A propósito del discurso de Don Felipe VI con motivo de la Pascua Militar: compromisos militares, sumisión exterior y soberanía degradada

Este 6 de enero, Don Felipe VI ha pronunciado su tradicional discurso con motivo de la Pascua Militar, acto que conmemora la toma de Baleares en 1782 tras 75 años de dominio británico. Cumpliendo la rotación habitual, el Rey se ha presentado con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, acompañado por su hija, la Princesa Leonor, quien continúa su formación militar. La cúpula militar ha recibido su alocución con atención, mientras que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por primera vez desde la muerte del General Franco, ha faltado al acto alegando compromisos internacionales relacionados con Ucrania.
El Rey ha reiterado su mensaje de reconocimiento y orgullo hacia las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como hacia el CNI y todo el personal civil vinculado a la defensa, destacando su actuación tanto en territorio nacional —incendios, catástrofes naturales, DANA de 2024— como en misiones internacionales. En su discurso, Felipe VI subrayó la importancia de cumplir los compromisos de España con la OTAN, incluidos los relativos a la industria militar, para garantizar cohesión, robustez y disuasión creíble ante los crecientes desafíos internacionales.

Sin embargo, conviene poner en perspectiva estas palabras: España mantiene más de veinte misiones internacionales de carácter militar, muchas de ellas opacas y de dudosa utilidad estratégica directa para la defensa del país. Estas operaciones cuestan aproximadamente 3.200 millones de euros en 2024 y han provocado, desde 2018, al menos 42 muertos, más de 180 heridos y mutilados entre el personal militar desplegado. Entre los escenarios destacan Afganistán, Irak, Mali, Líbano, el Golfo de Adén y África Subsahariana, así como operaciones de lucha contra la piratería en el Índico. Se trata de conflictos en los que España no tiene intereses vitales inmediatos, mientras sus fronteras directas quedan vulnerables y el gasto interno en defensa nacional sigue siendo objeto de recortes y limitaciones presupuestarias.

El problema se agrava si se analiza la relación de España con Marruecos, nuestro principal enemigo, que ejerce chantaje permanente mediante la migración irregular y presiones diplomáticas. Entre 2019 y 2023, Marruecos recibió 205,8 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo; a esta cifra se suman créditos y préstamos respaldados por el Estado español por más de 1.000 millones de euros, subvenciones directas a programas fronterizos, cooperación tecnológica y proyectos mixtos con empresas españolas. Entre ellos destacan:

• 750 millones de euros en 2025 para la compra de 40 trenes interurbanos fabricados por CAF.
• 800 millones en 2023 destinados a proyectos de inversión en energía, agua, transporte, logística e industria agroalimentaria.
• 250 millones en 2024 para la construcción de una planta desalinizadora en Marruecos.
• Subvenciones directas de 85 millones en 2025 para programas sociales, sostenibilidad, igualdad y control de fronteras.

A esto se suman los recursos destinados a cooperación tecnológica y acuerdos bilaterales sectoriales, que movilizan fondos públicos con frecuencia opacos y difícilmente verificables, pero que incrementan la dependencia financiera y política de Marruecos hacia España. Aunque no hay registro oficial de condonaciones de deuda con fines migratorios, se constata un patrón: el Gobierno español cede ante presiones externas, otorgando recursos significativos que calman temporalmente a Marruecos, mientras sus amenazas sobre Ceuta, Melilla, Canarias y el Estrecho permanecen latentes. Los programas de cooperación fronteriza y seguridad, con un coste acumulado aproximado de 164 millones desde 2018, son un ejemplo de este mecanismo indirecto de sumisión.

El gobierno de Sánchez, en su constante manipulación informativa, ha tergiversado, blanqueado y ocultado la verdadera magnitud de estas transferencias y la relación real de España con Marruecos. Bajo la fachada de cooperación y desarrollo, se oculta un gasto público destinado a garantizar la complacencia de un país que no es aliado sino enemigo, cuyo chantaje migratorio es ejercido de manera sistemática, mientras nuestras fronteras quedan desprotegidas y nuestras Fuerzas Armadas se despliegan en conflictos lejanos que no nos competen.

El elefante en la sala: Pegasus, Marruecos y la sumisión política del Gobierno español

Hay, sin embargo, un elemento que atraviesa como un hilo oscuro toda la relación entre España y Marruecos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que ningún discurso solemne de Pascua Militar puede borrar: el caso Pegasus. En 2022, el propio Gobierno español reconoció oficialmente que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido infectados por el software de espionaje Pegasus, una herramienta de origen israelí utilizada exclusivamente por servicios de inteligencia estatales. Este hecho no es una conjetura, sino una admisión formal del Ejecutivo.

