España, un país anómalo: cuando lo aberrante gobierna y lo anormal se vuelve normal

España ya no es un país con anomalías. España es, en sí misma, un país anómalo, y no en sentido metafórico, sino en el sentido literal, académico y exhaustivo que recoge la Real Academia Española: un país que se aparta de la norma, irregular, extraño, anormal, insólito, aberrante, raro, singular, deforme y caprichoso. La tragedia es que ya no destaca un matiz sobre los demás: los encarna todos simultáneamente.

Porque no es normal —no lo ha sido jamás en una democracia liberal mínimamente seria— que gobierne un grupo político que no ganó las elecciones, que llegó al poder mediante una aritmética parlamentaria de laboratorio, y que fue propuesto por el jefe del Estado para formar gobierno a pesar de haber advertido explícita y reiteradamente cuáles eran sus intenciones. Aquí conviene subrayarlo: si de algo no pecan quienes malgobiernan España es de falta de sinceridad. Han sido obscenamente claros. Lo fueron antes, durante y después. Lo mismo que sus aliados, abiertamente antiespañoles y orgullosamente confesos. No engañaron a nadie: simplemente comprobaron que podían hacerlo todo… sin consecuencias.

Esto no es ya una anomalía puntual; es una aberración estructural. Una deformidad institucional en la que un conglomerado político —cada vez más parecido a una organización mafiosa que a un gobierno— actúa como si el Estado fuera botín, el presupuesto una caja opaca y el Parlamento un decorado. Un poder que no gobierna: desgobierna. Que no administra: depreda. Que no rinde cuentas: desprecia.

Y aquí la anomalía alcanza cotas casi grotescas: este gobierno ni siquiera cumple con sus obligaciones constitucionales básicas. No presenta un proyecto de gobierno con objetivos claros a corto, medio y largo plazo. No somete a debate unos Presupuestos Generales del Estado que detallen con rigor en qué se va a emplear el dinero de los contribuyentes (transcurridos tres años largos desde el comienzo de la legislatura…). No planifica, no explica, no justifica. Gobierna por inercia, por decreto, por excepción permanente. Eso no es singularidad creativa: es anormalidad patológica.

Lo más grave, sin embargo, no es la incompetencia —que es evidente— sino la intención. No tienen la menor voluntad de rendir cuentas, ni al Congreso de los Diputados ni al pueblo español. Han sustituido la responsabilidad política por el eufemismo, la fiscalización por el relato y la democracia por una coreografía de palabras huecas. “Cesar”, “revisar”, “reorientar”, “eventos desafortunados”. El diccionario convertido en cómplice. La semántica como coartada moral.

En este contexto, preguntar “¿cuándo dimitirá X?” no es ingenuo: es estúpido. Dimitir es renunciar voluntariamente, y en un país tan irregular, tan raro, tan caprichoso, nadie renuncia a nada. Aquí se atrinchera uno en el cargo como un okupa institucional. Aquí no se dimite: se resiste. No se gobierna: se aguanta. No se asumen responsabilidades: se diluyen en eufemismos.

– Cuando yo uso una palabra – dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón – significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.
– El problema es – dijo Alicia – si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
– El problema es – dijo Humpty-Dumpty – saber quién es el que manda. Eso es todo.
Alicia a través del espejo – Lewis Carroll

El resultado es un país insólito, donde la negligencia criminal —como la que desemboca en tragedias perfectamente evitables— se disfraza de fatalidad, y donde ministros como Óscar Puente no solo no se marchan, sino que se blindan verbalmente, convencidos de que el lenguaje puede borrar la realidad. No se van. No se irán. A ellos, como a su jefe, habrá que sacarlos con aguafuerte, porque la dimisión no forma parte del ecosistema político de esta España deformada.

España es hoy un país singular, sí, pero en el peor sentido posible: singular porque hace de lo aberrante una rutina; raro porque normaliza lo intolerable; caprichoso porque todo depende de voluntades arbitrarias; deforme porque sus instituciones ya no cumplen la función para la que fueron creadas. Un país donde la anomalía no es una excepción, sino el régimen mismo.

Y mientras tanto, los ciudadanos asisten al espectáculo con una mezcla de indignación y cansancio, preguntándose cuándo empezó todo esto. La respuesta es incómoda: cuando aceptamos que las palabras sustituyeran a los hechos. Cuando toleramos que no gobernar fuera una forma de gobernar. Cuando consentimos que no rendir cuentas fuera presentado como normalidad democrática.

Bienvenidos a la España anómala. Donde nada es accidental, nada es provisional y nada es inocente. Donde dimitir es ciencia ficción, gobernar es una farsa y rendir cuentas… un concepto extinguido.