Feijóo, Guardiola, y el PP: la crónica de una nueva traición anunciada

Quienes albergan la esperanza de que un eventual gobierno del Partido Popular, en solitario o en coalición con VOX, marcaría un punto de inflexión en la historia reciente de España, deberían hacer un ejercicio de memoria. Es hora de despertar, de dejar atrás la ingenuidad, de abandonar las ilusiones pueriles y afrontar con crudeza lo que nos anticipan tanto la trayectoria histórica del PP como el presente inmediato de sus barones regionales. Porque la derecha oficial española no es una alternativa al desastre socialcomunista: es su cómplice necesaria, su relevo sistémico, su coartada democrática.

Quien quiera saber lo que nos aguarda bajo un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo, solo tiene que observar lo que hace el PP allí donde ya gobierna. El caso de María Guardiola en Extremadura es paradigmático. Vendida como una «esperanza de cambio», rápidamente mostró sus cartas: abrazó sin reservas la retórica feminista de género, mantuvo intactas las políticas identitarias socialdemócratas, traicionó a sus socios de investidura y se plegó a los dictados de la izquierda sin apenas resistencia. Su gobierno no ha derogado ni una sola ley ideológica del sanchismo, ni ha propuesto una regeneración institucional de calado. Más bien al contrario, su gestión se ha caracterizado por la continuidad y la sumisión. Un espejismo de alternancia que oculta la persistencia del régimen.

Y lo mismo puede decirse de Juanma Moreno en Andalucía, o de Alfonso Rueda en Galicia: gestiones «moderadas», entregadas al discurso dominante, fieles ejecutoras de la Agenda 2030, del pensamiento woke, del feminismo punitivo, del ecologismo climático y del multiculturalismo desintegrador. En todas estas regiones gobernadas por el PP se aplican políticas prácticamente idénticas a las del PSOE, en ocasiones incluso más disciplinadas en su implementación. Feijoo no representa una alternativa al modelo socialdemócrata y liberticida, sino su versión azul celeste, edulcorada, más digestiva para el electorado de derechas, pero igual de nociva.

No olvidemos que Feijoo fue durante años presidente de la Junta de Galicia, donde aplicó sin complejos una política lingüística asimilable a la del nacionalismo catalán y vasco, marginando el uso del español en favor del gallego, imponiendo su uso en la administración, la educación y los medios públicos. Bajo su mandato se persiguió el bilingüismo efectivo y se consolidó el modelo de inmersión lingüística encubierta. Su política sanitaria durante la pandemia fue una de las más restrictivas y autoritarias del país: medidas coercitivas, imposición de pasaportes sanitarios, represión de derechos fundamentales. Feijoo fue un entusiasta ejecutor del experimento covidiano.

En materia ideológica, el PP ha sido pionero en instaurar las bases del actual régimen feminista de género. Bajo el gobierno de José María Aznar se crearon los primeros «institutos de la mujer» en las comunidades autónomas, se financió el entramado de asociaciones subvencionadas que hoy parasitan el erario público con la excusa de la violencia machista, se introdujo en la legislación el principio de asimetría penal entre hombres y mujeres, y se promovió la retórica de la «perspectiva de género» como ideología oficial del Estado. La ley de violencia de género de Zapatero (28 de diciembre de 2004) fue posible gracias a estos antecedentes que el PP jamás cuestionó, y que Rajoy consolidó durante su mandato sin tocar una coma.

No solo eso: tanto Aznar como Rajoy se convirtieron en mecenas del separatismo mediante la financiación masiva a través del sistema de reparto autonómico, toleraron el adoctrinamiento escolar y mediático en Cataluña y el País Vasco, y no movieron un dedo para frenar la ofensiva contra la unidad nacional. Rajoy, lejos de defender la Constitución, dejó pudrirse el conflicto catalán hasta que estalló el 1 de octubre de 2017, y entonces su respuesta fue tan tibia como efímera: aplicó un artículo 155 descafeinado que solo sirvió para salvar temporalmente las apariencias.

Por si fuera poco, ambos gobiernos del PP permitieron el mayor expolio financiero de la historia reciente: el saqueo de las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad. Lo que antaño eran instituciones de carácter social, con fuerte arraigo local y función de redistribución del crédito, fueron entregadas a intereses políticos y clientelares, repartiéndose su gestión entre partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, diputaciones y ayuntamientos. Todo con la connivencia de los gobiernos del PP, que miraron hacia otro lado o directamente participaron en el saqueo. La consecuencia fue la ruina de miles de pequeños ahorradores, el rescate bancario con dinero público y la posterior conversión en lo que hoy algunos llaman cínicamente “banca ética”.

¿Y qué decir de VOX? ¿Es VOX una alternativa auténtica? ¿Un contrapeso real frente al conformismo del PP? Mucho nos tememos que no. Si bien es cierto que su discurso incluye verdades necesarias —la denuncia del multiculturalismo, el cuestionamiento del estado autonómico, la crítica al feminismo institucionalizado—, no puede ignorarse que su núcleo dirigente proviene mayoritariamente del propio PP. Abascal, Ortega Smith, Espinosa, Olona (ya fuera)… no son más que una reencarnación del aparato popular, desplazado y reciclado en clave populista. En momentos críticos, VOX ha actuado como un actor funcional del sistema, blanqueando con su presencia las políticas del PP y evitando que surja una disidencia más profunda y estructural.

Su papel en gobiernos autonómicos es revelador: permiten al PP aplicar su agenda sin oposición real, limitándose a declaraciones grandilocuentes mientras se mantienen en el poder. De las reformas profundas que prometen en campaña —derogación de leyes de género, recentralización del Estado, regeneración institucional, reforma constitucional, recuperación del poder judicial, igualdad real entre españoles— no se ha materializado absolutamente nada. Su presencia en instituciones ha servido más para amortiguar la indignación que para canalizarla eficazmente.

Y así llegamos a las elecciones generales. Medios «desafectos» al socialcomunismo, separatismo y filoterrorismo nos anuncian un futuro esplendoroso si PP y VOX alcanzan una mayoría holgada, incluso superior a los 200 diputados. Pero, ¿qué cabe esperar de una alternancia sin alternativa? ¿Es creíble pensar que un gobierno Feijoo-Abascal o un Feijoo en solitario se atreverá a tocar los cimientos del régimen? ¿A derogar las leyes ideológicas que han minado la libertad, la unidad y la justicia en España? ¿A recuperar el Estado unitario, garantizar la igualdad real de todos los españoles, reformar la Constitución, la ley electoral, el poder judicial, la ley de partidos? ¿A suprimir los aforamientos y restaurar el juicio de residencia como exigencia de responsabilidad institucional?

La experiencia y la lógica política nos dicen que no. Que no lo harán. Porque no quieren. Porque no pueden. Porque su papel en el sistema es administrar el declive, no revertirlo. Gestionar la decadencia, no combatirla.

La única posibilidad de regeneración auténtica solo puede venir de una sociedad civil despierta, exigente, desengañada, que no delegue su soberanía en burócratas profesionales, sino que los vigile, los limite, los sustituya cuando sea necesario. Que no se deje seducir por colores ni siglas. Que se atreva a ir, en el sentido más noble y español del término, a la raíz del problema.

Porque como escribió Ortega, “el mayor pecado de España es la invertebración: una sociedad sin columna, sin firmeza, sin resistencia. Una sociedad líquida antes de que el término se hiciera moda.”

Y los actuales partidos del sistema —todos— son parte esencial de ese pecado.