Lo que no ha sido esclarecido —y ahí comienza el problema político de primer orden— es quién realizó ese espionaje, qué información fue obtenida y por qué nunca se ha depurado responsabilidad alguna, ni política ni penal. Diversos informes periodísticos y análisis de expertos en inteligencia han señalado reiteradamente al servicio secreto del Reino de Marruecos como principal sospechoso, dado su historial probado de uso de Pegasus contra periodistas, activistas, políticos y gobiernos extranjeros, así como su interés estratégico directo sobre España. No existe, a día de hoy, sentencia judicial que lo certifique; pero tampoco existe una investigación transparente que lo descarte.

En este contexto, resulta imposible no formular la pregunta que el Gobierno se niega a responder:
¿qué información obtuvo Marruecos de los dispositivos del presidente del Gobierno, de miembros de su Ejecutivo o de altos funcionarios del Estado? ¿Conversaciones privadas? ¿Estrategias políticas? ¿Datos personales comprometedores? ¿Información sensible sobre decisiones de Estado? El silencio oficial, la ausencia de explicaciones convincentes y la rapidez con la que el asunto fue enterrado mediáticamente no despejan dudas: las multiplican.

Este interrogante adquiere una gravedad extrema cuando se conecta con un hecho político incontrovertible: la cesión de facto de la posición histórica española sobre el Sáhara Occidental, comunicada en 2022 mediante una simple carta al rey Mohamed VI, sin consulta a las Cortes Generales, sin debate parlamentario y sin someter la decisión a la soberanía popular. Una decisión de tal calibre, que afecta a la legalidad internacional, a compromisos históricos de España y a su propia política exterior, fue adoptada de manera unilateral y opaca, rompiendo consensos de décadas.

Aquí la pregunta deja de ser retórica y pasa a ser política en sentido estricto:

¿actuó el presidente del Gobierno bajo presión?
¿Influyó el conocimiento de material comprometedor obtenido mediante espionaje ilegal en una decisión que vulnera los principios básicos del control democrático?
¿Está España gobernada por un Ejecutivo libre o por un Ejecutivo condicionado?

Que Marruecos disponga de herramientas de chantaje no es una hipótesis extravagante: es una práctica documentada en su acción exterior. Que el Gobierno español haya mostrado una docilidad extrema y continuada frente a Rabat —financiera, diplomática, migratoria y territorial— no es discutible. Lo discutible, y lo intolerable en una democracia, es que no se investigue ni se explique.

Y queda aún una última incógnita, aún más inquietante: Israel. Pegasus es un producto cuya exportación está controlada por el Estado israelí. El Mossad conoce, necesariamente, quién utiliza el software, contra quién y con qué fines. Si Marruecos espió al presidente del Gobierno español, esa información no es solo marroquí.

La pregunta, incómoda pero inevitable, es esta:

¿qué sabe Israel? ¿Qué sabe el Mossad? ¿Y por qué guarda silencio?
¿Se trata de información que, de hacerse pública, haría caer no solo a un Gobierno, sino a un entramado entero de responsabilidades políticas, diplomáticas y personales?

Nada de esto puede afirmarse como hecho probado. Pero todo ello puede —y debe— plantearse como cuestión política legítima, porque el comportamiento del Ejecutivo español, su sumisión sistemática a Marruecos, su opacidad radical y su desprecio por el control parlamentario no tienen explicación razonable sin introducir la hipótesis de la coerción.

En ese marco, el discurso de Don Felipe VI en la Pascua Militar —con su apelación al deber, a la lealtad constitucional y a la defensa del Estado— suena dramáticamente desfasado. Porque no hay defensa posible cuando el poder civil está potencialmente comprometido, cuando las decisiones estratégicas se toman en la sombra y cuando el principal enemigo exterior dispone, quizá, de información que condiciona al presidente del Gobierno de España.

Sobre responsabilidad constitucional

Según el artículo 99 de la Constitución Española, el presidente del Gobierno es responsable ante el Congreso por sus actos políticos y de gobierno. La cesión unilateral de competencias históricas sobre el Sáhara Occidental, sin debate parlamentario ni control ciudadano, plantea serias dudas sobre vulneración de los principios de soberanía nacional y control democrático. Además, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Seguridad Nacional obligan al Ejecutivo a proteger información sensible; cualquier filtración o cesión de datos estratégicos por presión externa, real o potencial, podría configurar incumplimiento grave de la ley y de la Constitución.
España se enfrenta hoy una tormenta perfecta de riesgos estratégicos, económicos y constitucionales:

• Sacrificio humano y financiero en misiones internacionales de dudosa utilidad.
• Transferencias multimillonarias hacia nuestro principal enemigo, Marruecos, bajo chantaje migratorio.
• Posible coacción política derivada del espionaje Pegasus, con implicaciones desconocidas sobre la soberanía del Estado y la toma de decisiones del Ejecutivo.
• Un silencio sistemático del Gobierno, que oculta cifras, riesgos y compromisos reales a la ciudadanía.

