Antonio Sánchez-Cervera: «Vox y el sentido común»

En política, las palabras se gastan con facilidad. “Cambio”, “progreso”, “centralidad”, “moderación”. Todas han sido utilizadas frívolamente hasta la saciedad. Ahora Vox ha decidido apropiarse de otra expresión más elemental y, quizá por ello, más poderosa: el sentido común.

No en el sentido retórico que tanto gustaba invocar a Mariano Rajoy — el gestor que, con su moderación, en un momento decisivo, prefirió confiar en equilibrios parlamentarios desleales desde siempre antes que acudir a las urnas, abriendo así el camino a Pedro Sánchez—, sino en un significado más literal: salir a la calle y escuchar, más que hablar. Escuchar lo que preocupa, lo que angustia y lo que condiciona la vida cotidiana de millones de españoles.

Siguiendo las campañas de Vox en Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León, el partido ha optado por apartarse de la espuma mediática — esa cortina de humo hecha de polémicas artificiales, declaraciones extravagantes o debates exóticos — para centrarse en cuestiones tangibles. No se trata de hablar de Groenlandia o de Julio Iglesias para entretener tertulias, sino de confrontar con realismo los problemas que erosionan la estabilidad social.

El primero de ellos es la vivienda. Para jóvenes y personas de mediana edad, el acceso a una vivienda se ha convertido en el núcleo del agobio permanente. No es una cuestión ideológica, es una cuestión vital. Retrasa proyectos familiares, limita la movilidad laboral y genera una sensación de bloqueo generacional que ninguna campaña de comunicación puede disimular. Hablar de vivienda hoy es hablar de supervivencia económica.

A continuación, Vox sitúa el debate sobre inmigración y la presión que determinados flujos migratorios ejercen sobre los servicios públicos, el mercado laboral y la cohesión social. Es un asunto incómodo, pero ineludible. Ignorarlo no lo hace desaparecer. Gestionarlo exige combinar humanidad, legalidad y planificación. El sentido común, en este terreno, consiste en reconocer que los recursos son finitos y que la integración no puede improvisarse.

En tercer lugar, emerge la cuestión de las infraestructuras. Carreteras mal mantenidas, líneas ferroviarias que acumulan incidencias, presas y pantanos que requieren inversiones constantes. España no puede permitirse la decadencia silenciosa de su red vertebral. Las tragedias no suelen anunciarse; se incuban en el abandono.

Y, cómo no, la sanidad. Un sistema que fue orgullo colectivo y que hoy muestra signos evidentes de saturación. Listas de espera, falta de profesionales, desigualdades territoriales. Cuando Vox proclama “primero España”, pretende traducir ese lema en una prioridad presupuestaria: garantizar que los recursos públicos atiendan antes que nada a quienes sostienen el sistema.

Por último, está la aritmética política. Si el Partido Popular y Vox deben entenderse para dirigir España — eso es lo que una parte significativa del electorado viene señalando en distintas convocatorias —, la negociación debería centrarse en lo trascendental: vivienda, empleo, inmigración, infraestructuras, sanidad. Lo demás, lo obvio, no necesita de escritura alguna. La unidad nacional, el marco constitucional, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto institucional o la Jefatura del Estado no son moneda de cambio coyuntural, sino presupuestos básicos de los dos partidos que deben comprenderse. Decir o escribir otra cosa o ser objeto de sospecha, es insultar a la inteligencia del ciudadano español y demostrar mucha ligereza.