El derrumbe de la justicia, la seguridad y la convivencia en España. La renuncia a lo más elemental sin apenas darnos cuenta - Periodista Digital

Esta frase, tan certera como demoledora, resume el drama que atraviesa la sociedad española: la renuncia progresiva, inadvertida y casi resignada a los principios más elementales que han hecho posible la civilización, la prosperidad y la paz social. Todo aquello que durante siglos fue considerado innegociable —la protección de la vida, la libertad, la propiedad, el respeto a la ley, la certeza de que el criminal sería apartado— se ha ido desmoronando, desmontado pieza a pieza, bajo el disfraz de un supuesto “progreso” que, en realidad, ha traído inseguridad, miedo y decadencia.La renuncia inadvertida a lo elemental: El derrumbe de la justicia, la seguridad y la convivencia en España.

Los asideros de la civilización: ¿qué hemos perdido?

¿Cuáles eran esos asideros básicos, esos fundamentos inamovibles?

La certeza de que quien delinque será apartado de la sociedad, privado de libertad, obligado a reparar el daño, y, en los casos más graves, condenado a cadena perpetua o incluso a la muerte.
La confianza en que la ley protege a los honrados y castiga a los malhechores, sin excusas ni atajos.
La previsibilidad de que la vida, la propiedad y la libertad son valores sagrados, defendidos por el Estado y la comunidad.
La seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la protección de los acuerdos entre particulares y la garantía de que la convivencia no será perturbada por quienes desprecian las normas.

Estos principios, lejos de ser abstractos, eran vividos y sentidos por la gente corriente como el suelo firme bajo sus pies. Eran el escudo contra la arbitrariedad, la violencia y la ley del más fuerte.

El espejismo del “progreso” y la demolición del castigo

¿Por qué y cómo se ha desmontado este edificio?

En nombre del “progreso”, de la reinserción, la reeducación y otras pamplinas ideológicas, se ha vaciado de contenido el castigo, se ha puesto el foco en el delincuente (al que muchos consideran una víctima de la sociedad) y no en la víctima, se ha relativizado la gravedad del crimen y se ha vendido la idea de que la severidad es incompatible con la civilización.

Las penas se han suavizado, las cárceles se han convertido en centros de derechos y no de deberes, las excarcelaciones prematuras son la norma, y la reincidencia no se castiga con firmeza.
La okupación de viviendas, la violencia callejera, el menudeo de drogas y la proliferación de bandas se han convertido en fenómenos cotidianos, ante la pasividad o complicidad del Estado.
El delincuente extranjero conoce perfectamente los vacíos legales, las trabas administrativas y la falta de voluntad política para expulsar a quienes reinciden o viven del delito. La inmigración masiva y descontrolada, lejos de ser gestionada con rigor, se ha convertido en un negocio para ONGs y mafias, con el beneplácito de las instituciones.

Vulnerabilidad, miedo y fractura social: las consecuencias de la renuncia

¿Qué ocurre cuando se derrumban estos asideros?

La consecuencia es una sociedad vulnerable, desprotegida, desmoralizada. La gente corriente, decente, la mayoría honrada, se siente cada vez más sóla ante el peligro. Los asideros que daban sentido y seguridad —la ley, el Estado, la policía, la justicia— han sido socavados por discursos buenistas y políticas irresponsables.

El miedo y la desconfianza se instalan en barrios y pueblos. La gente teme salir de casa, teme perder su propiedad, teme ser víctima de la violencia o la impunidad.
La autodefensa y la seguridad privada crecen, porque el Estado ha abandonado su función esencial. Cada vez más comunidades contratan guardias, cámaras, alarmas, patrullas vecinales. Se vuelve a la ley del más fuerte, a la justicia por mano propia.
La frustración y el hartazgo alimentan la desafección política, el voto de protesta y la polarización social. La confianza en las instituciones se erosiona, y el pacto social se resquebraja.

En España delinquir sale barato: la impunidad como norma

¿Por qué los delincuentes —nacionales y extranjeros— actúan con tanta impunidad?

Porque delinquir sale barato. No hay castigo ejemplar, no hay apartamiento real, y la reincidencia es la norma. El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: la ley no protege, el Estado no castiga, la convivencia es papel mojado.

