En el reino de Igual-da todos somos iguales.
Iguales ante la ley, iguales ante Hacienda, iguales ante el juez…
Bueno, todos no. Algunos —pocos, muy pocos— son más iguales que los demás.
No es una frase original. Orwell la dejó escrita para que no tuviéramos que fingir sorpresa. Y, sin embargo, aquí estamos: sorprendidos, escandalizados y, lo que es peor, resignados.
La pregunta flota en el aire con la pesadez de un olor rancio:
¿por qué no han detenido a Begoña?
No hablamos de culpabilidades —eso le corresponde a los jueces—, sino de trato. De procedimientos. De igualdad formal ante la ley. Porque cuando una persona acumula imputaciones, se niega a declarar, rechaza entregar su pasaporte y obliga a que la policía se persone en la sede del poder ejecutivo para intentar cumplir una orden judicial… lo normal, en una democracia homologable, es que el sistema reaccione. Aquí no reacciona. Aquí bosteza.
A cualquier ciudadano con nómina, hipoteca y miedo a fin de mes, ese comportamiento le habría costado una detención preventiva o, como mínimo, una visita poco amable al calabozo. Pero en Igual-da no todos vivimos en el mismo código postal jurídico.
Y surge entonces la pregunta incómoda, la que nadie quiere formular en voz alta porque suena fea, porque huele mal:
¿tienen un estatus especial las personas que han trabajado en determinadas saunas “llevando los números”?
¿Existe una categoría profesional que, además de cotizar, blinda?
Quizá no sea eso. Quizá sea simplemente que es la esposa del presidente del Gobierno. Una nimiedad. Un detalle sin importancia en un Estado que presume de separación de poderes mientras los mezcla en la coctelera y los sirve con hielo mediático.
Cuando estalló el caso, el presidente habló de “máxima colaboración con la justicia”. Una frase hermosa, redonda, perfecta para enmarcar. Lástima que, traducida al castellano real, parezca significar: colaboraremos lo justo para que no pase nada.
Porque colaborar no es esconder el pasaporte.
Colaborar no es burlarse del juez.
Colaborar no es tensar la cuerda hasta ver si se rompe… o si se rompe el juez.
Y el juez Peinado, conviene recordarlo, no es precisamente conocido por arrugarse ante las miradas torcidas del poder. De ahí el nerviosismo. De ahí el silencio espeso. De ahí el runrún eterno sobre cajones cerrados, cintas olvidadas y nombres que nadie quiere pronunciar en alto. Villarejo, por ejemplo. Ese comodín del miedo que todos niegan conocer pero que todos temen que hable.
Algo huele a podrido, sí. No en Dinamarca, sino bastante más cerca. Porque cuando la justicia parece avanzar más despacio cuanto más cerca está del poder, el problema ya no es un caso concreto: es el sistema.
Y este caso no es una excepción, sino un síntoma. Uno más en un rosario interminable de preguntas sin respuesta:
- ¿Por qué hay ministros que no dimiten pase lo que pase?
- ¿Por qué los errores millonarios nunca tienen responsables?
- ¿Por qué se toman decisiones estructurales sin debate parlamentario?
- ¿Por qué crecen ciertas opciones políticas mientras los partidos tradicionales miran al techo?
La respuesta es tan simple como devastadora:
porque pueden.
- Porque Sánchez quiere y nadie se lo impide.
- Porque la oposición administra turnos, no conflictos.
- Porque la calle protesta lo justo para desahogarse y vuelve a casa antes de que empiece el telediario.
- Porque en Igual-da la indignación se ha vuelto doméstica, silenciosa, casi educada.
Y así seguimos: más iguales que nunca, pero cada vez más distintos.
Con una ley que cae como martillo sobre el débil y se convierte en gomaespuma cuando apunta hacia arriba.
Democráticamente, dicen. Claro que sí.
Pero sin pausa, sin miedo y sin aceptar que haya ciudadanos de primera y súbditos de tercera.
Porque si en Igual-da algunos son más iguales que otros, entonces no vivimos en una democracia:
vivimos en una parodia.
Y las parodias, cuando duran demasiado, dejan de hacer gracia.
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