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Urgencia de una educación para la decencia y la regeneración democrática
España atraviesa una crisis institucional y moral de tal magnitud que, para muchos observadores críticos, el país no puede ser considerado una democracia avanzada sino un régimen de corrupción estructural, impunidad y privilegio para las élites políticas y administrativas. No se trata solo de casos aislados, sino de una degeneración sistémica, donde los partidos políticos actúan como cárteles mafiosos que han capturado el Estado y lo explotan en su propio beneficio, en connivencia con altos funcionarios y bajo la protección de una justicia y unos medios de comunicación sometidos. La raíz última es la falta de exigencia moral de los ciudadanos españoles, que siguen votando a los corruptos y tolerando la degeneración del sistema.
1. Los partidos políticos como cárteles mafiosos: captura y reparto del Estado
El término “cártel mafioso” no es una hipérbole, sino una descripción precisa del funcionamiento real de los partidos en España. Un cártel es una organización criminal que establece acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para actividades ilícitas. Los partidos han capturado los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y se reparten cuotas de poder, recursos y cargos públicos como si fueran un botín privado.
El Estado patrimonializado
- Gestión patrimonial de lo público: Los clanes políticos que se han sucedido en el poder desde la muerte del General Franco en adelante (durante el último medio siglo), han manejado la gestión pública como un patrimonio privado, distribuyendo cargos, contratos y recursos entre familiares, allegados y clientelas.
- Feudalización territorial: Siguiendo la advertencia de Joaquín Costa, España está dividida en feudos regionales donde oligarcas y caciques perpetúan redes clientelares y familiares, manejando la política regional y local como un negocio propio.
Prácticas corruptas habituales
El inventario de prácticas corruptas es extenso:
- Sobornos y extorsión a cambio de favores o impunidad.
- Pactos clandestinos para amañar concursos públicos y adjudicaciones.
- Alteración fraudulenta de mercados y procesos electorales.
- Malversación, fraude y apropiación de bienes públicos.
- Especulación financiera con fondos públicos.
- Nepotismo y clientelismo en la administración.
- Uso de información privilegiada y parcialidad en la aplicación de normas.
2. Impunidad: el cemento del sistema corrupto
La impunidad es el elemento central que explica la persistencia de la corrupción. Los corruptos actúan convencidos de que no serán descubiertos ni sancionados. Cuando algún caso llega a los tribunales, suele tratarse de un “cabeza de turco” para simular justicia, mientras los verdaderos responsables son protegidos o incluso indultados.
Captura de la justicia y récord mundial de aforamientos
- Justicia secuestrada: Los órganos de gobierno de jueces y fiscales son designados por los partidos políticos, garantizando la protección de sus intereses y la neutralización de cualquier intento serio de investigar la corrupción.
- Aforamientos masivos: España ostenta el récord mundial de aforados, con más de 250.000 personas protegidas por esta figura, que les permite ser juzgados solo por tribunales superiores. En la mayoría de los países democráticos, el aforamiento es inexistente o muy limitado; aquí es un escudo para la impunidad de cargos electos, funcionarios y allegados.
El pacto de protección mutua
Existe un acuerdo tácito —y a veces explícito— entre los partidos para proteger a sus miembros:
- Indultos gubernamentales para exonerar a políticos y altos funcionarios condenados.
- Rebajas de penas y amnistías mediante reformas legales ad hoc y subterfugios jurídicos.
- Prescripción acelerada de delitos y aplicación de atenuantes para evitar la prisión efectiva.
3. Legislación a medida y doble vara de medir
España ha aprobado leyes y protocolos únicos en la UE, como la legislación de “género”, que vulneran derechos fundamentales (habeas corpus, presunción de inocencia, derecho a no ser detenido ilegalmente, derecho a ser juzgado en tribunal ordinario y no uno de excepción, etc.) y se aplican con dureza solo a los ciudadanos corrientes. Los poderosos y sus allegados quedan exentos de su aplicación, como demuestran los casos de López Aguilar, Errejón, Monedero y otros políticos acusados de maltrato.
El colmo de la corrupción legislativa es la aprobación de leyes como la del “solo sí es sí”, que ha permitido la excarcelación o reducción de penas de delincuentes sexuales, violadores, pederastas, asesinos… sin que nadie asuma responsabilidades ni rinda cuentas.
4. Instrumentalización de la administración: Hacienda como arma de persecución
La Agencia Tributaria se utiliza como instrumento de acoso y persecución contra disidentes, críticos y ciudadanos incómodos. Sindicatos, oenegés y fundaciones afines colaboran en esta estrategia, mientras que los allegados de la élite política gozan de trato privilegiado y rara vez son objeto de inspecciones o sanciones.
5. La politización de la administración pública
La libre designación y el clientelismo han convertido la administración en un feudo de los partidos:
- Un 30% de los empleados públicos no son funcionarios de carrera, sino “colocados” por los partidos.
