Fobias, complejos y apatía del Partido Popular: tres lustros después del triunfo de Rajoy

Han pasado casi tres lustros desde que escribí un artículo con el título “Fobias, complejos y apatía del Partido Popular”. Lo retomo porque, por desgracia, no ha perdido ni un ápice de actualidad; muy al contrario, la situación se ha agravado mucho, demasiado. Y conviene recordarlo: el Partido Popular, tras la terrible situación que nos dejó el PSOE de Rodríguez Zapatero y pese a la holgada mayoría absoluta obtenida en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, incumplió absoluta y sistemáticamente todas sus promesas electorales. Lejos de corregir el rumbo, renunció a su propio programa, consolidó los marcos ideológicos de la izquierda, evitó cualquier reforma estructural de calado y terminó abriéndole de par en par la puerta a Sánchez y a sus secuaces. Una renuncia política y moral que, con perspectiva histórica, no fue un simple error estratégico, sino el punto de inflexión que permitió el proceso de degradación institucional que hoy padecemos.

Han pasado casi tres lustros desde que hice aquel diagnóstico sobre la deriva del Partido Popular, y lo verdaderamente preocupante es que sus fobias, sus complejos y su apatía no solo persisten, sino que se han institucionalizado como parte de su identidad política. Un partido que debería haberse constituido en contrapeso firme frente al socialismo totalitario y liberticida y ante el deterioro del Estado de Derecho, ha optado una y otra vez por la inhibición, la componenda y la búsqueda obsesiva de una respetabilidad mediática que nunca obtendrá y que, en caso de obtenerla, solo sería señal de su capitulación ideológica definitiva.

La historia reciente lo demuestra con una claridad que ya ofende: tras el abandono total de su programa reformista entre 2011 y 2015, tras sostener y ampliar estructuras estatistas que prometió desmontar, tras renunciar a toda batalla cultural y permitir que la izquierda definiera unilateralmente el marco moral, político y mediático del país, el PP entregó el terreno a Sánchez sin apenas resistencia. Pero lo más grave es que, después de haber allanado el camino a un proyecto explícitamente desestabilizador, ni siquiera ha sido capaz de articular una estrategia integral para frenarlo.

El problema ya no es solo que el PP no presente alternativas: es que teme presentarlas. Sus dirigentes viven presos del pánico a ser llamados “ultraderecha”, “reaccionarios” o “negacionistas” por los mismos medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas que llevan años atacándoles sistemáticamente. De ese miedo nace su parálisis; y de esa parálisis, su irrelevancia estratégica. Entre tanto, España asiste a una demolición institucional sin precedentes, mientras el principal partido de oposición sigue encerrado en debates tácticos, encuestas demoscópicas y discursos vacíos diseñados para no molestar a nadie, especialmente a quienes jamás votarán al PP.

La desorientación es tal que incluso en las cuestiones más esenciales —la defensa de la vida, de la propiedad privada, la integridad territorial, la separación de poderes, la regeneración institucional, la crítica a la manipulación legislativa, el freno a la ingeniería social, el control del gasto y la garantía de la libertad económica— el PP aparece siempre tarde, siempre a remolque, siempre justificándose, siempre reaccionando en vez de proponiendo, y siempre cuidando de no romper el consenso socialdemócrata que lo asfixia.

Mientras tanto, Sánchez avanza sin obstáculos, con una determinación que el PP no muestra ni siquiera para defender lo que afirma creer. Y así, partido tras partido, ciclo tras ciclo, España se desliza hacia una mutación constitucional de facto, sin que el principal partido llamado a defender el marco liberal-conservador del 78 esté dispuesto a enfrentarse a la raíz del problema: su propia renuncia.

Y, para más inri, el Partido Popular —tras años de claudicaciones, silencios, renuncias y concesiones a la hegemonía cultural de la izquierda— se permite ahora llamar a los españoles a manifestarse en la calle para pedir que Pedro Sánchez convoque elecciones. Es difícil concebir algo más políticamente ingenuo, más estratégicamente torpe y, si se quiere, más intelectualmente empobrecedor. Pretenden que sea el propio Sánchez —cuya permanencia en el poder se basa precisamente en la erosión sistemática de los contrapesos institucionales y en la manipulación de las reglas— quien voluntariamente abra la puerta a perder el poder. De veras que no puede ser más estúpido.

Esa apelación a la “presión ciudadana” como mecanismo para doblegar a un gobierno que ha demostrado reiteradamente su desprecio por los límites constitucionales revela hasta qué punto el PP sigue sin comprender el proceso al que España está siendo sometida. No se afronta un proyecto de ingeniería institucional tan ambicioso como el del sanchismo con pancartas y reclamaciones moralistas; se le hace frente —y se frena— con valentía, con estrategia, con instituciones sólidas, con articulación social, con liderazgo intelectual y con determinación política. Justo aquello de lo que el PP lleva años careciendo.

Esta apelación a la calle, además, llega tarde y mal. Tarde, porque durante años renunció a movilizar a su electorado, obsesionado con no parecer “conflictivo”. Y mal, porque la movilización que ahora propone no va acompañada de un proyecto claro, de un relato fuerte ni de una alternativa articulada. De nuevo, la misma fórmula fallida: pedir a los ciudadanos que hagan lo que el partido no está dispuesto a hacer.

La raíz del problema es que el PP sigue abordando la crisis española como si estuviéramos ante un simple desgaste de gobierno, no ante una mutación profunda del sistema. Sánchez no opera dentro de las reglas del consenso del 78: las reescribe, las dobla o las ignora según convenga. Su proyecto consiste en someter a las instituciones a una lógica partidaria de control total y convertir la arquitectura constitucional en un decorado legitimador de un poder cada vez más concentrado. Y lo está consiguiendo porque la oposición mayoritaria no se atreve ni a nombrar el fenómeno.