Los okupas se ríen de los propietarios, protegidos por vacíos legales y una justicia lenta e ineficaz.
Las bandas y mafias se sienten impunes, porque saben que la policía tiene las manos atadas y que la justicia es lenta, garantista y poco disuasoria.
Los delincuentes extranjeros reinciden sin temor a la expulsión, porque las trabas administrativas, la falta de acuerdos con países de origen y la complicidad institucional lo permiten.
Los reincidentes entran y salen de prisión como Pedro -Sánchez- por su casa, sin que la sociedad vea una respuesta contundente.

La inmigración masiva y descontrolada: agravante de la crisis

¿Por qué la inmigración masiva y descontrolada agrava la crisis de seguridad y convivencia?

Porque no se trata solo de números, sino de la entrada de miles de personas que, en demasiados casos, no comparten ni respetan los valores, tradiciones, normas y costumbres que han hecho posible la vida en común en España. Muchos de ellos desprecian la civilización que encuentran, ven nuestras leyes como signos de debilidad y consideran legítimo atentar contra ellas.

La delincuencia asociada a inmigrantes ilegales, la ocupación de viviendas, la formación de bandas y la violencia en barrios enteros son síntomas de un proceso de descomposición acelerado.
La gestión opaca de los centros de acogida, las subvenciones a ONGs y la falta de control alimentan un negocio millonario, mientras los ciudadanos españoles ven recortados sus derechos y servicios.
La impunidad de los delincuentes extranjeros, la dificultad para expulsarlos y la falta de integración real generan tensiones, pérdida de cohesión y aparición de guetos urbanos.

El deber elemental: apartar a los malvados, proteger a los honrados

¿Por qué es imprescindible recuperar el principio del apartamiento del delincuente?

Porque no hay civilización posible sin justicia, sin castigo al delincuente, sin apartamiento de quienes destruyen la convivencia. La experiencia histórica lo demuestra: donde la ley se cumple y el criminal es apartado, florecen la prosperidad y la confianza. Donde la impunidad reina, la sociedad se degrada.

El encarcelamiento, los trabajos forzados, la cadena perpetua o la pena de muerte no eran barbarie, sino medidas de protección colectiva, de disuasión y de justicia. La compasión mal entendida, la impunidad o el relativismo solo conducen al caos y a la decadencia.
La función esencial del Estado y de las leyes ha sido, y debe seguir siendo, proteger a la mayoría honrada y decente frente a la minoría que perturba la paz. No es compatible con la civilización tolerar a quienes atentan contra la vida, la libertad, la propiedad o el honor de los demás.

¿Por qué la gente corriente acude a la autoridad?
Porque es elemental: existen malvados —además de idiotas— y cuando estos nos persiguen, nos arruinan la vida, nos roban, nos agreden o nos destruyen, hay que recurrir a la autoridad para que impida que nos perjudiquen, sin contemplaciones.
La autoridad existe para proteger a la gente decente de los malvados y de los idiotas. Cuando no lo hace, deja de ser autoridad y se convierte en cómplice de la injusticia y la barbarie.

Garantismo, indultos y amnistías: la perversión del sentido de la justicia

¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando el Estado perdona, indulta o amnistía a quienes han atentado gravemente contra la convivencia, la legalidad y la seguridad?

Que delinquir sale barato y que, si uno pertenece a determinados colectivos, partidos o ideologías, puede contar con la indulgencia del poder.
Que las víctimas no importan, que su sufrimiento es secundario frente a los intereses políticos o a la ingeniería social.
Que la ley es papel mojado, que la autoridad es débil y que la justicia es selectiva, arbitraria y voluble.

En las últimas décadas, quienes se autodenominan progresistas han impulsado una transformación profunda del sistema penal y judicial español. La severidad, la ejemplaridad y el apartamiento del delincuente han sido sustituidos por una retórica de “justicia restaurativa”, “reeducación”, “reinserción” y “garantismo”. Se legisla para que los violadores, agresores sexuales, pederastas y criminales de todo tipo vean reducidas sus penas, accedan a beneficios penitenciarios, salgan antes de prisión o, directamente, no ingresen nunca.