- El acceso y la promoción se basan en la lealtad política, no en el mérito ni la capacidad.
- Los funcionarios con amplios poderes discrecionales y escasa responsabilidad incurren con frecuencia en la arbitrariedad y la corrupción.
6. Los juicios de residencia: el mejor antídoto histórico contra la corrupción
Origen y funcionamiento
El juicio de residencia, vigente desde la Edad Media hasta el siglo XIX, fue el instrumento más eficaz para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas de los altos funcionarios. Era un procedimiento judicial obligatorio al finalizar el mandato de virreyes, presidentes de audiencia, alcaldes, jueces… y otros cargos, y consistía en un examen público y exhaustivo de su gestión.
Fases del juicio de residencia
- Fase secreta: El juez de residencia —elegido por el rey y normalmente el sucesor en el cargo— realizaba inspecciones sorpresa, recogía pruebas documentales y tomaba declaración confidencial a numerosos testigos sobre la conducta y actuación del funcionario. Se revisaban todos los documentos de gobierno y se investigaban posibles abusos, malversaciones o actos de corrupción.
- Fase pública: El proceso se anunciaba a toda la comunidad, que podía presentar querellas y demandas contra el funcionario saliente. Este debía defenderse de todos los cargos, y la participación ciudadana era clave: cualquier vecino podía aportar pruebas o testimonios.
- Sanción y consecuencias: Si el funcionario era hallado culpable, se le imponían sanciones severas, que podían incluir la devolución de lo malversado, multas, inhabilitación o incluso prisión.
Inspecciones sorpresa y control social
Un rasgo esencial del juicio de residencia era la posibilidad de realizar “visitas” sorpresa de inspección durante el mandato, para detectar irregularidades en tiempo real. Esto generaba un clima de vigilancia permanente y una cultura de responsabilidad, pues los funcionarios sabían que serían evaluados públicamente y que cualquier abuso sería castigado.
Extensión y eficacia
El juicio de residencia fue adoptado en todo el Imperio español, incluida América, y se mantuvo durante siglos como el principal mecanismo de control y disuasión de la corrupción. Su desaparición dejó un vacío que nunca ha sido llenado por mecanismos equivalentes en la actualidad.
7. Comparación internacional: ¿Qué hace que España sea un caso singular?
Aforamientos: el récord mundial
España ostenta el récord de aforados en el mundo democrático: más de 250.000 personas —incluyendo cargos electos, altos funcionarios, jueces, fiscales y hasta familiares de políticos— están protegidas por esta figura.
- En la mayoría de países europeos el aforamiento es inexistente o se limita al jefe del Estado y, en ocasiones, al jefe de gobierno. En Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Portugal, los diputados y senadores pueden ser juzgados por los mismos tribunales que cualquier ciudadano.
- En España, el aforamiento dificulta la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos por la élite política y administrativa, consolidando una cultura de impunidad y desigualdad ante la ley.
Indultos y amnistías: la excepción convertida en norma
- En Europa, el indulto es una herramienta excepcional, sujeta a controles parlamentarios y a la transparencia.
- En España, los indultos y amnistías a políticos y altos cargos condenados por corrupción son frecuentes y opacos. El indulto se utiliza como moneda de cambio política, como mecanismo de autoprotección entre partidos y como garantía de que ningún miembro relevante del “cártel” pagará realmente por sus delitos.
Legislación de “género” y protocolos de excepción
- España ha aprobado leyes de género y protocolos judiciales/policiales que no tienen parangón en la UE, con efectos devastadores sobre derechos fundamentales (habeas corpus, presunción de inocencia, derecho a no ser detenido ilegalmente, derecho a ser juzgado en un tribunal ordinario y no de excepción, etc.).
- En otros países europeos, la protección de las víctimas de violencia es compatible con el respeto a los derechos constitucionales y la igualdad ante la ley. En España, la aplicación selectiva de estas leyes y la exención de la élite política y sus allegados refuerzan la percepción de doble vara de medir. Aparte de ello, en España se ha implantado un sistema de asimetría penal y civil en el que los varones, por el simple hecho de haber nacido con pene son ciudadanos de segunda categoría, hasta tal extremo que son condenados de manera severa, y castigados con penas diferentes cuando incurren en el mismo tipo de «ilícito penal», en tribunales de excepción (llamados de «violencia de género») con la versión de la mujer supuestamente violentada como única prueba…
Transparencia, rendición de cuentas y “accountability”
- En países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Países Bajos, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares del sistema político. Los ciudadanos pueden acceder fácilmente a la información pública, y los políticos corruptos son sancionados social y penalmente.
- En España, la opacidad institucional, la falta de control efectivo y la complicidad mediática perpetúan la corrupción y la impunidad.
