La agenda de los marrones

Hay una agenda política pública, repleta de tópicos, y hay otra agenda política oculta, llena de marrones.

En la primera carpeta estarían todas esas frases hechas de unos y de otros a propósito de la igualdad, la solidaridad, los servicios públicos, la lucha contra el paro, el Estado del bienestar, etcétera.

En la segunda están los asuntos que nadie se atreve a afrontar con medidas concretas, como por ejemplo la economía sumergida, el fraude fiscal, el cambio del modelo productivo o las pensiones.

Sin embargo, cuando haya Gobierno, el que sea, al menos el tema de las jubilaciones tendrá que abordarse para adoptar decisiones, partiendo de que las pensiones se han convertido en la principal fuente de financiación de millones de familias.

A fin de cuentas, la llamada hucha de las pensiones cerró 2015 con menos de la mitad que en 2011, de modo que los recursos disponibles en el Fondo de Reserva pasaron de 66.815 millones de euros hace cuatro años a 32.485 millones al cierre de diciembre pasado. A este ritmo, si no se toman medidas, la caja se quedará vacía en poco tiempo.

Los partidos -al menos aquellos que no hacen populismo a gran escala – andan en busca de una nueva reforma cuyo objetivo final siempre es el mismo: alargar la edad de jubilación. ¿Cuál es el problema?

El sistema actual puede ser inviable a medio plazo, debido al creciente envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida; máxime si, además, la economía sigue creciendo de manera frágil para el empleo, y la aportación de los ocupados resulta insuficiente para mantener el actual sistema de pensiones.

¿Solo cabe ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la pensión? No.

Otra opción sería calcular las pagas sobre el conjunto de la vida laboral. Y una tercera opción sería no actualizar las pensiones según el coste de la vida. También cabe combinar todos estos elementos, pisando más o menos el acelerador sobre alguno de ellos y añadiendo medidas para desincentivar las jubilaciones anticipadas, de modo que se acerque la edad real de jubilación a la edad legal.

Lo único que parece claro es que se trata de medidas socialmente duras, que nadie quiere abanderar, aunque todos terminen por asumirlas, de ahí las ventajas que puede tener hacerlo bajo el paraguas del Pacto de Toledo.

El último golpe a las pensiones se produjo el 30 de noviembre de 2012, al decidir el Gobierno de Rajoy que no compensaría el desfase del IPC, una señal de que el consenso no está garantizado ni siquiera en esta materia.