La llamada “Ley del solo sí es sí” ha provocado la excarcelación y rebaja de penas de centenares de delincuentes sexuales, muchos de ellos reincidentes, ante el estupor y la indignación de las víctimas y la sociedad.
La excusa de la reinserción se utiliza para justificar la laxitud en la ejecución de las penas, la concesión de terceros grados, permisos, libertades condicionales y beneficios penitenciarios, incluso a quienes no muestran el menor arrepentimiento ni voluntad de cambio.
Indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión, sedición o desobediencia. El caso de los líderes independentistas catalanes condenados por el golpe de Estado de 2017 es paradigmático: no solo no han pedido perdón, sino que han anunciado que volverán a intentarlo.
Amnistías a quienes han atentado contra la legalidad constitucional, han desviado fondos públicos, destruido mobiliario urbano, participado en acciones de guerrilla urbana, saboteado infraestructuras, agredido a policías y guardias civiles, y sembrado el caos en calles y carreteras.

Esta política de perdón institucionalizado no solo desmoraliza a la gente decente y honrada, sino que alimenta el cinismo, la desconfianza y el resentimiento. Los delincuentes, lejos de reinsertarse, se envalentonan; las víctimas, lejos de sentirse protegidas, se sienten abandonadas; la sociedad, lejos de avanzar hacia la civilización, retrocede hacia la ley del más fuerte.

La justicia no es compasión con el criminal, sino protección de la víctima y de la sociedad. No es relativismo, sino firmeza. No es perdón indiscriminado, sino castigo proporcional y ejemplar.

¿Qué hacer? Propuestas para restaurar la civilización y la justicia

¿Cómo revertir este proceso y recuperar los asideros perdidos?

Restaurar el monopolio estatal de la violencia en favor de la ley y la justicia. El Estado debe ser fuerte, justo y eficaz, y no abdicar de su función esencial.
Expulsión inmediata de delincuentes extranjeros reincidentes. No puede haber excusas ni vacilaciones: quien atenta contra la convivencia debe ser apartado sin contemplaciones.
Fin de la impunidad para okupas, mafias y bandas. La ley debe cumplirse con firmeza, y la protección de la propiedad debe ser absoluta.
Transparencia total en la gestión de fondos públicos y ONGs. No más opacidad, clientelismo ni negocio migratorio a costa de los ciudadanos.
Protección real y efectiva de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. La seguridad jurídica y la previsibilidad deben ser restauradas como condiciones imprescindibles para el progreso.
Defensa activa de los valores, costumbres y tradiciones que nos han hecho libres y civilizados. No es xenofobia ni intolerancia, sino supervivencia y justicia.

El riesgo existencial: ¿qué está en juego si no actuamos?

La historia enseña que las civilizaciones no caen solo por enemigos externos, sino por la pérdida de confianza, de vigor y de voluntad de autodefensa. Cuando los ciudadanos perciben que su vida, su libertad y su propiedad no valen nada, que el Estado protege más al agresor que a la víctima, el colapso moral y social es solo cuestión de tiempo.

La renuncia inadvertida a los principios elementales ha traído inseguridad, decadencia y miedo. Recuperarlos es la única vía para que la gente decente vuelva a vivir en paz y para que España recupere el pulso de la civilización que la ha hecho grande.

En definitiva:
No hay civilización sin justicia, ni justicia sin castigo, ni castigo sin apartamiento real del delincuente. Todo lo demás —reeducación, reinserción, compasión mal entendida— solo tiene sentido cuando la seguridad de los honrados está garantizada.
Recuperar lo elemental, lo básico, lo obvio, no es retroceder, sino avanzar hacia una sociedad donde la gente corriente pueda vivir, trabajar y prosperar sin miedo, con la certeza de que la ley está de su lado y no del lado del criminal.

¿Cómo se relaciona la pérdida del monopolio estatal de la violencia con la inseguridad y la fractura social?

El monopolio estatal de la violencia es el fundamento sobre el que se sostiene la paz social y la convivencia civilizada. Cuando el Estado abdica de su función esencial, ya sea por incapacidad, dejadez o complicidad, se produce un vacío de autoridad que invita a la proliferación de la violencia privada, la justicia por mano propia y la inseguridad generalizada.

