España 2025: El Día de la Liberación Fiscal como radiografía de una estafa institucional

El DLF y la curva de la asfixia: año tras año, más carga, menos democracia.

El progresivo retraso del DLF es, en palabras de la Fundación Civismo, “la expresión de un sistema fiscal hipertrofiado, cuya evolución no responde ya a los principios de eficiencia, equidad ni neutralidad, sino a la mera necesidad de financiar un aparato estatal en constante expansión”. La consecuencia es una sangría social y económica:

• Más de siete meses y medio trabajando exclusivamente para pagar al Estado.
• Al menos 112 días solo para cotizaciones sociales, a lo que se suman otros casi 100 días para IRPF, IVA y otros tributos directos y al consumo.
• Una estructura tributaria con casi 200 figuras fiscales y una descentralización caótica que multiplica las duplicidades y los costes administrativos.
• Subidas acumuladas en cotizaciones, cuotas y tipos marginales, agravadas por la “progresividad fría”: la no actualización de tramos IRPF a la inflación, lo que amplifica la mordida fiscal en términos reales año tras año.

España sin presupuestos: la gran estafa institucional

Este entorno fiscal asfixiante coexiste, paradójicamente, con la mayor anomalía institucional de la historia democrática reciente: por tercer año consecutivo, el gobierno no ha presentado ni sometido a aprobación los Presupuestos Generales del Estado. Esta ausencia de presupuestos es mucho más que un tecnicismo: es la prueba del absoluto descontrol del gasto público.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido las cuentas prorrogadas en su mejor coraza: no responde ante el Parlamento, no expone prioridades, no permite el mínimo control de la oposición ni de la sociedad civil. Se gobierna con una amalgama de decisiones arbitrarias, transferencias extrapresupuestarias y reales decretos, fuera de toda fiscalización efectiva.

“El resultado es un modelo de desgobierno, donde el poder gasta sin explicar, recauda sin devolver, y legisla sin consensuar. Esto vacía de contenido la democracia representativa, desnaturaliza el parlamentarismo y niega a los ciudadanos su derecho a influir, a saber y a exigir.”

Las consecuencias son devastadoras:

• Recaudación récord (500.000 millones en 2025), pero servicios públicos cada vez más deteriorados: infraestructuras sin mantenimiento, sanidad colapsada, educación degradada, fuerzas de seguridad desprovistas de medios y recursos.
• Deuda pública disparada: más del 110% del PIB, financiando sobre todo el crecimiento del propio aparato burocrático y el clientelismo político.
• Corrupción estructural y clientelismo: los contratos y subvenciones se reparten con opacidad a empresas afines, ONGs, y redes instrumentales sin ningún control ni fiscalización efectiva. Más de 220 denuncias públicas de corrupción en contratación solo en el último año.

El ciudadano: contribuyente por obligación, exiliado por convicción

En este escenario, no exageramos al hablar de un verdadero «exilio interior»: el ciudadano medio es forzado a trabajar más que nunca para un Estado cuyos servicios se deterioran a la vez que multiplican los tributos. Y la desigualdad regional aumenta: Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra o Baleares dicen adiós a la renta disponible antes que Madrid, Andalucía o Canarias.

Este esfuerzo fiscal extremo, sin contrapartidas en servicios ni mejoras reales, ha convertido la presión tributaria española en una anomalía europea: recaudamos más para cubrir intereses de la deuda, clientelas y duplicidades, sin capacidad para invertir en el verdadero bienestar común ni en el crecimiento futuro.

¿Y la justificación? Propaganda y relato

Mientras el gobierno anuncia récords de empleo, potencia exterior y armonía institucional, no deja de gastar en campañas, viajes, propaganda oficial y una fastuosa red de asesores y cargos afines. La transparencia es nula, la contabilidad es una caja negra, y la democracia—privada de presupuestos, debate y control—queda reducida al ritual electoral, sin influencia nunca sobre las grandes decisiones.

El gasto militar se multiplica bajo la cobertura de la OTAN, pero no mejora la seguridad real de los ciudadanos ni se traduce en una defensa integral y planificada. Las amenazas reales—tráfico de personas, narcotráfico, criminalidad organizada, separatismo desbordado, corrupción estructural—son desatendidas o instrumentalizadas según conviene al relato de turno.

Conclusión: de la liberación fiscal a la servidumbre fiscal

El Día de la Liberación Fiscal, lejos de constituir una anécdota excéntrica, se ha tornado en el índice fundamental de la asfixia, el desapoderamiento y el hartazgo social. En 2025, el milagro no es mantener un sistema público digno—el verdadero milagro es que, después de pagar hasta mediados de agosto solo para sostener un Estado que no devuelve lo recaudado, aún quede quien quiera esforzarse en España.

El ciudadano asiste, impotente, al deslizamiento hacia una tiranía presupuestaria sin rostro: se paga más, se recibe menos, y nadie puede exigir ni saber a dónde va el fruto de su esfuerzo. La democracia ha sido vaciada de su esencia: sin presupuestos, sin debate, sin control real del gasto, los españoles trabajan, pero no deciden— deciden por ellos.

“Tenemos derecho a saber a quién pagamos y con qué fin. Hoy España no lo sabe. Por eso, hoy España no decide…”

En esta España de 2025, la pregunta ya no es cuánto soportará el contribuyente… sino cuánto queda para la rebelión o la huida. Porque, mientras tanto, solo queda sumar días, sumar impuestos, sumar desengaños. No son milagros. Son tus impuestos.