Detención de Nicolás Maduro: Francisco de Vitoria, el tiranicidio y el derecho a la legítima defensa…

La obra de Francisco de Vitoria, jurista y teólogo del siglo XVI, demuestra hoy una vigencia extraordinaria para analizar conflictos internacionales, la defensa de los pueblos frente a la tiranía y el uso legítimo de la fuerza. Sus reflexiones sobre tiranicidio, guerra justa y legítima defensa ofrecen un marco conceptual que permite comprender la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención del dictador Nicolás Maduro.

Para Vitoria, un gobernante que somete a su pueblo a la opresión, la violencia sistemática y la injusticia masiva pierde toda autoridad legítima. La tiranía extrema convierte al Estado en enemigo del bien común y en amenaza directa contra la vida, la libertad y la integridad de sus ciudadanos. Desde este punto de vista, la acción directa de terceros contra un tirano, incluso sin mandato internacional formal, puede ser moral y jurídicamente justificada, siempre que se respete el principio de proporcionalidad y se busque la restauración del orden y de la justicia.

La tiranía de Nicolás Maduro: un caso paradigmático

Venezuela bajo Maduro se ha transformado en un Estado despótico y criminal. La corrupción generalizada, la persecución política sistemática, el control de las instituciones, el narcoterrorismo y la destrucción económica y social son hechos documentados ampliamente por organizaciones internacionales, medios independientes y análisis técnicos. La acción del régimen no solo oprime a sus propios ciudadanos, sino que amenaza la estabilidad regional y constituye un riesgo concreto para la seguridad de otros pueblos.

En estas condiciones, la doctrina de legítima defensa de Vitoria adquiere plena vigencia. Un Estado o actor externo puede legítimamente intervenir cuando la tiranía extrema representa un peligro real, masivo e inminente, y cuando los métodos internos de corrección han sido sistemáticamente neutralizados por la represión, el colapso institucional o la complicidad interna.

La guerra justa y la defensa preventiva

Vitoria distingue entre la guerra defensiva y la ofensiva, pero reconoce la posibilidad de acción preventiva si se demuestra que la tiranía constituye un peligro cierto y continuado. La defensa no se limita a esperar pasivamente a que la opresión alcance un grado irreversible; al contrario, la intervención preventiva se justifica cuando la inacción equivaldría a un consentimiento moral ante el mal.

En este marco, la actuación de Donald Trump contra Maduro puede entenderse como legítima defensa preventiva: no se trata de una agresión arbitraria, sino de neutralizar un régimen que ha convertido a Venezuela en un centro de narcoterrorismo, represión y corrupción masiva, y que amenaza la paz y la seguridad de sus propios ciudadanos y de la región.

La legítima defensa frente a la tiranía

La doctrina de legítima defensa, combinada con el análisis de tiranicidio, plantea criterios claros:

1. Existencia de un daño grave y continuo: Maduro somete a su pueblo a hambre, persecución política y represión sistemática.
2. Ineficacia de los mecanismos internos: la justicia, la oposición y las instituciones están neutralizadas o cooptadas.
3. Necesidad de acción proporcional: la intervención debe apuntar a desmantelar la estructura tiránica, no a la destrucción indiscriminada.
4. Orientación al bien común: la acción busca restablecer derechos fundamentales, libertad y seguridad para los ciudadanos oprimidos.

Bajo estos criterios, la intervención externa dirigida a detener a Maduro no solo es jurídicamente defendible, sino moralmente imperativa.

Conclusión

Francisco de Vitoria permanece plenamente vigente. Su reflexión sobre tiranicidio, guerra justa y legítima defensa proporciona un marco sólido para justificar acciones contra regímenes opresivos que han destruido el orden institucional y los derechos fundamentales. La intervención de Estados Unidos frente a Nicolás Maduro es, en este sentido, un ejemplo contemporáneo de cómo la teoría clásica del derecho y la moral pueden orientar decisiones políticas y estratégicas.

No se trata de cuestionar la soberanía de un Estado en abstracto, sino de reconocer que la tiranía extrema rompe los lazos de legitimidad y coloca a quienes la ejercen fuera del derecho moral y político. Defender a los pueblos oprimidos no es opcional: es un deber de justicia, de razón y de prudencia, como ya enseñó Vitoria hace más de cinco siglos.