En España, la percepción creciente de que la policía y la justicia no garantizan la protección efectiva ha llevado a que muchos ciudadanos recurran a la seguridad privada o incluso a la autodefensa, reproduciendo dinámicas propias de sociedades sin Estado fuerte.
La fractura social se agrava porque la falta de control estatal sobre la violencia genera guetos, bandas organizadas y zonas donde la ley no se aplica con igualdad, fomentando la segregación y el resentimiento.
Esta situación no solo afecta a la seguridad física, sino que mina la confianza en las instituciones, el respeto mutuo y el sentido de pertenencia a una comunidad.

¿Qué papel juegan las ONGs y las subvenciones en la gestión de la inmigración y la seguridad?

Las ONGs que gestionan la acogida y asistencia a inmigrantes reciben millones de euros en subvenciones públicas, pero la falta de transparencia y control ha generado críticas fundadas sobre la eficacia y la ética de estos recursos.

El entramado de ONGs y empresas vinculadas a la inmigración irregular ha sido señalado por expertos y periodistas como un negocio lucrativo, que en ocasiones puede entrar en conflicto con los intereses de la seguridad y la convivencia.
La opacidad en la gestión de centros de acogida, la contratación directa y la ausencia de auditorías rigurosas dificultan la supervisión y fomentan la desconfianza ciudadana.
Este modelo, además, puede incentivar la llegada masiva y descontrolada de inmigrantes, al ofrecer recursos y facilidades que no siempre se traducen en integración real o control efectivo.

¿Cómo afecta la percepción social de inseguridad a la cohesión y el futuro de España?

La inseguridad percibida, alimentada por hechos reales y por la sensación de impunidad, tiene efectos profundos en la sociedad:

Aumenta la polarización política y social, favoreciendo discursos extremistas y populistas que prometen mano dura y soluciones radicales.
Debilita el pacto social, pues la ciudadanía siente que el Estado no cumple su parte del contrato, generando apatía, desafección y, en casos extremos, rechazo a las instituciones.
Obstaculiza la integración y convivencia, pues la desconfianza hacia colectivos inmigrantes y minorías crece, dificultando la construcción de una sociedad plural y cohesionada.
Impacta negativamente en la economía, ya que la inseguridad reduce la inversión, el turismo y la calidad de vida, afectando el desarrollo y el bienestar.

¿Qué enseñanzas podemos extraer de la historia y la tradición jurídica española?

La historia jurídica y social de España ofrece numerosas lecciones sobre la importancia de la justicia firme y la protección de la convivencia:

Desde el Derecho romano y la Edad Media hasta los códigos penales modernos, la exclusión y el castigo de los delincuentes han sido instrumentos esenciales para garantizar la paz social.
La tradición española ha reconocido la necesidad de penas proporcionales y ejemplares para preservar la seguridad y la confianza ciudadana.
La experiencia demuestra que la compasión mal entendida, la impunidad o el relativismo jurídico solo conducen a la degradación social y al aumento de la criminalidad.

¿Cómo reconciliar la justicia con los derechos humanos sin sacrificar la seguridad?

Un desafío clave es encontrar el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de proteger a la sociedad:

La justicia debe ser firme, proporcional y transparente, garantizando el debido proceso y las garantías legales, pero sin caer en la laxitud ni en la impunidad.
La reinserción y la reeducación son objetivos legítimos, pero deben estar supeditados a la seguridad de la comunidad y a la reparación del daño causado.
La expulsión de delincuentes extranjeros reincidentes es compatible con los derechos humanos cuando se realiza con respeto y conforme a la ley.
La transparencia en la gestión pública y el control riguroso de las subvenciones a ONGs son indispensables para evitar abusos y asegurar que los recursos contribuyen a la integración y la seguridad.

Referencias y voces críticas:

Ayn Rand, La rebelión de Atlas
Rubén Pulido, Invasión (2022)
Informes de la Asociación de Víctimas de la Inmigración Ilegal (AVII)
Dossier de la Asociación de Vecinos de El Raval (Barcelona)
Investigaciones de medios como OkDiario, El Debate, Estado de Alarma TV
Informes de sindicatos policiales (JUPOL, SUP)
Denuncias públicas de la Plataforma de Afectados por la Okupación

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