8. Evolución histórica: del juicio de residencia al vacío actual
Los juicios de residencia: un modelo olvidado de control y sanción
El juicio de residencia fue durante siglos uno de los mecanismos más originales y eficaces de control del poder en la historia política española.
- Origen: Instituido en la Edad Media y desarrollado bajo la monarquía castellana, se extendió a todo el Imperio español y perduró hasta el siglo XIX.
- Funcionamiento:
- Al terminar el mandato, el funcionario (virrey, alcalde, presidente de audiencia, etc.) era sometido a un proceso judicial público y obligatorio.
- El juez de residencia, frecuentemente el sucesor en el cargo, realizaba inspecciones sorpresa, revisaba documentos y tomaba declaración a testigos.
- El proceso constaba de dos fases: una secreta (recogida de pruebas y testimonios) y una pública (donde cualquier vecino podía presentar denuncias o demandas).
- Las sanciones podían ser severas: devolución de lo malversado, multas, inhabilitación, destierro o prisión.
- Eficacia: El juicio de residencia generaba un clima de vigilancia permanente y de responsabilidad real, pues los funcionarios sabían que serían evaluados públicamente y que cualquier abuso sería castigado.
La desaparición del control y la degeneración del sistema
- Siglo XIX y XX: Con la llegada del Estado liberal y la centralización administrativa, los juicios de residencia desaparecieron y no fueron sustituidos por mecanismos equivalentes de control y sanción.
- Transición y democracia: La Constitución de 1978 y la descentralización autonómica multiplicaron los centros de poder y las oportunidades de corrupción, sin crear verdaderos contrapesos ni sistemas de rendición de cuentas efectivos.
- Hoy: La “accountability” (rendición de cuentas) real es una quimera. La transparencia es formal y limitada. Los controles internos y externos están politizados o son ineficaces.
9. Casos recientes: la corrupción como rutina y la impunidad como norma
Corrupción transversal: todos los partidos, todas las instituciones
- Caso Gürtel (PP): Red de sobornos, contratos amañados y financiación ilegal. Penas de prisión para algunos cabecillas, pero indultos, rebajas de condena y protección para muchos implicados.
- Caso ERE (PSOE Andalucía): Malversación de cientos de millones en ayudas públicas. Condenas a ex presidentes autonómicos, pero dilaciones, recursos y trato privilegiado… amnistía e indulto.
- Caso Púnica, Lezo, Taula, Palau, Nóos, Mercasevilla, Kitchen, etc.: La lista es interminable y afecta a todos los partidos con poder real en las últimas décadas.
- Aforamiento y blindaje: El reciente aforamiento del presidente del PSOE de Extremadura, imputado por corrupción, es solo el último ejemplo de cómo el sistema protege a los suyos.
Leyes de “género” y privilegios para la élite
- Aplicación selectiva: Políticos como Juan Fernando López Aguilar, Íñigo Errejón, Monedero y otros, acusados de maltrato, han visto cómo la maquinaria judicial y mediática se ponía a su servicio para evitar cualquier consecuencia penal o reputacional.
- Efectos perversos: La ley “solo sí es sí” ha provocado la excarcelación o reducción de penas de cientos de delincuentes sexuales, sin que nadie asuma responsabilidad política ni jurídica.
Instrumentalización de la administración
- Hacienda como arma: La Agencia Tributaria se utiliza para perseguir a disidentes, críticos y ciudadanos incómodos, mientras que los allegados de la élite política gozan de trato privilegiado.
- Clientelismo y libre designación: Un 30% de los empleados públicos no son funcionarios de carrera, sino “colocados” por los partidos, lo que incrementa la arbitrariedad y la corrupción.
Medios de comunicación y manipulación de masas
- Complicidad mediática: Los grandes medios, dependientes de la financiación pública y la publicidad institucional, actúan como instrumentos de propaganda y manipulación, ocultando escándalos y persiguiendo a los críticos.
10. Propuestas de Reforma Inspiradas en Modelos Internacionales
1. Eliminación y limitación drástica de los aforamientos
Inspiración: Alemania, Reino Unido, Países Bajos
- Propuesta: Limitar el aforamiento exclusivamente al jefe del Estado y, en casos muy excepcionales, al presidente del Gobierno durante su mandato. Todos los demás cargos electos, altos funcionarios y jueces deben ser juzgados por tribunales ordinarios, como cualquier ciudadano.
- Ventaja: Se elimina el blindaje judicial de la clase política y se garantiza la igualdad ante la ley.
2. Tribunales y fiscalías anticorrupción independientes
Inspiración: Rumanía (Dirección Nacional Anticorrupción), Italia (Fiscalía Nacional Antimafia)
- Propuesta: Crear una Fiscalía y un Tribunal Anticorrupción totalmente independientes del poder político, con competencias exclusivas para investigar y juzgar delitos de corrupción, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
- Ventaja: Se evita la captura política de la justicia y se dota de recursos y autonomía real a los órganos encargados de perseguir la corrupción.
