Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «Se buscan quince parlamentarios, quince»

Que, por favor, sean de afamada ganadería…

España se autodefine como una democracia plena, madura y consolidada.

La palabra “soberanía” se pronuncia con solemnidad casi litúrgica. El poder reside en el pueblo, nos repiten machaconamente, casi como un credo civil incuestionable.

Pero basta intentar promover una Ley Orgánica de Protección Integral del No Nacido para descubrir que la soberanía popular tiene perímetro, tiene candado y tiene guardias jurados. Y que por tanto es una soberanía popular “regulinchi”. Vamos, que de soberanía, “nasti de plasti”.

La arquitectura jurídica actual, no es un accidente. Es un diseño. Un diseño pulcro, elegante y aparentemente neutral que, sin embargo, actúa como muralla cuando el debate amenaza el consenso ideológico dominante. Se miran unos a otros inquisitivamente, con cara de susto, diciéndose silenciosamente, “a ver si nos van a j–er el chiringuito”.

La Iniciativa Legislativa Popular exige 500.000 firmas. Un esfuerzo colosal. Movilización nacional. Recursos humanos, económicos y logísticos. ¡No llenamos ni los cines, vamos a conseguir 500.000 firmas!. Bueno, me retracto. Si fuese por algo de fútbol, llegaríamos a varios millones en muy poco tiempo y el consenso estaría asegurado.

Pero, mira tú, no sirve para las Leyes Orgánicas. Justamente las que afectan a derechos fundamentales. Justamente donde está blindado el aborto. Un millón de ciudadanos no podría registrar una Ley Orgánica que protegiera al no nacido.

Una mayoría parlamentaria coyuntural sí puede consolidar su eliminación como derecho positivo. Esa es la paradoja estructural del sistema. No es falta de mecanismos. Es delimitación estratégica de los mecanismos. Se sacan de la chistera un pajarito y lo convierten en un pañuelo, o al revés, a ellos que más les da.

¿Hacemos un referéndum vinculante? No existe por iniciativa popular. Los “Papás de la Patria” ya lo tenían muy claro desde el principio. Solo consultivo “no futem” …y solo si el Ejecutivo quiere. Solo si la mayoría parlamentaria lo autoriza. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

El pueblo puede opinar cuando le pregunten. Y no le preguntan casi nunca y sólo cuando el resultado no les incomode a ellos (los que preguntan). No somos una democracia directa.  Somos una democracia delegada, filtrada, asténica y emaciada, vamos una piltrafa, menos una democracia.

¿Objeción de conciencia fiscal? Tampoco. Puede usted objetar como profesional sanitario si la ley lo permite y la ministra de turno no se cabrea. Pero no puede decidir que sus impuestos no financien aquello que considera moralmente inaceptable. Su conciencia individual, amigo, se termina en la ventanilla de Hacienda.

Si alguien intenta abrir una grieta institucional, aparece la expresión mágica: “inconstitucionalidad manifiesta”. Una fórmula suficientemente flexible como para cerrar cualquier puerta incómoda sin necesidad de debatir el fondo. ¡Paquevamosa discutir!, ¿No?.

La Mesa del Congreso inadmite, el Tribunal interpreta, el consenso se preserva y tú has tirado a la basura 500.000 firmas, tu dinero, tu tiempo y tu entusiasmo. Todo dentro de la legalidad. Todo formalmente impecable. Todo muy Versallesco. Aunque bastante asqueroso.

Aquí nadie es ingenuo. El aborto ha sido elevado a categoría de derecho incuestionable. No se discute, se administra. No se somete a referéndum, se protege como símbolo de modernidad y progreso. Han conseguido elevar al altar del progreso a la Eugenesia inventada por cuatro locos y un primo de Darwin. ¡Homérico!

La izquierda lo convirtió en emblema cultural, le da muchos votos y andan ahora escasitos. La derecha aprendió a no tocarlo demasiado, no sea que no les voten. Los centristas hablan de estabilidad, también por votos. Los pragmáticos recomiendan no abrir frentes, molesta demasiado y da gases después de comer.

El resultado es un consenso blindado. No por unanimidad social, sino por ingeniería institucional y la práctica, de ya algún siglo, de la Ovinotecnia del votante.

Claro, el no nacido no vota, no genera encuestas favorables, no financia campañas, no tiene voz en tertulias. El muy puñetero no dice nada. Y así le va…Además, su ausencia es políticamente rentable y muy recomendable para la salud política de cualquier aprendiz de dictador autoritario.