Mientras el Gobierno se apropia de organismos, de las instituciones, paraliza el Consejo General del Poder Judicial, captura el Tribunal Constitucional, desnaturaliza la Fiscalía, vacía las Cortes y gobierna sin Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años —sin previsión real de ingresos ni de gastos, con una recaudación cada vez más voraz de la que Sánchez y sus ministros se pavonean como si fuera señal de buena gestión— el PP se limita a lamentar los excesos y a esperar que la erosión electoral haga el trabajo que ellos no quieren hacer. Entre tanto, las cuentas públicas se degradan, la deuda se dispara, el marco fiscal se convierte en un laberinto confiscatorio y las comunidades autónomas sortean como pueden la inestabilidad presupuestaria permanente.

Este vacío presupuestario y normativo no es un accidente: es un método. Un Estado sin cuentas es un Estado sin control, y un Estado sin control es un terreno perfecto para la arbitrariedad y la ingeniería política. Pero lo más grave es que el PP tampoco denuncia esta anomalía como lo que es: un síntoma del colapso funcional de la Administración pública y de la voluntad del Gobierno de gobernar sin someterse a reglas.

A esto se suma un clima de deterioro económico que el PP tampoco logra articular en un relato convincente. Mientras la productividad española permanece estancada, mientras la inversión cae, mientras la economía se sumerge en un modelo de subsidios, clientelas y gasto improductivo, mientras la presión fiscal se acerca a niveles récord y las empresas sufren una inseguridad jurídica asfixiante, la respuesta del PP es tecnocrática, tibia, anodina. No hay un plan de país. No hay un proyecto industrial. No hay una visión estratégica. No hay una narrativa que dispute el marco mental que la izquierda lleva imponiendo desde décadas.

El resultado es un panorama en el que el Gobierno actúa con la determinación de quien sí cree en su proyecto —aunque ese proyecto sea destructivo para la arquitectura institucional y económica de España— mientras la oposición conserva los gestos y los complejos de quien teme más al qué dirán que al destino del propio país.

Por eso resulta imprescindible un llamamiento explícito a las élites empresariales, financieras, académicas, tecnológicas y cívicas de España. El inmovilismo o la neutralidad ya no son una opción. Las élites deben comprender que el deterioro institucional no es un asunto de politólogos: es la antesala del empobrecimiento duradero. Sin Estado de Derecho, sin separación de poderes, sin seguridad jurídica, sin estabilidad fiscal, sin una Administración competente y no colonizada, la inversión huye, el crecimiento desaparece y la sociedad se polariza irreversiblemente.

España necesita que quienes tienen capacidad de influencia, conocimiento, capital y redes internacionales dejen de mirar hacia otro lado y asuman que estamos ante un cambio de régimen encubierto. Es su responsabilidad histórica —y también su propio interés económico— exigir una rectificación contundente del rumbo político e institucional del país. No basta con lamentos en privado, ni con diagnósticos discretos en foros cerrados. Hay que dar la cara. Hay que tomar posición. Hay que advertir del riesgo sistémico en el que ya estamos inmersos.

Llegados a este punto, resulta evidente que España no saldrá del atolladero únicamente con un cambio electoral ni con un relevo administrativo. Hace falta algo más profundo: una reconstrucción nacional basada en un consenso distinto, asentado sobre la defensa inequívoca de las instituciones, de la libertad económica, de la propiedad privada, de la separación de poderes, de la educación de calidad y del mérito, de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho como pilar civilizatorio. Sin ese armazón, cualquier solución será efímera y cualquier alternancia quedará reducida a un simple paréntesis entre dos olas de intervencionismo.

Para que esa reconstrucción sea posible, es imprescindible la articulación de un bloque intelectual, social y económico capaz de disputar la hegemonía moral y cultural que la izquierda ha consolidado durante décadas. Un bloque que no tema decir lo obvio, que no renuncie a las ideas que dan prosperidad a las naciones, que no se avergüence de defender la libertad frente al colectivismo, la ley frente al caudillismo de partido y la responsabilidad frente al infantilismo político.

Ese bloque no puede aparecer sin que el Partido Popular asuma sus responsabilidades históricas. El PP debe abandonar de una vez por todas sus complejos, sus inhibiciones, su obsesión por agradar a quienes nunca lo respetarán y su miedo crónico a plantear una alternativa real. Solo así podrá desempeñar el papel que le corresponde en una democracia madura: liderar, no administrar; reformar, no gestionar inercias; confrontar intelectualmente, no pedir permiso; proponer un país distinto, no limitarse a ser un freno de emergencia mal ajustado.

De lo contrario, seguirá siendo un actor secundario en una obra escrita por otros, un partido condenado a reaccionar mientras el sanchismo continúa alterando la estructura misma del Estado. España no puede permitirse esa deriva. Ni sus ciudadanos, ni sus empresas, ni sus instituciones, ni su futuro como nación cohesionada y próspera.

Es hora de que quienes todavía creen en España como proyecto de libertad y modernidad, quienes saben que un país no se sostiene sin instituciones fuertes y quienes comprenden que la economía requiere reglas claras y no arbitrariedad, den un paso al frente. España ha superado crisis mayores, siempre que hubo una minoría lúcida, valiente y decisiva capaz de marcar el rumbo.

Hoy vuelve a ser necesario. Porque si la decadencia se organiza, la recuperación también debe organizarse. Y ese esfuerzo —intelectual, social, empresarial y político— no puede esperar más.