Juan Pérez de Mungía: «El laberinto funebre de Sánchez»

El accidente ferroviario de Adamuz el 18 de enero de 2026, con 46 fallecidos y 152 heridos, no fue un mero fallo técnico aislado, como sugiere el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apunta a una fractura en una soldadura entre un raíl nuevo (2023) y uno antiguo (1989). Más bien, revela un patrón deliberado de mendacidad gubernamental, donde el Estado se trata como un mercado persa de la que se aprovechan cuantos rodean al poder sanchista desde su mismo centro, el eje sobre el que pivota el enriquecimiento de una élite corrupta que se hace pasar como un declarado defensor de lo público.

Un somero análisis demuestra cómo el Gobierno, bajo Pedro Sánchez y el PSOE, ha dilapidado recursos públicos en asignaciones ideológicas estériles, priorizado comisiones, mordidas en el argot popular, sobre seguridad, destruyendo la propaganda de un Estado de Bienestar abocado al fracaso, un Estado fallido que malversa fondos europeos con el silencio cómplice del Partido Popular, y facilita el lavado de capitales. Un sistema jerarquizado, una mafia instrumental, una organización criminal, que se extiende por doquier expulsando la innovación, y la competencia, promoviendo la corrupción y premiándola con el recurso siciliano y napolitano, con la política del silencio, la omertá. Ofreciendo ruido a través de sus agentes mediáticos. Esta trama mafiosa se beneficia de la expectativa de buena fe del ciudadano, configurando un sistema de «toma y daca» que incluso cuenta con el aval implícito de la monarquía, como se infiere de la impunidad en casos vinculados al poder. Un asistente enmedallado de lágrima fácil, digno heredero de su madre, la reina de la cebolla. De qué nos sirven las lágrimas de quien abdica de sus competencias como un protector último del Estado frente a la canalla socialista, con qué clase de cuentos es bendecida esta mafia corrupta por una prelatura canónica.

En un artículo anterior ya denunciamos estas deficiencias técnicas en el mantenimiento de las vías, como discrepancias normativas en soldaduras heterogéneas (kit de menor grado usado pese a pliego que exigía mayor, generando fragilidad por diferencias en dureza Brinell: 260 vs. 350-390). Estas deficiencias han resultado agravadas por los recortes presupuestarios durante la etapa de Isabel Pardo de Vera (2018-2021), presidenta de ADIF imputada en el caso Koldo por malversación. En 2020, ADIF recortó 95,1 millones de euros en mantenimiento (de 499 a 457,7 millones), priorizando «servicios exteriores» en adjudicaciones irregulares vinculadas a comisiones, como revela la UCO en correos del caso Koldo. Estos recortes ignoraron el aumento del 77% en el tráfico del AVE desde 2019, acumulando 272 incidencias en el corredor Madrid-Andalucía desde 2018, el mayor de España, pese a su menor tráfico.

Esta mendacidad se evidencia en el rechazo de sistemas económicos de seguridad. ADIF desechó en 2022 la propuesta de Next Generation Rail Technologies (NGRT), una pyme malagueña, por ser «demasiado barata» (30,45% por debajo del presupuesto de 604.919 euros). El sistema, basado en sensores acústicos que detectan roturas de raíl en tiempo real hasta 10 km, se probó gratis en Málaga y se usa en India, Canadá, EE.UU., Egipto y Arabia Saudí, previniendo potencialmente accidentes como Adamuz. ADIF lo descartó por «presunción de anormalidad», pese a su eficacia, sugiriendo adjudicaciones concertadas para inflar costes y cobrar comisiones, no por interés social. Como detalla el informe de ADIF, NGRT argumentó costos bajos por «plug and play» y nula subcontratación, pero fue ignorado, priorizando contratos caros que alimentan la trama.

La corrupción se extiende al mal uso de fondos europeos. Bruselas advirtió en 2023 que la línea AVE Madrid-Sevilla estaba obsoleta respecto al resto de la red, asignando 111 millones de euros de FEDER (en el marco de 801 millones en total) para su modernización. Se ignora su destino. Sin embargo, el Gobierno confirmó el 29 de enero de 2026 que no se sustituyeron traviesas en el tramo del accidente, pese a obras previas. Empresas involucradas (como AZVI-Ferrovial) están ligadas a tramas de corrupción, lo que motivó al PP a pedir una investigación europea sobre el desvío de fondos. Esto no es negligencia: es mendacidad; los recursos se dilapidan en propaganda (271 millones en 2026, o adjudicaciones ideológicas, pagos abiertos a oenegés, subvenciones a partidos y sindicatos, y residencia y alimento de agraciados inmigrantes.

El abandono general de infraestructuras confirma esta patrimonialización del Estado. Un estudio del estado de las Infraestructuras en España  revela que el mantenimiento ferroviario cayó de 738 millones en 2016 a 693 en 2026, pese a una red que creció de 2.900 a 4.000 km cuando se duplicaba el número de usuarios a 40 millones de pasajeros.

El Estado es una propiedad patrimonial de los criminales que gobiernan el Estado y que le abocan a su destrucción y a la destrucción de un pueblo exangüe. El Gobierno expulsa la innovación (como en el caso de NGRT), la competencia (con adjudicaciones concertadas), y honestidad (ignorando alertas CIAF, EU), beneficiándose de la confianza ciudadana en su «intrínseca bondad». Un gobierno constituido como una mafia, una «trama de farsantes y mangantes» donde Sánchez, como «campeón histórico», promete sin fundamento lo que en ningún caso querría cumplir, sostenido por una manada de crédulos que prefieren subsidios a reconocer el fracaso. Esta mafia ocupa instituciones para enriquecerse, con el aval de la monarquía que lava la impunidad en casos como Koldo o Plus Ultra, con ignorados vínculos con el poder real, convertido en un aval a una mafia corrupta solo por mantener la ficción de su familia. La lección: sin dar cuentas a nadie, sin que nadie se las reclame, el gobierno Sánchez siguen la doctrina, el corruptor persiste, convirtiendo tragedias como Adamuz en ganancias de enriquecimiento para unos pocos, como aquella misma salpicada en la trama de las mascarillas, enriquecerse con la miseria ajena, una trama que nada tiene que envidiar a los narcotraficantes y sicarios que viven de la muerte de sus consumidores de felicidad artificial y cobran por sus crímenes, pero que no pueden maquillarlos de buenos propósitos.