Sólo queda una vía real: quince diputados. Quince firmas que registren una proposición de Ley Orgánica. Quince voluntades dispuestas a asumir el desgaste mediático inmediato. Quince personas conscientes de que el señalamiento será automático. Quince que acepten que defender al que no vota no da rédito electoral. ¿Existirán esos quince? Francamente, entre Vds. y yo, y que no se entere nadie, por favor. NO CREO QUE EXISTAN. O que me llamen los quince y me bajen del burro…

Porque registrar esa ley no es un gesto simbólico. Es desafiar el relato cultural dominante. Es romper la inercia del consenso. Es aceptar que la maquinaria de descrédito se activará sin demora.

Mientras tanto, el sistema continúa funcionando con normalidad. Se celebran elecciones. Se aprueban presupuestos. Se publican leyes. El Boletín Oficial del Estado no descansa. La democracia formal está intacta. Pero el debate estructural sobre la protección del no nacido permanece encapsulado.

No es que no haya cauces. Es que los cauces están diseñados para no alterar el equilibrio cuando el equilibrio es ideológico. La soberanía popular existe, sí. Pero dentro de los márgenes previamente definidos.

Si el pueblo quiere decidir sobre cuestiones administrativas, puede hacerlo.  Si quiere pronunciarse sobre la arquitectura moral del sistema, encuentra límites. No es conspiración. Es cultura institucional consolidada. Y la cultura es más poderosa que cualquier artículo constitucional.

A las Asociaciones Próvida no dejan decir cosas, reunirnos, rezar por los no nacidos, hacer campañas, manifestaciones, fiestas, testimonios de personas que no abortaron, testimonios de personas que abortaron y ahora les duele, hacer plataformas, charlas, cursos, lo que sea, porque realmente, no podemos hacerles daño alguno, lo tienen completamente atado legalmente y solo un cambio de 180º en la cultura popular actual podría hacer algo. Y a lo mejor propiciar mayorías políticas que superasen los 15 y llegasen a la mitad +1, para “empezar” a “empezar”.

Sin cambio cultural, no habrá mayoría parlamentaria. Sin mayoría parlamentaria, no habrá ley orgánica. Sin ley orgánica, no habrá alteración normativa.

La batalla no es técnica. Es cultural. No es aritmética. Es narrativa. No es jurídica en esencia. Es antropológica. Mientras el aborto sea presentado como conquista incuestionable, cualquier intento de protección integral del no nacido será descrito como retroceso. Y ningún partido mayoritario se lanza voluntariamente a un retroceso simbólico
aunque sea justo y un avance jurídico.

Por eso el sistema no necesita prohibir explícitamente el debate. Le basta con dificultarlo hasta hacerlo políticamente inviable. Es más eficaz el disuasivo que la prohibición.

La pregunta incómoda no es si el sistema permite formalmente presentar una ley.  La pregunta es si el sistema tolera que prospere. Y la respuesta depende menos del reglamento que del clima cultural. Porque cuando el consenso cultural cambia, aparecen los quince. Cuando no cambia, no hay firmas suficientes ni argumentos técnicos que lo compensen. Nunca quince han sido tan necesarios.

La democracia no es sólo procedimiento. Es también voluntad colectiva. Y hoy la voluntad colectiva está mediada por décadas de construcción cultural que ha presentado la eliminación del no nacido como progreso inevitable. Cambiar eso no es cuestión de un artículo legal. Es cuestión de convicción social profunda. Ósea unos 25.000.000 de votantes que estén de acuerdo con la Ley o con un hipotético Referéndum. (Ya se, me he pasado, ¿pero qué quieren?)

Hasta entonces, el debate seguirá orbitando en la periferia. Habrá manifiestos. Habrá artículos. Habrá iniciativas simbólicas. Pero les importará un bledo porque su núcleo seguirá blindado. Y el silencio institucional continuará siendo una forma eficaz de legislación indirecta. Porque el silencio también construye normas. Y la omisión también consolida derecho.

Esa es la realidad estructural. No hay atajos jurídicos. No hay fórmula técnica que sustituya a la transformación cultural. Sin transformación cultural, el sistema seguirá operando con normalidad. Y el no nacido seguirá fuera del perímetro decisorio.

La soberanía seguirá proclamándose. Pero no tocará el dogma. Esa es la frontera real.

¡SE BUSCA A QUINCE QUE PUEDAN DESHACER ESTA ASQUEROSIDAD!