En este escenario, la solemnidad de la Pascua Militar y las palabras de Don Felipe VI sobre deber, lealtad y cohesión adquieren un matiz profundamente irónico y dramático: España presume de aliados, misiones y compromisos internacionales mientras sus fronteras, su soberanía y su política exterior están condicionadas por chantajes, opacidad y sumisión de facto. La población española merece, con urgencia, información veraz, transparencia y rendición de cuentas, antes de que los sacrificios de soldados, recursos y soberanía sigan acumulándose bajo el manto de discursos solemnes y compromisos nunca consultados con el pueblo.

Misiones militares en el exterior: coste económico, víctimas y utilidad estratégica real (2018–2025)
España mantiene, de forma continuada, más de veinte operaciones militares en el exterior, bajo paraguas OTAN, UE o coaliciones ad hoc. El discurso oficial insiste en la “seguridad compartida”, pero no existe correlación directa demostrable entre estas misiones y la defensa efectiva del territorio nacional español.

Coste económico aproximado por año

*Estimación basada en compromisos anunciados.

Total acumulado aproximado (2018–2025): más de 16.000 millones de euros
Víctimas españolas en misiones exteriores (2018–2024)

No existe registro público detallado, lo cual ya constituye un problema de transparencia democrática.
Observación estratégica clave
Mientras España:

• Protege rutas comerciales en el Índico
• Estabiliza zonas del Sahel que vuelven a caer en manos yihadistas
• Refuerza fronteras de terceros países

Sus propias fronteras sur (Ceuta, Melilla, Canarias, Estrecho) quedan expuestas al chantaje migratorio marroquí, sin respuesta disuasoria proporcional.

Transferencias económicas a Marruecos: ayudas directas, créditos, subvenciones y mecanismos opacos
La relación España–Marruecos no es de alianza, sino de dependencia asimétrica inducida por chantaje. Bajo la etiqueta de “cooperación”, España ha transferido miles de millones de euros al Reino alauí.

Transferencias económicas documentadas (2019–2025)

Total identificado: más de 3.250 millones de euros
Y esto sin contar:

• Programas bilaterales menores
• Contratos triangulados
• Cooperación técnica y digital
• Apoyo indirecto vía UE

“Otras formas de transferencia”

Aunque no haya constancia formal de condonación de deuda, existen mecanismos funcionalmente equivalentes:

1. Créditos blandos con riesgo asumido por el contribuyente español
2. Subvenciones encubiertas bajo cooperación técnica
3. Inversiones inducidas políticamente (empresas españolas empujadas a Marruecos)
4. Pagos por control migratorio, tras cada crisis inducida
5. Silencio político ante agresiones diplomáticas y territoriales

En términos económicos y políticos, es una transferencia estructural de recursos a cambio de “calma” temporal.

Análisis comparativo: gasto exterior vs defensa nacional y soberanía real

Aquí se revela el núcleo del problema.

Comparación anual aproximada (2024)

España gasta más en proteger intereses ajenos y apaciguar a un enemigo que en defender su propia soberanía.

Soberanía condicionada y democracia degradada

Integrando todos los elementos acumulados —misiones exteriores, transferencias económicas, chantaje migratorio, cesión del Sáhara y el caso Pegasus— el diagnóstico es inequívoco:

1. Marruecos no es socio estratégico, sino enemigo estratégico activo.
2. El Gobierno español actúa de forma reiterada en beneficio de Rabat, contra los intereses nacionales.
3. La opacidad sistemática del Ejecutivo refuerza la hipótesis de coacción política.
4. La infección confirmada de teléfonos oficiales con Pegasus no fue aclarada, investigada ni depurada.
5. La cesión del Sáhara Occidental rompe la legalidad, el consenso y la soberanía popular.

No se afirma como hecho probado que:

Marruecos chantajee directamente al presidente del Gobierno con material obtenido por espionaje.

Pero sí se afirma con plena legitimidad política y jurídica que:

El comportamiento del Ejecutivo es coherente con un escenario de presión, condicionamiento o temor a revelaciones.

Y eso, en una democracia, es intolerable.

Conclusión final

España no está ante un problema diplomático, sino ante una crisis de soberanía y de control democrático del poder. Mientras se multiplican discursos solemnes, actos militares y compromisos internacionales, la política exterior real se decide en la sombra, bajo chantaje migratorio, financiero y —posiblemente— informativo.

La pregunta ya no es si España gasta demasiado fuera.

La pregunta es quién decide realmente, bajo qué condiciones y al servicio de qué intereses.