La «eficiencia energética» de ser la madre del presidente

Mientras decenas de miles de españoles claman por una ayuda mínima para sobrevivir, la madre de Pedro Sánchez recibe 3.000 euros de dinero público para reformar energéticamente su vivienda. No es ilegal, pero sí indecente. Un episodio más de esa España a dos velocidades: la de los ciudadanos comunes que sufren, y la de los Sánchez, que cobran.

Mientras miles de familias españolas malviven esperando una mísera ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV), soportando colas infinitas, trámites imposibles y un trato muchas veces inhumano, la madre de Pedro Sánchez recibe con fluidez y discreción 3.000 euros de la Comunidad de Madrid para «mejoras energéticas» en su vivienda. A cualquiera le costaría entender cómo una mujer que no figura entre los sectores vulnerables, que ya se benefició de fondos públicos en el pasado para su negocio familiar, tiene tan fácil acceso a una subvención autonómica. Pero todo cobra sentido si uno observa el patrón: ser parte de la aristocracia política del sanchismo garantiza un acceso exprés al dinero de todos.

La beneficiaria, Magdalena Pérez-Castejón, madre del presidente del Gobierno, ha cobrado esta ayuda a través de un plan autonómico para la eficiencia energética en viviendas. Es decir, el mismo gobierno de Isabel Díaz Ayuso —acusado tantas veces de clasismo y desprotección social por los mismos que hoy callan— ha financiado la reforma energética de una casa particular ligada a la familia más poderosa de España. Porque cuando se trata del PSOE y su entorno, no hay grieta ideológica que no se repare con un buen cheque público.

La ayuda fue concedida en julio de 2024, según reveló El Debate. Y no es un caso aislado. La señora Pérez-Castejón ya recibió —junto a su marido— cuantiosas ayudas públicas a través del Instituto de Crédito Oficial para sacar adelante la empresa familiar de plásticos, Playbol S.A. ¿Casualidades? Difícil de creer. Más bien parece que, en el entorno del poder socialista, la teta del Estado nunca se seca, solo cambia de canal.

Lo sangrante no es la cuantía en sí —3.000 euros no sacan a nadie de pobre, ni hacen rica a ninguna familia acomodada— sino la obscenidad moral de una clase política y familiar que predica igualdad mientras practica el privilegio más descarado. Mientras los ciudadanos de a pie ven cómo les rechazan el IMV por una coma mal puesta, por un papel caducado o por superar en 10 euros el umbral de renta, la madre del presidente recibe su transferencia sin mayor problema. La España real padece, y la España sanchista cobra.

Todo esto sucede en un contexto de inflación persistente, pobreza energética creciente y hogares vulnerables que no pueden encender la calefacción ni pagar el gas. Familias con niños pequeños que han sido desahuciadas, jubilados que eligen entre medicarse o comer. Y mientras tanto, la madre del líder socialista mejora la eficiencia energética de su vivienda con dinero público, en lo que podría considerarse una metáfora perfecta del modelo Sánchez: aparentar progresismo desde una atalaya de beneficios privados y contactos blindados.

No se trata de una ilegalidad —seguramente los requisitos estaban cumplidos en el papel—, sino de algo mucho más grave: la utilización sistemática del Estado como plataforma de privilegio personal y familiar, donde la transparencia, la ética pública y la ejemplaridad brillan por su ausencia. No es la primera vez que sucede. Recordemos el caso de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, envuelta en sospechas por su uso de contactos institucionales para beneficiar a empresas amigas. O los escándalos de financiación irregular de la campaña del propio Pedro Sánchez con la plataforma que luego desapareció sin dejar rastro.

Mientras el sanchismo construye un relato de justicia social, en la práctica ha edificado un sistema clientelar donde las familias conectadas al poder se benefician como antaño lo hacían los linajes aristocráticos. La diferencia es que ahora lo hacen en nombre del «progreso», la «sostenibilidad» y la «agenda 2030». Puro marketing al servicio de los de siempre.

La impunidad es tal que, incluso con los datos en la mano, nadie en el PSOE ha dado explicaciones públicas. Nadie ha considerado, por ejemplo, que por dignidad la ayuda podría haberse rechazado. Que tal vez existan personas más necesitadas, en peores condiciones, para quienes 3.000 euros pueden significar comida, calefacción o un colchón donde dormir. Pero en la moral del poder sanchista, esas consideraciones no existen. El Estado les pertenece, y reparten su botín sin rubor.

Y lo más grave: esta noticia no abrirá telediarios, no provocará ruedas de prensa ni preguntas incómodas en el Congreso. La maquinaria mediática afín, cómplice y subvencionada, pasará página o negará importancia a este nuevo episodio. Porque cuando el protagonista es el entorno de Sánchez, todo se relativiza, todo se perdona, todo se justifica. Ya ni siquiera hacen falta coartadas ideológicas. Basta con el silencio.

La próxima vez que una madre soltera llore porque le han denegado el IMV, que una familia sea desahuciada por no poder pagar la luz o que un pensionista pase frío en invierno, tal vez alguien deba recordarle que hay madres con suerte: las que tienen un hijo presidente…

¡Y esas, en la España del PS ( Partido Sanchista) nunca, nunca pasan necesidad!