España, 8000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, gobiernos regionales… y un laberinto de espejos que devora nuestros impuestos y blanquea a la mafia extractiva que nos malgobierna

Maldita la gracia que nos hace a los que apoquinamos religiosamente nuestros impuestos este maldito laberinto de espejos que camufla el despilfarro, deforma y endulza la mala gestión, blanquea a la mafia extractiva que nos malgobierna. Porque lo que hoy tenemos en España es mucho más que una simple “administración pública”: es un monstruo de 8000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, gobiernos regionales y un gobierno central que multiplican funciones, duplican tareas y gastan sin control, mientras la sociedad contempla atónita cómo sus recursos se evaporan.

La atracción de feria del laberinto de espejos

Para quienes no estén familiarizados, un laberinto de espejos es una atracción de feria que fascina a niños y mayores: uno entra y se ve reflejado en infinitos ángulos, deformado, multiplicado, confundido. Lo mismo ocurre con la maraña institucional española: el ciudadano pierde el sentido de la realidad, se desorienta, no sabe quién gasta, cómo ni en qué, y mientras tanto, los responsables se ríen, manipulando el reflejo de la gestión para que parezca algo distinto de lo que realmente es.

Participación, control y responsabilidad: lo que nunca se nos permite

Más que “democracia”, lo que hace falta es participación real de los ciudadanos, supervisión efectiva de los asuntos públicos, control del gasto, conocer con exactitud en qué se gastan nuestros dineros, rendición de cuentas y participación en la elaboración de presupuestos, previsión de ingresos y gastos, y establecimiento de prioridades de inversión. Nada de esto existe de manera efectiva en el entramado institucional actual.

A esto hay que sumar que España está sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023, y que el país está ardiendo por los cuatro costados, mientras los burócratas y políticos profesionales se pasean por sus despachos, sin responder ante nada ni nadie.

Los empleados públicos “fantasmas”

En España se estima que cada día faltan al trabajo alrededor de 118.000 empleados públicos sin justificación, un 8,2% de absentismo, un 26% más que en el sector privado. Algunos de estos funcionarios “fantasmas” llegaron a cobrar más de 500.000 euros durante años sin trabajar:

• Carles Recio, funcionario de la Diputación de Valencia, estuvo 10 años sin ir a trabajar y fue descubierto en 2017, sentenciado en 2018 a nueve años de suspensión de funciones por infracciones graves del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Joaquín García, ingeniero jubilado de Cádiz, no cumplió labor alguna entre 2004 y 2010, y cobró su salario sin trabajar; fue multado con 27.000 euros por absentismo.
• En Italia, Salvatore Scumace, funcionario de Calabria, cobró 538.000 euros en 15 años sin presentarse a trabajar, protegido por sus superiores, hasta ser detenido en 2021 por fraude, extorsión y abuso de poder.

Estos casos son solo la punta del iceberg de una cultura de impunidad y protección mutua dentro de la administración.

Despilfarro monumental y obras públicas inútiles

Nuestros gobernantes parecen olvidar que todo lo que obtenemos —aparte de los dones gratuitos de la naturaleza— debe pagarse de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de seudoeconomistas que creen que el Estado puede gastar sin límite, acumular deuda infinita y “pagarse a sí mismo”. La realidad es tozuda: cada euro del gasto público proviene de los impuestos, y cuando se descontrola el gasto, se genera bancarrota, deuda e inflación, una forma particularmente viciosa de tributar.

• Entre 1996 y 2007, el despilfarro en España superó el 20% del PIB, más de 150.000 millones de euros.
• Sobrecostes en obra pública: 15-20% sobre el gasto previsto, según datos oficiales.
• Obras públicas infrautilizadas: aeropuertos sin aviones, trenes de alta velocidad vacíos, desaladoras que no operan.
• Gastos en equipamientos, instalaciones culturales y científicas, parques temáticos, juegos olímpicos y exposiciones universales que duplican y triplican la inversión sin retorno social proporcional.

Cada vez que un proyecto es promovido con la excusa de “crear empleo”, el ciudadano debe preguntarse si la necesidad real del proyecto está subordinada a la conveniencia política de generar puestos de trabajo, a menudo a costa de sobreprecios y derroches que benefician a empresas afines y constructoras privilegiadas.

La maraña institucional y la duplicidad de funciones

Cuando Franco murió, España tenía 700.000 empleados públicos para 35 millones de habitantes. Hoy tenemos 49 millones de ciudadanos y más de 3,5 millones de empleados públicos, incluyendo interinos, asesores, chóferes, guardaespaldas, cargos de libre designación, y toda una industria política que hace carrera para acumular patrimonio y colocar a familiares, amigos y allegados.

El entramado de 8000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y gobiernos regionales multiplica gastos, duplica y triplica funciones, y mantiene estructuras que hoy son redundantes, obsoletas y costosas. La supresión de aforamientos, la recentralización de competencias y la creación de una sola oficina de contratos públicos, obras, bienes y servicios serían medidas urgentes y eficaces para racionalizar esta estructura.

Números que marean y una invitación a ahorrar

• Gasto público total en 2023: 680.952 millones de euros (+6,88% respecto al año anterior).
• Déficit público: 3,66% del PIB.
• Sobrecostes de obra pública: +15-20%.
• Coste teórico de exceso de 1,5 millones de empleados públicos: 66.700 millones de euros anuales (≈5% del PIB).

Si se racionalizara la administración, eliminando duplicidades y proyectos superfluos, gran parte de estos recursos podrían invertirse en áreas críticas: educación, sanidad, vivienda, infraestructuras útiles y mejora institucional. La eficiencia permitiría afrontar los desafíos futuros mucho mejor equipados.

El modelo de los administradores de fincas

Los administradores de fincas muestran que gestionar recursos ajenos con rigor y responsabilidad es posible. En comunidades de vecinos y propietarios, optimizan gastos, evitan derroches, priorizan necesidades reales y garantizan transparencia y rendición de cuentas.

Si España adoptara este enfoque profesional y responsable en toda la administración pública, los resultados serían inmediatos: reducción del despilfarro, transparencia, eficiencia y un Estado verdaderamente al servicio de sus ciudadanos.

Hacia una administración racional, profesional y responsable

Se requiere una reforma estructural profunda que contemple:

1. Reducción drástica de empleados públicos a niveles sostenibles y justificados.
2. Eliminación de duplicidades, triplicidades y cuadruplicidades en competencias y funciones.
3. Racionalización del gasto público, priorizando inversiones útiles y socialmente rentables.
4. Profesionalización de la gestión pública, con gestores experimentados en la administración de recursos ajenos.
5. Supresión de aforamientos y establecimiento de ley de responsabilidad de funcionarios y gobernantes.
6. Centralización de la contratación pública y control de obras, bienes y servicios.
7. Participación ciudadana real, control y supervisión de presupuestos, rendición de cuentas y planificación estratégica.

España puede seguir siendo un laberinto de espejos o transformarse en un país donde los ciudadanos conozcan con exactitud en qué se gastan sus impuestos, donde la administración pública funcione con eficiencia, profesionalismo y transparencia, y donde los gobernantes rindan cuentas de su gestión. Todo lo demás es espectáculo, ilusión óptica y saqueo institucional.