate parlamentario a la altura de la reforma. Pero no, se hará por la vía de urgencia, sin consensos, sin debate, apurando una mayoría absoluta que según todas las encuestas no se reproducirá en la próxima legislatura. Podría darse la paradoja de que la reforma del Tribunal Constitucional acabe en el propio Tribunal Constitucional.
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