Pedro Manuel Hernández: «España: el país donde ‘vapear mata’, pero ‘mutilarse empodera'»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del cinismo político aplicado. Su último ejemplo lo encontramos en la llamada “Ley Anto 2.0”, un proyecto que pretende prohibir la venta de cigarrillos y vapeadores a menores de 18 años, vetar el consumo en playas, terrazas y hasta en vehículos privados si viajan niños, todo ello en nombre de la salud pública. Hasta ahí, cualquiera diría que estamos ante un Estado paternalista, empeñado en proteger a los adolescentes de sus propios impulsos dañinos.

Pero basta girar la vista al resto del BOE para descubrir el disparate: esas mismas niñas de 16 o 17 años que no pueden encender un cigarrillo en la playa, sí pueden abortar sin el consentimiento de sus padres gracias a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, impulsada por Irene Montero y sus socias del Ministerio de Igualdad. Desde 2023, la autorización paterna ha desaparecido del procedimiento: basta con que la menor lo comunique a la clínica y el Estado se encargará del resto.

Y no solo eso: la llamada “Ley Trans” (Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans) consagra el principio de autodeterminación de género desde los 16 años sin necesidad de autorización paterna. Incluso desde los 14, con el aval de un juez. Es decir: un adolescente que no puede comprar tabaco ni un capeador, puede, en cambio, cambiar oficialmente de sexo en el Registro Civil, iniciar tratamientos hormonales y encaminarse a cirugías irreversibles, sin que sus progenitores tengan nada que decir ni opinar.

La contradicción –es tan grosera e inmoral– que se sostiene únicamente sobre la doble y cinica moral progresista: lo que a un menor se le niega en nombre de la salud, se le concede sin cortapisas en nombre de la «ideología queer». Prohibido fumar porque daña los pulmones; permitido abortar porque es “un derecho” avalado por la Ley…pero permitido mutilarse porque es eso es auténtico “empoderamiento”.

El problema no es solo legal, es moral y político. Por un lado, el Estado trata a los adolescentes como unos seres inmaduros e incapaces de decidir sobre un pitillo, una cerveza o un vapeador con sabor a fresa; por otro, los convierte en sujetos plenamente autónomos cuando se trata de abortar o de negar su sexo biológico. Una cínica y perversa incoherencia que evidencia que la verdadera motivación no es la salud ni el bienestar de los jóvenes, sino la imposición de un dogma ideológico que convierte al Estado en tutor absoluto y legal de las nuevas generaciones.

La patria potestad —consagrada en el Art. 154 del Código Civil— se queda reducida a mero papel mojado. Los padres son apartados con la fuerza de la ley del proceso de decisión en cuestiones trascendentales y tratados como enemigos de sus propios hijos. Y todo mientras se les responsabiliza de vigilar que no fumen, ni beban, ni vapeen, ni abusen delovil… Una cicatera esquizofrenia legal y política que desarma a las familias y coloca a los menores en manos de burócratas, psicólogos de ONG subvencionadas y médicos ideologizados .

No es casualidad. La estrategia es clara : ¡ socavar a la familia para reforzar el poder del Estado ! Convertir al adolescente en súbdito directo y adocenado del Gobierno, sin ninguna mediación paterna. Un “ciudadano en formación” que aprende desde la adolescencia que la ley –le ampara para abortar, hormonarse o cambiarse el nombre– pero le persigue, si osa encender un cigarro o sacar un vapeador en la esquina del instituto.

La manipulación es evidente: «criminalizar lo banal y banalizar lo irreversible». Lo primero —fumar o vapear— se presenta como una «amenaza mortal a la sociedad»; lo segundo —abortar o mutilarse— como un «derecho inalienable e intocable». El resultado es un país donde un cigarrillo puede costar una multa, pero un aborto se tramita como quien pide cita en el Centro de Salud.

Conviene recordar que España registra más de 90.000 abortos al año. Muchos de ellos de menores. El Gobierno los presenta como un triunfo de la libertad, cuando en realidad revelan un fracaso colectivo: «fracaso de la educación, de la prevención y sobretodo de la tutela familiar. Eliminar el consentimiento paterno no soluciona nada, solo agrava la brecha entre padres e hijos, y empuja a las menores a procesos traumáticos sin apoyo real.

Algo similar ocurre con la autodeterminación de género. La Ley Trans suele ignorar deliberadamente la experiencia de países como Finlandia, Suecia o el Reino Unido, que han limitado o paralizado los tratamientos hormonales en menores ante el aumento de casos de arrepentimiento y de “detransición”. En España, en cambio –se abre la puerta de par en par a un amplio mercado lucrativo de bloqueadores hormonales y cirugías de género– mientras se silencia cualquier advertencia médica sobre sus gravísimos riesgos. Eso sí, el mismo Gobierno que –ocultando los efectos secundarios de las hormonas– se desvive en campañas para alertar de los peligros del vapeo.

La paradoja es tan insultante que raya en lo criminal. Se invoca la salud pública para prohibir fumar, mientras se promueve la mutilación bajo el paraguas de los derechos. Se niega el consentimiento paterno para decisiones vitales, mientras se exige que un menor no pueda comprar ni una lata de cerveza sin mostrar el DNI.

Ya nos lo advirtió Chesterton hace más de un siglo:
<< Cuando un pueblo deja de creer en Dios, no es que no se crea en nada, sino que se cree en cualquier cosa>>. Y eso es, exactamente, lo que le ocurre hoy a la España socialcomunista del «puto amo»: que ha dejado de creer, no solo, en Dios, sino tambien en la familia, en la moral responsable y en el sentido común, y por eso «legisla disparates» como estos.

En definitiva: vivimos en un país donde un cigarrillo mata, pero una mutilación química o quirúrgica “empodera”. Y lo peor es que, a todo este dislate moral, jurídico y politico, lo llaman y nos lo quieren imponer como «PROGRESO» (con mayúsculas).