3. Transparencia radical y acceso público a la información
Inspiración: Suecia, Finlandia, Dinamarca
- Propuesta: Implantar la transparencia activa y radical:
- Publicación en tiempo real de todos los contratos públicos, subvenciones, nóminas de cargos públicos, agendas y reuniones de autoridades.
- Acceso libre y gratuito para cualquier ciudadano a los datos presupuestarios, informes de auditoría y declaraciones de bienes y conflictos de intereses.
- Ventaja: La transparencia previene la corrupción y permite a la sociedad civil y los medios ejercer un control efectivo.
4. Rendición de cuentas periódica y juicios de residencia adaptados
Inspiración: Modelos históricos españoles y sistemas de “accountability” nórdicos
- Propuesta:
- Implantar un sistema obligatorio de auditoría pública y evaluación ciudadana al término de cada mandato de cargos electos y altos funcionarios.
- El proceso incluiría una fase de revisión documental y entrevistas confidenciales (como en el juicio de residencia) y una fase pública en la que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias o alegaciones.
- Sanciones severas para quienes hayan incurrido en abuso de poder, malversación o corrupción.
- Ventaja: Se recupera una cultura de responsabilidad y se disuade el abuso de poder.
5. Protección legal y apoyo a denunciantes (“whistleblowers”)
Inspiración: Estados Unidos, Reino Unido, Francia
- Propuesta: Aprobar una ley integral de protección a los denunciantes de corrupción, que incluya:
- Anonimato garantizado, protección frente a represalias laborales o legales, incentivos económicos y apoyo jurídico.
- Ventaja: Se fomenta la denuncia interna y social de la corrupción, reduciendo el miedo y el silencio cómplice.
6. Despolitización de la administración y acceso por mérito
Inspiración: Canadá, Alemania, países nórdicos
- Propuesta:
- Prohibir la libre designación salvo para cargos estrictamente políticos.
- Generalizar el acceso y la promoción en la administración pública mediante concursos de mérito y capacidad, con tribunales independientes y evaluación externa.
- Ventaja: Se reduce el clientelismo y se mejora la profesionalidad y la ética pública.
7. Participación ciudadana y control social efectivo
Inspiración: Suiza, Islandia
- Propuesta:
- Implantar mecanismos de democracia directa (iniciativas legislativas populares, referendos vinculantes sobre cuestiones clave, revocación de mandatos).
- Facilitar plataformas digitales de control y denuncia ciudadana, con respuesta obligatoria por parte de las instituciones.
- Ventaja: Se les concede a los ciudadanos una mayor capacidad de participación en la toma de decisiones y se refuerza la vigilancia sobre el poder.
8. Sanciones ejemplares y recuperación del dinero robado
Inspiración: Singapur, Hong Kong
- Propuesta:
- Endurecer las penas por corrupción, con inhabilitación perpetua para cargos públicos y devolución íntegra de lo malversado, más intereses y multas; incluyendo, por supuesto, la posibilidad de expropiar el patrimonio de la persona que haya incurrido en corrupción…
- Publicación de los nombres de los condenados y prohibición de contratar con la administración.
- Ventaja: Se eleva el coste de la corrupción y se envía un mensaje claro de tolerancia cero.
Reflexión final
La regeneración democrática de España no requiere inventar nada nuevo, sino adaptar y aplicar las mejores prácticas internacionales y recuperar los mecanismos históricos que garantizaron la responsabilidad pública.
Sin igualdad ante la ley, transparencia radical, control ciudadano y sanciones ejemplares, la corrupción y la impunidad seguirán siendo la norma.
La ciudadanía debe exigir estas reformas y no conformarse con discursos vacíos ni simulacros de cambio.
Solo una sociedad vigilante, informada y moralmente exigente podrá devolver a España la decencia perdida.
Referencias y casos actuales
- Ley “solo sí es sí”: reducción de penas y excarcelación de delincuentes sexuales, sin responsabilidades políticas.
- Aforamiento del presidente del PSOE de Extremadura, imputado por corrupción y blindado judicialmente.
- Casos de políticos exentos de la aplicación de leyes de género.
- Uso de la Agencia Tributaria para perseguir a disidentes.
En definitiva:
La corrupción en España es sistémica porque la impunidad es la norma. El Estado ha sido capturado por cárteles políticos que actúan en su propio beneficio, protegidos por un sistema legal y mediático a su servicio. La regeneración democrática exige una transformación profunda y la recuperación de instrumentos históricos de control y rendición de cuentas. Mientras tanto, la ciudadanía debe dejar de ser cómplice pasiva y convertirse en el motor del cambio.
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